La migración es un fenómeno histórico; existe desde que existen las guerras, las crisis económicas y los desastres naturales que obligan a la gente a huir de sus países de origen; existe desde siempre. Detenerla, cuando 3,6% de la población mundial es migrante, es decir, 281 millones de personas según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), es imposible. Sobre todo cuando hacerlo implica estrategias de contención con componentes policiales que más bien aumentan los riesgos de abusos y violación de derechos humanos de estos grupos.
A mediados de abril, los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Panamá anunciaron que lanzarán una campaña de dos meses con «esfuerzos policiales» para acabar con el tráfico de migrantes por la peligrosa selva del Darién y reducir el flujo migratorio irregular. Katie Tobin, directora de Asuntos Transfronterizos de EE.UU no dio detalles porque no habían sido definidos. En conferencia de prensa telemática, solo dejó claro que «el enfoque va a ser en los actores criminales transnacionales, en los cárteles» que «son los mismos actores que mueven las drogas hacia corredores», pero ahora «están moviendo migrantes».
Maureen Meyer, vicepresidenta para Programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo a TalCual que lo preocupante del anuncio trinacional es que los migrantes terminen más expuestos a abusos por parte de las autoridades.
Si bien los Estados tienen derecho a ejercer jurisdicción en sus fronteras internacionales, también tienen la obligación de que la gobernanza en esas fronteras se base en los derechos humanos.
«Dada la criminalidad que existe en en el Darién, no está de más tener una presencia mayor de elementos de seguridad. Existe una gran cantidad de delitos en la zona que se tendrían que investigar. En eso sí sería bienvenido tener más presencia de agentes de seguridad, pero preocupa que muchas de esas políticas lo que hacen en realidad es impedir el paso de personas, frenando en muchos casos su posibilidad de buscar protección en otro país,», explicó Meyer que, durante 14 años, dirigió una instancia de WOLA en México dedicada al análisis de políticas de seguridad mexicanas y de Estados Unidos sobre seguridad fronteriza y violencia por crimen organizado.
Un informe binacional desarrollado por autoridades panameñas y colombianas en coordinación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ubicó más de 13 puntos donde hay riesgo de reclutamiento forzado, peligro por redes de trata de personas y tráfico ilegal y presencia de grupos armados en las rutas que llevan desde diferentes regiones de Colombia hacia la peligrosa selva.
Las tres principales (Capurganá–Canaán Membrillo; Capurganá–Carreto/Caledonia/Mamimulo; y Acandí–Bajo Chiquito) tienen una duración de entre tres a siete días. Si se viaja con niños o ancianos la travesía se puede extender de 10 a 15 días.
Un monitoreo de protección fronteriza realizado por Acnur en Panamá señaló que 3 de cada 10 migrantes que cruzan por el Darién han experimentado algún tipo de maltrato o abuso durante su viaje por la selva. Las formas más comunes de agresión han sido el robo (37%), las estafas (38%); el abuso o maltrato (36%) y amenazas físicas (18%).
«Se estima un subregistro de los casos de violencia sexual, ligado al estigma asociado a esta forma de violencia y los obstáculos que existen para reportar el abuso a las autoridades», se lee en el documento. Médicos Sin Fronteras le puso número a este último indicador: entre abril de 2021 y julio de 2022 se registraron más de 400 casos de abuso sexuales contra migrantes en ese cruce migratorio. 120 ocurrieron solo en el primer semestre del año pasado.
Rachel Schmidtke, abogada para América Latina en la ONG Refugees International, explicó a TalCual que debido a que las operaciones de los paramilitares y traficantes de personas en esas rutas que conducen al Darién están «muy bien financiadas» y se han convertido en «estructuras con mucho poder», sería muy difícil ir en contra de esas organizaciones ilícitas que han evitado la justicia por años. La solución debe ser otra, apuntó.
«Aunque haya quizás la intención de reducir la cantidad de traficantes, de coyotes en esta migración irregular, lo que sucederá no es solamente que la migración continuará sino que se va a ir a rutas desconocidas. Cuando hay más presencia militar o policial generalmente lo que sucede es que las rutas conocidas se bloquean, lo que empuja a la gente a tomar otras más insegura y aumenta el riesgo para los migrantes«, señaló la experta jurídica, quien actualmente está trabajando en estrategias de incidencia en respuesta a las crisis migratoria centroamericana y venezolana.
Rachel Schmidtke ha producido trabajo de políticas sobre migración, asilo, y políticas de refugiados para el Instituto de México, a través del Wilson Center. También realizó una investigación en la Universidad de Duke sobre la migración del Triángulo Norte, desarrollando soluciones de políticas para los Estados Unidos y México. Foto cortesía: Wilson Center
Anticipación al vencimiento del Título 42
Con el Título 42 —una normativa sanitaria aprobada por el expresidente estadounidense Donald Trump— se autorizó la expulsión inmediata a México de migrantes de varias nacionalidades, entre esos los venezolanos, que llegaban por la frontera sur de forma ilegal. Desde el 2020 se les negó el derecho de solicitar asilo, pero esa jurisprudencia llegará a su fin el 11 de mayo.
