La familia Orasma es de San Fernando de Apure, una exuberante metrópolis a orillas de un sinuoso río en Venezuela.
Durante muchos años, Ingrid y sus hijos disfrutaron de una sólida vida de clase media. Trabajó como maestra en una escuela primaria, se tiñó el pelo de rubio platino y se hacía las uñas. Su escuela solía tener restos de comida de la cafetería que donaba a familias pobres.
Las cosas empezaron a cambiar hace una década. El otrora lucrativo sector petrolero de Venezuela estaba colapsando. La corrupción y el crimen aumentaban. La abundancia que la familia alguna vez dio por sentada empezó a desaparecer. El salario de Ingrid ya no cubría sus necesidades básicas a medida que aumentaba la inflación. Empezaron a pasar hambre.
A principios de este año, Ingrid, de 47 años, decidió que solo había una opción: tratar de llegar a Estados Unidos y esperar que “Papá Biden” los dejara entrar.
En los últimos cuatro años, cientos de miles de venezolanos tomaron la misma decisión, y llegaron más a la frontera estadounidense que en cualquier otro momento desde que el gobierno socialista de Hugo Chávez asumió el poder en 1999. Al igual que Ingrid, muchos vieron cómo sus vidas se deterioraban aún más bajo el gobierno autocrático del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro.
Los funcionarios de inmigración estadounidenses permitieron que muchos venezolanos se quedaran mientras se juzgaban sus solicitudes de asilo en los tribunales. Más tarde, expulsaron a miles a México, al tiempo que ofrecieron nuevas vías legales para ingresar. Las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela significaron que enviar a la gente de regreso a casa casi nunca era una opción.
La hermana de Ingrid, Milagros, había hecho el viaje de aproximadamente 6.600 millas desde San Fernando de Apure hasta la ciudad de Nueva York dos años antes, e Ingrid pensó que ella y sus hijos también podrían hacerlo.
Ingrid les dijo a sus dos hijos más pequeños, Diego y Marvin, que se iban de aventuras. Diego, de 15 años, soñaba con jugar algún día en un equipo de baloncesto profesional. Marvin, de 10, estaba emocionado por aprender inglés. Un hijo mayor, que ya es adulto, los acompañó durante parte del viaje. Su hija, una estudiante universitaria, vive en Ecuador.
Mientras se preparaban para partir, Ingrid lloró al preguntarse si alguna vez volvería a abrazar a su madre o a su padre. Su barrio ya era una sombra de lo que era. Mucha gente había huido. La mayoría no regresó.
“Nadie quiere realmente abandonar su país”, dijo. “Pero cuando cruzas la salida, es porque no miras hacia atrás”.
Con los teléfonos móviles en la mano, Ingrid y Diego documentaron la mayor parte de su viaje de dos meses, compartiendo fragmentos con amigos y familiares que rastreaban ansiosamente su paradero. No sabían que intentarían ingresar al país en un momento en que las tensiones sobre la inmigración han ido en aumento. Los estadounidenses de todo el espectro político están cuestionando la necesidad de admitir a millones de personas como los Orasma y la capacidad de las comunidades locales para manejar la afluencia.
Incluso “Papa Biden” estaba a punto de cerrarles las puertas a muchos de ellos.
Hacia la jungla
En abril, la familia tomó un autobús hasta la frontera con Venezuela y cruzó a pie hasta Colombia. Continuaron hasta Necoclí, un pueblo costero enclavado a lo largo del golfo de Urabá en el mar Caribe. El agua es profunda y agitada. Los ahogamientos son frecuentes.
Ingrid pagó a los contrabandistas 750 dólares para que la transportaran a ella y a los niños a través del agua y del Tapón del Darién en Panamá. Estaban nerviosos, pero emocionados. Todos llevaban un chaleco salvavidas, lo que los hacía sentir un poco más seguros.
Para cruzar el Tapón del Darién, Ingrid y sus hijos tendrían que atravesar uno de los terrenos más densos y peligrosos del planeta. Insectos portadores de enfermedades, fauna venenosa y animales como jaguares y anacondas acechan por todas partes.
Los contrabandistas le dijeron a la familia que escondiera todo lo que tuviera valor. Ingrid ocultó el dinero que le quedaba (unos cuantos billetes de 5 y 10 dólares) en pequeños bolsillos que había cosido en el interior de su ropa. Metió 200 dólares en sus botas.
Durante dos días y medio estuvieron en la jungla, desconectados del mundo exterior.
Se levantaban cada día alrededor de las 5:30 a. m. y caminaban hasta las 6 p. m. para evitar viajar de noche. Las largas jornadas de pie eran agotadoras. Algunos de los migrantes que viajaban junto a ellos tuvieron que detenerse por agotamiento. Los hijos de Ingrid también querían descansar, pero ella reunió fuerzas para impulsarlos.
Subir y bajar por los traicioneros acantilados daba miedo. A menudo, Ingrid se sentaba sobre su trasero y se deslizaba lentamente, temerosa de tropezar y caer.
Por la noche, Ingrid se sentía consumida por otros nuevos temores. Le preocupaba que un río cercano creciera y se los llevara mientras dormían.
Cuando llegaron a las canoas que los llevarían a Bajo Chiquito, un pueblo selvático panameño donde vive el pueblo Emberá-Wounaan, Ingrid, exhausta, cayó de rodillas, abrazó a sus hijos y lloró. Marvin se jactó más tarde de lo rápido que había escalado las montañas.
“Pasamos 20 minutos rezando, agradeciendo a Dios por haberlo logrado”, dijo Ingrid. “Fue abrumador porque esperábamos que nos sucediera lo peor”.
Ingrid, Diego y Marvin cruzaron el resto de Centroamérica con sorprendente facilidad. Atravesaron países enteros en uno o dos días en autobús. Pero también fueron testigos de un nivel de pobreza que los dejó horrorizados.
Cuando llegaron a la frontera de Guatemala con México, los matones callejeros les exigieron 15 quetzales (el equivalente a unos 2 dólares) para que cada uno cruzara el lodoso río Suchiate en una balsa. Ingrid sintió que no tenía otra opción que pagar.
Ya casi era mayo. Creían que habían sobrevivido a la parte más peligrosa del viaje, pero estaban a punto de embarcarse en la más desalentadora.
SIGA LEYENDO MÁS EN The Washington Post
