De tomar algún ejemplo que muestre a la Constitución como un montón de letras muertas, lo haríamos con el emblemático Título VII, que trata sobre la Seguridad de la Nación, especialmente en el Capítulo III, que en sus tres artículos desarrolla los principios y fundamentos rectores de nuestra Fuerza Armada Nacional. No cabe duda alguna de la connotación y efectos perniciosos que para el país y los venezolanos ha tenido su derogación de facto.
Es ese significativo divorcio entre lo que acontece de hecho y el deber ser –que preceptúa el sistema normativo– en el que se ha afincado el régimen para mantener su hegemonía y blindar su impunidad. El manipulado sentido de pertenencia del estamento militar ha dado sus frutos de complicidad y prescindencia de escrúpulos para los que tomaron el poder luego de su tránsito castrense en el que permearon la unidad institucional con las intentonas golpistas del 92.
Con la victoria de Chávez en 1999, y luego de los hechos de la plaza Altamira y abril de 2002, se abonó el camino del militarismo como tendencia y solo era cuestión de tiempo para que con una política de prebendas e interpretaciones laxas de las normas constitucionales se enquistara el fatídico poder militar en Venezuela. Sobrevinieron las amedrentadoras purgas en esa consolidación que se logró finalmente con el reparto de una especie de botín de guerra. Ministerios, institutos autónomos, bancos, seguros, Pdvsa y el resto de empresas básicas, medios de comunicación, el Arco Minero, embajadas, diputaciones, gobernaciones y alcaldías, entre muchas otras concesiones dadas a cambio del espaldarazo castrense, han sido suficientes para quebrantar principios y el apego institucional al Estado de Derecho al que obliga nuestra carta magna.
Ha sido grosera la violación del articulado que los rige. El proselitismo político estimulado por la ideologización de un socialismo castrocomunista ha sido la piedra angular para que el sector militar haya permitido la grave afectación de nuestra intervenida y amputada soberanía. Esta parcialidad política es consecuencia directa del sesgo que trae consigo el voto militar. La represión de la Guardia Nacional como componente de la Fuerza Armada está al margen de su obligación del mantenimiento del orden interno dentro de un marco de respeto a los derechos humanos. La enumeración taxativa de los componentes de la Fuerza Armada fue inconstitucionalmente violada con la incorporación de una milicia que a la postre ha resultado ser un lamentable instrumento para el infame clientelismo político.
En mala hora ha tocado que esta Fuerza Armada sea la que en el Campo de Carabobo se muestre como heredera del glorioso ejército patriota que hace 200 años selló la independencia de nuestra patria del yugo español. Nada de que enorgullecernos de quienes con su complicidad nos mantienen hoy bajo el yugo cubano y a merced de grupos irregulares. Nada que ver con nuestros valientes actos de defensa de nuestra soberanía en Los Monjes que contrastan abiertamente con los vergonzosos sucesos y consecuencias en Apure. Mañana los venezolanos, con nuestra preciada historia emancipadora, no nos sentiremos representados en Carabobo.
Víctor A. Bolívar