Schmidtke consideró que la campaña policial es una respuesta «anticipada» de la administración de Joe Biden para controlar lo que el término de esa norma podría significar; sobre todo porque el próximo año se viene una campaña presidencial de cara a las elecciones del 2024.
«Creo que esto es una estrategia desde el gobierno estadounidense (…) para, en vez de frenar la migración en la frontera EE.UU-México, frenarla en el tapón del Darién o en otros lugares en América Latina y trabajar con los países de la región para reducir o limitar las rutas por donde se puede migrar. Entonces, considero que la idea es disminuir los números de personas que están llegando por esa frontera porque políticamente para Biden se vería mal (ser tan permisivo con los migrantes)», indicó.
Por su parte, Maureen Meyer, quien ha trabajado estrechamente con varias organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes en Latinoamérica, consideró «curioso» que la duración de la campaña policial sea de 60 días, pues es «justamente el período en el que se va a vencer el Título 42». Cree que hay que verla como parte de todos los esfuerzos y negociaciones de la administración del Partido Demócrata por reducir la migración irregular en el continente.
«Es importante resaltar, por ejemplo, que el papel de México va a ser fundamental al cierre de Título 42. Hasta el momento, México también ha aceptado recibir a personas de muchas más nacionalidades diferentes a la mexicana, expulsadas a su frontera, y lo que está buscando y negociando EE.UU con ellos es justamente cómo seguir devolviendo a personas no mexicanas a México. Esto con el fin de poder remover o no tener en Estados Unido a personas de países como Venezuela, donde EE.UU no tiene relaciones diplomáticas y a los cuales sería muy difícil para ellos retornarlos», aseguró Meyer.
Entre marzo de 2020 y enero de 2023, 2 millones 470 mil 821 migrantes de las nacionalidades sujetas a la aplicación del Título 42 (Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras) fueron expulsadas a México. 78% de ellos eran de Venezuela, de acuerdo con un análisis realizado por WOLA, a partir de datos registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
¿Cómo darle solución a los migrantes con estatus irregular?
Los problemas que causan la migración irregular son multifactoriales, por tanto, para lograr soluciones, debe dársele un abordaje multidimensional. La ampliación de las vías de acceso legal para esta población está entre ellas, coinciden Meyer y Schmidtke. Para ello deben superarse los desafíos de capacidad de atención a las solicitudes de asilo con más personal y más financiamiento.
«Desde Estados Unidos están hablando de mayores vías legales de migración, sin especificar cuáles son, y lo que hemos visto en el caso del programa de parole humanitario para gente de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití es que no es suficiente para la gran cantidad de personas en necesidad. Tampoco muchas de ellas califican para esa visa por las restricciones que tienen en cuanto a documentación y por la necesidad de tener a alguien que les pueda apoyar en EE.UU», cuestionó la integrante de WOLA.
Para Meyer, debe haber también capacitación para agentes fronterizos respecto a cómo entrevistar a personas y asegurarse de sus necesidades de protección para, posteriormente, saber cómo referirlas a las agencias pertinentes.
Además de una mejora en los servicios de protección en las zonas fronterizas —que implica el fortalecimiento de la presencia estatal en zonas remotas del Darién—, en paralelo debe haber intercambio y recopilación de información de inteligencia entre los países involucrados para identificar en qué partes hay mayor peligro, lo cual pasa, por ejemplo, por entrevistar a migrantes que ya hayan hecho la ruta por la selva. Pero la parte comunicacional tiene otras aristas.
Un informe binacional de Panamá y Colombia sugirió hacer campañas masivas de información con datos contundentes,»utilizando las
redes sociales seguidas por la población objetivo de los traficantes y otros medios para alcanzar a las personas antes de que tomen su decisión y caigan en redes de explotación». Esas campañas, se estableció, deberían empezar en los países de salida, como Venezuela, Perú, Ecuador, etc.
En el documento se resaltó como necesario ampliar los esfuerzos para que los refugiados y migrantes puedan tener información práctica y útil acerca de sistemas de asilo y otros mecanismos de protección existente en los países en tránsito.
También en el boletín «La protección de los refugiados y la migración mixta: Plan de los 10 puntos en acción» se recomienda a los Estados animar a los transportistas a adoptar códigos de conducta internos para tratar de forma diferencial a las personas que, dentro de grupos de pasajeros no autorizados y sin documentación, estén en búsqueda de protección internacional.
