Desde hace nueve días Tomás Contreras no ve a su esposa Mónica Ruíz, quien fue detenida la tarde del lunes, 29 de julio, en medio de una protesta pacífica en el centro de Caracas en rechazo a los resultados de los comicios presidenciales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) la noche del 28 de julio.
Ni siquiera sus abogados han logrado comunicarse con ella. Mónica estuvo seis días detenida en el calabozo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, anteriormente conocido como Zona 7. Luego la trasladaron hasta el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda y finalmente al retén La Crisálida, otra prisión de mujeres, ubicada en la misma región, reseñó Crónica.Uno.
Desde que la llevaron a La Crisálida, el sábado, 3 de agosto, su esposo solo pudo enviarle, desde la entrada del retén, ropa interior y medias porque no les permiten ingresar nada más. No le recibieron los panes, el agua, jugo y unas pastillas para el dolor entre otras cosas.
Los funcionarios le dijeron que le entregaron uniforme y un kit de aseo personal y que también le ofrecían alimentación.
“Le seguiré llevando pantaletas hasta que digan que se le pueden llevar otras cosas”, dijo Tomás indignado. También informó que presuntamente, una vez cumpla 15 días recluida, le permitirán una llamada con su familiar.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, hay 1102 arrestos, de los cuales 100 son adolescentes y 5 son personas indígenas. Zair Mundaray, exfiscal y defensor de derechos humanos, informó que trasladaron al menos 80 mujeres jóvenes a ese centro penitenciario, el cual está a cargo del comisario Aquiles Guaimare.
Foro Penal destacó en declaraciones pasadas que a estas personas las presentan en tribunales de terrorismo y les imputan los delitos como terrorismo –cuya pena es de hasta 30 años–, instigación al odio y asociación para delinquir.
Desaparición forzada
Una fuente de la ONG Espacio Público explicó que el no tener información o comunicación directa con los detenidos se constituye en una desaparición forzada, ya que no hay manera de confirmar su estado de salud física y mental lo cual implica que exista un riesgo de torturas, malos tratos o denigrantes.
“El hecho de que no dejen verlas hacen que sea una desaparición forzada porque básicamente es confiar en la palabra de un funcionario, que dice el familiar está ahí pero no necesariamente es así (…) Hay un riesgo inmediato y urgente frente al derecho a la integridad física y psicológica porque una desaparición forzada puede ser un elemento de riesgo para que una persona pueda ser sometida a torturas o malos tratos y denigrantes”, sostuvo.
Agregó que existe un patrón en las detenciones en el cual incomunican a los privados de libertad y les imponen defensa pública pese a tener a su disposición defensa privada, lo que representa una vulneración al debido proceso.
Según Maduro, detuvieron a más de 1200 personas en el contexto de las manifestaciones. Se conoce que trasladaron al menos 75 personas al centro penitenciario de Yare en el estado Miranda. En un vídeo compartido en una trasmisión televisiva se ve cómo los detenidos de Yare envían un saludo chavista a Maduro. El mandatario también anunció que los detenidos en manifestaciones se enviarían a las prisiones de Tocorón y Tocuyito.
Stefania Migliorini, integrante de Foro Penal destacó que muchas de las personas ni siquiera participaban en protestas sino que simplemente regresaban de su trabajo a su casa. Aunque también hubo personas que participaron en protestas pacíficas “sin ninguna intención ni elemento de interés criminalístico”.
Por su parte, Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta ANC, expresó que si la investigación determina que alguno de los detenidos en los lugares de las protestas no tuvieron participación en las mismas “serán liberados”.
