El Departamento del Tesoro de Estados Unidos cuenta desde este lunes con una herramienta legal para sancionar a sectores de la economía nicaragüense, que apoyen y faciliten fondos al “régimen autoritario” de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según Ricardo Zúñiga, secretario adjunto del Departamento de Estado para Latinoamérica.
De acuerdo a un comunicado de la embajada de Estados Unidos en Nicaragua, el presidente estadounidense, Joe Biden, firmó una enmienda a la orden ejecutiva 13851 sobre Nicaragua que “amplía las facultades de sanción, lo que incluye medidas relacionadas específicamente con el comercio para Nicaragua”.
“Estas nuevas facultades contribuirán a nuestros esfuerzos para que el régimen de Ortega-Murillo responda por sus actos”, según el documento.
“Los Gobiernos que no respetan los derechos humanos de sus pueblos o amenazan a los intereses de seguridad de sus vecinos, no deben esperar que sus relaciones políticas, económicas y comerciales con los Estados Unidos no se vean afectadas”, comentó Zúñiga en una conferencia telefónica con periodistas.
“La enmienda abre el paso a tomar medidas contra otros sectores de la economía de Nicaragua”, afirmó, en referencia a que este lunes ya fue sancionada con la nueva medida la Dirección General de Minas (DGM), adscrita al Ministerio de Energía y Minas (MEM)
“(La sanción a los sectores) es algo que hemos tratado de hacer con bastante cuidado para no afectar la vida cotidiana de los nicaragüenses”, dijo el funcionario.
“Tenemos que estar seguros —prosiguió— que los involucrados en cometer actividades y agresiones contra el pueblo de Nicaragua, no piensen que van a tener libre acceso al sistema de Estados Unidos”.
“Es importante subrayar que estamos hablando de oro hoy, pero esta nueva autorización de la orden ejecutiva permite analizar a otros sectores de la economía de Nicaragua, siempre y cuando tengan ese mismo impacto de fortalecer el régimen autoritario, en vez de fortalecer el bienestar de los nicaragüenses”, explicó Zúñiga.
Subrayó que la sanción “impone restricciones sobre cualquier acción que tenga que ver con la Dirección Nacional de Minas, por consecuencia complica la habilidad para una entidad (en Estados Unidos) de tener una relación en mercado de oro en Nicaragua”.
Según el Tesoro estadounidense, las sanciones ampliadas “podrían usarse para prohibir nuevas inversiones estadounidenses en ciertos sectores identificados en Nicaragua, la importación de ciertos productos de origen nicaragüense a los Estados Unidos, o la exportación, desde los EE. UU., o por parte de Estados Unidos”.
Régimen se apoya en el sector minero
En enero de este año, Estados Unidos sancionó al general de división (retirado) Ramón Humberto Calderón Vindell, presidente de la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), y luego, en junio, a su sucesor, Ruy López Delgado así como a la misma Eniminas.
“(La DGM) ha gestionado la mayoría de las operaciones mineras en Nicaragua en nombre del Gobierno de Nicaragua. Como tal, es una pieza importante de las operaciones de oro controladas por el Estado en Nicaragua”, según el Tesoro.
El funcionario dijo que el sector minero “ha beneficiado de forma desproporcionada al presidente (Ortega), a su familia y a sus aliados, para mantener el control autoritario de Nicaragua. Sabemos que este sector, en particular, se presta a ese enriquecimiento irregular”.
“Ciertos elementos del sector beneficiaban directamente al régimen de Ortega de una forma preocupante, es por eso que hemos empezado con este sector y con entidades de este sector”, destacó.
El Departamento del Tesoro justificó su decisión en que Ortega “ha utilizado el poder” que le otorga los ingresos del oro, “para intimidar y encarcelar a quienes denuncian la corrupción del régimen y para sembrar inestabilidad en todo el mundo, incluso apoyando una mayor invasión de Ucrania por parte de Rusia”.
