Las trochas entre Venezuela y Colombia se han convertido en el escenario de muchas muertes violentas, en su mayoría de venezolanos que se encuentran con alguno de los grupos armados que controlan esa zona.
Muchas veces estas personas son asesinadas en Venezuela y sus cuerpos arrastrados a territorio colombiano para que alguien los recoja. Pueden pasar varias horas en el suelo antes de que la policía llegue, cuando llega.
De estos cuerpos se ocupa Edwin López, dueño de la funeraria San Martín en Cúcuta, que ha realizado esta labor durante más de 20 años. Aunque busca vender a los familiares el servicio funerario de los fallecidos, rara vez su labor es remunerada.
“Uno va, primero, por hacer el acto humanitario. Segundo, detrás de localizar a la familia y poder venderles el servicio funerario. La mayoría de veces se pierde la ida, pero uno cumple con el deber humano de recoger esos cuerpos”, dice López a Infobae.
Víctimas de la violencia
“Son personas que pasan por lugares irregulares, ingresan a trochas, cometen algún error y los grupos al margen de la ley los sicarean, los matan. Eso está pasando desde que cerraron la frontera, pero se ha agudizado del 2018 para acá por la guerra entre bandas”, agregó.
López acude al lugar cuando le avisan de un cuerpo, el cual muchas veces está en zonas de difícil acceso. Allí recogen al muerto, lo envuelven en bolsas, toman fotos y hacen una localización por GPS que anotan en la cinta con la marca el cadáver. Luego lo montan a la carroza, lo llevan a Cúcuta y se lo entregan a Medicina Legal.
En la mayoría de casos López no vuelve a saber de los cuerpos.
El número de cadáveres que recoge al mes varía según los ritmos de la violencia entre los grupos armados. En abril, dice, recogió 11. Otros meses la violencia recrudece y caen más. “En febrero hubo una masacre, se recogieron unos 20 muertos. Uno o dos por día. Una vez mataron a ocho al mismo tiempo, no se sabe por qué. Uno lo único que hace es llegar, recogerlo y llevarlo al lugar de inspección del cadáver”, contó.
“A mí me llama directamente la Fiscalía colombiana o la Policía para que recoja el cuerpo porque ellos no pueden ir hasta ese lugar”, agregó.
A veces se argumenta que la razón por la que la Policía no hace el levantamiento es porque el cuerpo se encuentra en territorio venezolano, donde las autoridades colombianas no tienen jurisdicción. Entonces llaman a la funeraria, una entidad inmune a la frontera. Pero a menudo la razón parece ser la contundencia del control territorial de los grupos armados.
Quién cubre los gastos
Hasta octubre pasado, Edwin López financiaba su trabajo con el apoyo de fundaciones que le pagaban por los servicios funerarios de los venezolanos fallecidos en Colombia. Pero los fondos dejaron de llegar debido a que otras funerarias quisieron aprovecharse de la situación para cobrar de más a estas ONG.
Asegura que por el retiro de esos fondos ahora las familias venezolanas la pasan peor para enterrar a sus muertos.
Wilfredo Cañizares, de la Fundación Progresar, califica esa situación como otro acto de violación a los derechos de los migrantes.
“Muchos familiares duermen frente a Medicina Legal esperando el cuerpo de su ser querido. Por leyes sanitarias la familia no puede manejar el cuerpo, tiene que interceder una funeraria o una entidad estatal. Y si no hay dinero para la funeraria, no hay cuerpo ni sepelio”, explicó.
“Los familiares vienen desesperados y tienen que esperar hasta tres días, no tienen dónde quedarse, no tienen para el bus ni para el agua”, dice Cañizares.
López señaló que cuando las familias no tienen recursos, Medicina Legal se encarga del entierro. Sepultan el cuerpo en una bolsa en el cementerio municipal, el mismo procedimiento de los cuerpos que nadie reclama.
Zair Mundaray, consultor jurídico de la Embajada en Colombia del gobierno interino venezolano, asegura que las ciudades y municipios colombianos cuentan con un rubro, usualmente de las Secretarías de Gobierno, para cubrir los entierros de ciudadanos venezolanos.
“La alcaldía de Bogotá tiene un programa que subsidia hasta el 90% y nos ha apoyado en casos de ciudadanos venezolanos. Funciona igual para colombianos, para cualquier persona siempre que se determine que la familia no tiene recursos”, indicó.
En Cúcuta, el Departamento de Bienestar Social tiene uno de esos programas de subsidio, pero solo cubren los gastos funerarios de los cuerpos no identificados. Si se trata de un migrante venezolano, ya no pueden costear el entierro.
Sonia Bermúdez, una guajira de 64 años de edad, también se encarga muchas veces de los cuerpos desamparados en Riohacha. En sus seis hectáreas de tierra ha construido su propio cementerio para sepultar a los que nadie reclama y a los venezolanos cuyas familias no pueden pagar una funeraria. Hoy recibe dinero de la alcaldía y pone de sus propios recursos para cubrir los gastos.
También recibió dinero de la ACNUR, aunque el financiamiento se interrumpió porque el organismo determinó que se trataba de una responsabilidad que corresponde a las autoridades colombianas.
Además de enterrarlos, Bermúdez también ha ayudado a pasar cuerpos por la frontera a las familias que buscan llevarse su muerto a Venezuela.
“Para eso lo único que se necesita es que haya otra funeraria del otro lado que reciba el cuerpo. Pero eso cuesta, son pocos los que lo hacen, entonces yo los ayudo a sepultarlos aquí”, indicó.
Lejos de los ojos de las autoridades, también son varios los que se llevan los cuerpos de sus familiares a cuestas, de vuelta a Venezuela. Algunos venezolanos pasan por las trochas con cajones de madera o bolsas que envuelven los cuerpos.
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