La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU alertó este 20 de septiembre que continúan ocurriendo ataques a la población civil y defensores de derechos en el país, pero que estos se han vuelto más selectivos y van dirigidos especialmente a activistas, lideres sindicales y trabajadores de la prensa.
Aseguró que se ha intensificado la persecución y el hostigamiento en los espacios cívicos y democráticos venezolanos a través de políticas estatales que buscan silenciar la oposición o crítica al gobierno de Nicolás Maduro.
La Misión, al presentar su cuarto informe sobre Venezuela, concluyó que tiene motivos razonables para creer que se cometieron al menos cinco privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias entre enero de 2020 y agosto de 2023.
También documentó 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, incluidos 19 casos de uso de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres en el mismo periodo.
“Continúan cometiéndose en Venezuela graves violaciones a los derechos humanos. Recientemente, estos incidentes se han llevado a cabo de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, apuntó Marta Valiñas, presidenta de la Misión, durante la presentación de este miércoles.
El caso de los líderes sindicales
La Misión reportó que la estructura represiva del Estado venezolano no se ha “desmantelado” y que el gobierno de Maduro ha intentado coartar las libertades individuales y colectivas, para controlar la labor de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos.
Francisco Cox, experto de la Misión, aseguró que el aparato represivo del Estado tiene distintos niveles y está conformado por mecanismos “duros” y “blandos” que se utilizan dependiendo de la situación.
“Esto muestra la capacidad adaptación del Estado para sofocar la crítica”, dijo. La Misión recordó el caso de seis sindicalistas, fueron condenados el 1 de agosto de 2023 a 16 años de prisión por protestar para exigir reivindicaciones laborales.
“Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al Gobierno”, aseguró Patricia Tappatá Valdez, experta de la ONU. Recordó que la falta de independencia de las instituciones judiciales venezolanas coartan el movimiento de líderes sociales suprime el debate y la vida política.
A un año de elecciones
Expertos de la ONU alertaron que el panorama en Venezuela es alarmante, considerando que las elecciones presidenciales están previstas para 2024. Reportó que al menos una candidata y dos candidatos a las elecciones primarias de la oposición fueron inhabilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Además, denunció la actuación represiva de los cuerpos de seguridad estatales. Apuntó que en 2020, identificó a las Fuerzas de Acción Especial (FAES) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) como “una de las estructuras más involucradas en ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones graves de derechos humanos, cometidas en el marco de operaciones de seguridad para combatir la criminalidad”.
Cambios de Faes a DAET
En su último informe oral al Consejo en marzo, la Misión ya había reportado que existían señales de que, a pesar de su supuesta disolución en 2022, había continuidad entre las FAES y la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, que fue creada a mediados de 2022.
Valiñas aseguró que la transformación de las FAES en la DAET es un “mero cambio de nombre” y que esta última tiene funciones similares a la primera además de una cadena de mando con oficiales que fueron identificados en el informe de 2020, lo que preocupa a la Misión.
“Si bien ha habido una disminución cuantitativa de las alegaciones registradas con respecto a períodos anteriores, la Misión ha continuado documentando numerosos casos de violaciones graves de derechos humanos en contra de personas opositoras al Gobierno, o percibidas como tales”, puntualizó la Misión en nota de prensa. Lamentó, finalmente, la falta de cooperación del Gobierno venezolano.
