En 2014 Johanna Piferrer estaba en la semana 33 del embarazo, cuando sufrió la muerte repentina del hijo que gestaba, revelada a través de una ecografía de urgencia. Devastada, debió esperar nueve horas en la maternidad de un sanatorio de la capital argentina, en la que se oían llantos de recién nacidos, en medio de abuelos que llegaban con regalos para sus nietos.
Entonces le indicaron que debía parir a su hijo muerto por parto natural, pero ella se negó con firmeza: dijo que no estaba psicológicamente preparada y logró que le hicieran una cesárea. Finalmente le dieron el cuerpito de su bebé, a quien ella llamaría Ciro, en una caja originalmente destinada a guardar papeles. No recibió ayuda psicológica en ningún momento.
Con el duelo a cuestas, hizo pública su historia y se sorprendió al recibir mensajes de decenas de mujeres que también habían pasado por violencia obstétrica. Así, lideró un grupo de mujeres que, tras años de militancia, logró que el legislativo Congreso Nacional argentino sancionara la primera norma que garantiza atención a las mujeres que deben parir bebés sin vida.
La Ley 27.733, bautizada como “ley Johanna”, fue sancionada el 29 de septiembre y promulgada el 12 de octubre. Instruye al personal de salud a garantizar un parto respetuoso, en un ambiente de contención y cuidado, a las mujeres que sufren una muerte perinatal.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esa muerte es la que ocurre entre la semana 22 de gestación y los primeros siete días de vida del bebé.
“Todas las mujeres sufrimos violencia obstétrica. Yo perdí muchas gestaciones y en ese proceso pasé por muchas situaciones que me resultaron muy violentas, pero nunca tuve la fuerza para denunciar. Hay que entender que por cada mujer que se decide a denunciar la violencia obstétrica, atrás hay cientos que no se atreven a hacerlo”: María Laura Anzorena.
“Al principio pensé que era la única que había pasado por una situación así. Pero después no me sentí tan en soledad, cuando me di cuenta de que mi caso hablaba de la realidad del sistema de salud, donde la vulneración de derechos y la violencia era lo habitual tanto en los hospitales públicos como en sanatorios privados”, dice a IPS Johanna Piferrer, quien vive en el suburbio de Lanús, al sur de Buenos Aires, y estudia la carrera de Trabajo Social.
“No existía ningún protocolo de actuación para estos casos. Supe que la muerte perinatal era un tabú no solamente en la agenda de la salud pública y la política, sino incluso en la de los feminismos”, agrega la activista, que tiene ahora 41 años.
Cuando juntó fuerzas, Piferrer decidió dar la pelea y denunció lo que ella consideró “tortura” en múltiples instancias administrativas, legislativas y judiciales.
Así, ya en 2016 logró una inédita resolución de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que exhortó al Hospital Británico de Buenos Aires –donde ella había sido atendida- a que capacitara a su personal sobre el acompañamiento adecuado de la pérdida gestacional y perinatal y que dispusiera una habitación aislada y protocolos específicos para estos casos.
Con otras mujeres, fue creando redes a lo largo de nueve años y logró que muchos hospitales de salud y universidades la invitaran a mesas de discusión interdisciplinarias sobre la violencia obstétrica.
“Incluso conseguimos que el Hospital Narciso López de Lanús armara un protocolo sobre atención de muerte gestacional y perinatal, en base al proyecto de ley, mucho antes de que fuera aprobado por el Congreso”, cuenta Piferrer.
Gestar justicia, parir derechos
En julio de 2018, cuatro años después del caso de Johanna, Celeste Cornejo, embarazada de 33 semanas, comenzó a sentir fuertes dolores y contracciones. Durante una semana seguida fue todos los días a la guardia del Hospital de Morón, en el oeste del Gran Buenos Aires, donde la sometieron a esperas interminables y le indicaron cada vez que volviera a su casa.
Una noche en que empezó a tener pérdidas de sangre y los dolores se intensificaron, finalmente, aceptaron dejarla internada en una sala de preparto.
