La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó hoy en su nuevo informe, que en Venezuela no existe independencia del poder judicial.
Por lapatilla.com
Debido a la falta de transparencia y de publicidad en cuanto a la designación de los jueces por la Comisión Judicial del TSJ, es imposible comprobar si el proceso seguido cumple los requisitos legales. En 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que dicho proceso de designación había generado una situación en la que menos del 25 por ciento de los jueces eran titulares.
Le preocupa que la inseguridad de que adolece la titularidad de los jueces los deje expuestos a la injerencia de sus superiores y de fuentes externas. La información de que dispone el ACNUDH refleja que los magistrados del TSJ tienen control sobre las decisiones de los tribunales inferiores en todo el país, sobre todo en el ámbito del derecho penal.
Las personas entrevistadas indicaron que, especialmente en los casos de relevancia política, los jueces aguardan recibir instrucciones de los magistrados del TSJ antes de tomar una decisión, por temor a ser despedidos o a sufrir otras represalias.
Según la información recibida por ACNUDH, el salario mensual de un juez gira en torno a 30 dólares de los Estados Unidos, lo cual incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos y a todos los niveles de la administración judicial.
La composición actual del TSJ fue consolidada en diciembre de 2015 con el nombramiento de 13 jueces por la Asamblea Nacional, que estaba dirigida por el partido gobernante, no obstante, su nueva composición acababa de ser renovada con la elección de una mayoría de parlamentarios de partidos de la oposición.
Según la información recibida, dicho proceso de nombramiento no respetó los plazos previstos por la ley, y los recursos legales presentados a posteriori en relación con las calificaciones de los candidatos no fueron resueltos.
Trece jueces del TSJ se vieron obligados a jubilarse anticipadamente para que fuera posible nombrar a nuevos magistrados; los cuales habían ocupado cargos en el poder ejecutivo o estaban registrados como miembros del partido en el poder. Según reportes la mayoría no cumplía con los requisitos mínimas establecidas por la Constitución para ser magistrados.
