Aunque ni la Alcladía de Estelí en Nicaragua ni otras entidades estatales garantizan las condiciones básicas para que los venezolanos sobrevivientes y familiares de las víctimas del accidente del bus que la semana pasada se precipitó a un abismo en la cuesta La Cucamonga, la policía intimida y amenaza a algunas personas que intentan ayudarlos.
A ellos les ha advertido que deben salir de donde están albergados gracias a la solidaridad de lugareños, mientras pueden retomar su travesía hacia Estados Unidos De acuerdo a fuentes locales, la semana pasada agentes de la policía “les pidió” a los migrantes salir del albergue instalado en las cercanías del hospital San Juan de Dios de Estelí, donde algunas víctimas siguen recibiendo atención médica.
Los policías aseguraron al sacerdote a cargo de la obra de beneficencia, que estaba haciendo algo ilegal al ayudar a los migrantes, mientras que a los viajeros les amenazaron que si seguían en el lugar en cualquier momento llegarían los agentes de migración para deportarlos.
La mayoría de migrantes venezolanos que permanecían en el albergue tienen parientes ingresados en el hospital San Juan de Dios de Estelí, de modo que ellos están a la espera de que los médicos les den de alta para retomar su viaje hacia el Norte para llegar a Estados Unidos.
“No pueden seguir ahí”
“No nos desalojaron, solo nos dijeron que no podíamos seguir ahí y al padre le dijeron que lo que está haciendo era ilegal. Gracias a Dios una señora nos trasladó a un hostal y está pagando todo”, dijo a LA PRENSA una sobreviviente del accidente. Ella espera que le den de alta a una de sus acompañantes para retomar su viaje a Estados Unidos.
Tanto ella como otros dos migrantes que confirmaron a LA PRENSA el cierre del albergue, y solicitaron no ser identificados pues temen que la amenaza de deportación se concrete. Sin embargo, consideran que sería una arbitrariedad ya que la mayoría pagó la multa que Nicaragua les cobra para ingresar al país.
Aunque el pago de esa multa solo les otorga 72 horas para transitar por el territorio nacional, consideran que no es culpa de ellos haberse retrasado y que migración debería tomar en cuenta las circunstancias del accidente.
Si pagaron la multa, ¿por qué deportar a los migrantes?
El monto de esa multa es de 150 dólares cuando se paga a agentes de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME); y de 50 dólares cuando se le entrega a los coyotes que trabajan en coordinación con agentes de la DGME. Dicho pago garantiza que los incluyan en una lista de la red social WhatsApp que comparten los agentes de migración.
En dicha lista chequean sus nombres en los retenes que mantienen en la zona cercana a los puestos fronterizos de Rivas y Río San Juan, en el Sur y en Nueva Segovia en el Norte. Si aparecen en la lista les permiten seguir su travesía hasta Jalapa, Nueva Segovia, donde cruzan por puntos ciegos para ingresar a Honduras. Pero si no aparecen, los regresan a Peñas Blancas y los hacen cruzar a Costa Rica.
Según los migrantes, al menos 60 personas sobrevivieron al accidente donde murieron 15 venezolanos y un nicaragüense cuando el bus que cubría la ruta Managua-Jalapa se precipitó a un abismo en la cuesta la Cucamonga, Estelí. Gran parte de esas personas permanecen en Estelí.
Unos a la espera de que se confirme la repatriación de los cadáveres de sus seres queridos que murieron en el percance, para luego sacudirse un poco y continuar su viaje. Otros, porque en el accidente perdieron todas sus pertenencias, incluidos documentos de indentificación y dinero.