“Me pusieron una vía en un brazo y nada más. Toda la noche me cansé de llamar a médicos y enfermeras, pero nadie me hizo caso. Finalmente a las 6:30 de la mañana me hicieron un monitoreo y entonces me llevaron a un quirófano y me hicieron una cesárea de urgencia. No escuché llorar al bebé y nadie me decía nada, hasta que media hora después me avisaron que mi hijo había nacido muerto”, cuenta Cornejo a IPS.
“Al bebé se lo mostraron en una caja de cartón a mi sobrina, a la que obligaron a firmar que lo reconocía. Al día de hoy sigo con la duda de si nació muerto, lo cambiaron o qué fue lo que pasó”, añade.
A través de las redes sociales, Cornejo conoció otros casos de mujeres que fueron maltratadas durante partos en el Hospital de Morón con gravísimas consecuencias. Algunas, igual que ella, perdieron a sus hijos.
Decididas, fueron siete mujeres las que se unieron para denunciar juntas la situación, con la idea de que otras no pasen por la misma violencia. Así crearon –junto a un grupo interdisciplinario de mujeres profesionales- una organización a la que llamaron Gestar Justicia, Parir Derechos hace un año y medio.
A través de ella hacen activismo y dan asesoramiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia obstétrica.
“La idea es desnaturalizar la violencia obstétrica durante la gestión, el parto y el posparto. También, por supuesto, impulsar la capacitación de médicos y enfermeros para abordar las muertes perinatales, porque hoy no saben cómo manejar la situación y cómo acompañar a la familia en el duelo”, explica Cornejo, de 40 años.
La organización también apoyó el tratamiento de la ley Johanna, que asegura a la mujer, en caso de muerte perinatal, que entre otros derechos garantiza a la mujer que podrá tomar contacto con el cuerpo sin vida y tendrá la opción de hacerlo con asistencia psicológica. También se establece el derecho a ser informada de la causa de muerte y a pedir una autopsia.
Una norma que suma derechos
La nueva norma viene a complementar un esquema en el que ya estaba la ley de parto humanizado, vigente desde 2004, que garantiza el derecho de las mujeres a recibir información sobre las intervenciones médicas durante el embarazo, el parto y el postparto y a ser acompañadas por una persona de su confianza durante el proceso de alumbramiento.
También en el escenario está la ley de protección integral a las mujeres de 2009, que reconoció a la violencia obstétrica como una modalidad específica de violencia de género.
La norma la definió como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”.
María Laura Anzorena, abogada y socióloga que integra Gestar Justicia, Parir Derechos, dice a IPS que, en este contexto, La ley Johanna viene a visibilizar que, al dolor de perder un hijo deseado, muchas veces se le suma un sufrimiento que tiene que ver con la violencia institucional y de género.
Anzorena se involucró en la causa cuando conoció los casos reiterados de violencia obstétrica en el Hospital de Morón, pero cuenta que ya arrastraba sus propias experiencias traumáticas personales.
“Todas las mujeres sufrimos violencia obstétrica. Yo perdí muchas gestaciones y en ese proceso pasé por muchas situaciones que me resultaron muy violentas, pero nunca tuve la fuerza para denunciar. Hay que entender que por cada mujer que se decide a denunciar la violencia obstétrica, atrás hay cientos que no se atreven a hacerlo”, relata.
Anzorena asegura que eso sucede especialmente cuando el bebé es saludable. “Cuando una mujer se va con su hijo a su casa, hay un mandato de que hay que es estar contenta. Pero la realidad es que muchas vuelven con un bebé a sus casas, pero rotas por el maltrato”, afirma.
En la nueva ley también jugó papel relevante la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig), que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia.
Su coordinadora, Perla Prigoshin, advierte a IPS que a partir de ahora el éxito de la ley dependerá de las autoridades de todo el país, ya que cada provincia deberá decidir si adhiere no. De todas maneras, valora muy especialmente lo que ya se logró: darle visibilidad a un tema del que no se hablaba.
“Es elemental que una mujer pierde un hijo debe ser contenida psicológicamente y nunca se la puede llevar a la misma sala con mamás que están amamantando. Por eso, el valor de esta ley es que la discusión puso por primera vez el ojo de la sociedad sobre el sufrimiento de una mujer por la muerte de un ser a quien construyó como un hijo”, sostiene la especialista.
ED: EG
