El gobierno de Nicolás Maduro acusó al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), el británico Karim Khan, de tener “una visión claramente prejuiciada” en su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, días después luego de que este solicitara permiso a ese organismo para reanudar su trabajo.
Por Gustavo Ocando Alex – VOA NOTICIAS
La cancillería venezolana, a cargo de Carlos Faría, dijo lamentar que el fiscal “insista en una investigación basada en fuentes secundarias guiadas por intereses políticos”, en referencia a organizaciones no gubernamentales, víctimas y familiares de estas que han denunciado la comisión de delitos de lesa humanidad en el país suramericano desde 2017.
Faría publicó la noche del sábado un comunicado donde recrimina que “a pesar de toda la información suministrada y los fluidos intercambios sostenidos con la Fiscalía durante el año 2022, el fiscal Karim Khan mantenga una visión claramente prejuiciada en relación con la situación de Venezuela, haciéndose eco de las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos”.
“Es especialmente preocupante que la solicitud del fiscal se fundamente básicamente en fuentes secundarias carentes de toda credibilidad, dada su marcada parcialidad y clara politización, en perjuicio de la rigurosidad que se espera de una instancia internacional de tanta relevancia en materia de administración de justicia especializada”, reprochó.
El martes pasado, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares del organismo que autorice la reanudación de su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, detenida desde abril de este año por solicitud del gobierno de Maduro.
Según explicó el gobierno venezolano este fin de semana, la investigación “quedó y continúa suspendida” desde entonces tras una solicitud directa a Khan para que se inhibiera en su rol “en favor del sistema de justicia venezolano”.
El Estado venezolano insistió en que el Estatuto de Roma da “primacía” a la jurisdicción nacional y aporta un “carácter subsidiario y complementario” al sistema de la CPI.
Khan, por su parte, expuso el martes que tal aplazamiento de su investigación sobre el caso venezolano “no se justifica y se debe autorizar la reanudación de la investigación”.
El fiscal británico dijo haber tomado nota de los “esfuerzos considerables” del gobierno de Maduro para compartir información sobre sus disposiciones, pero concluyó que los mismos “siguen siendo insuficientes en su alcance o aún no han tenido un impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes” en Venezuela.
Pulso en la sala
El canciller de Maduro aseguró en su comunicado del fin de semana que el Estado venezolano “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos, a los fines de determinar la verdad y establecer, de ser el caso, las responsabilidades penales correspondientes”.
Faría anticipó que Venezuela acudirá ante la Sala de Cuestiones Preliminares “para defender la verdad y demostrar la productiva labor de las autoridades nacionales en la investigación de todas las denuncias de delitos graves contra las personas”.
En el párrafo final de su texto, el canciller madurista reafirmó que Venezuela “continuará colaborando de buena fe con la Fiscalía y la Corte Penal Internacional”.
La polémica sobre si se reanuda o no la investigación por parte del despacho de Khan está en manos de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, una decisión que, según expertos consultados por la Voz de América, debería ocurrir antes de que finalice este año.
Una misión independiente de las Naciones Unidas, renovada hace poco en su mandato, concluyó en septiembre pasado que existe responsabilidad de autoridades del gobierno venezolano en crímenes de lesa humanidad, entre ellos Maduro y Diosdado Cabello, diputado, exvicepresidente del país y uno de los hombres fuertes del chavismo.
Según esos investigadores, cuyas indagaciones no guardan relación directa con las de la oficina del fiscal de la CPI, tanto Maduro como Cabello lideraron un “plan orquestado” para “reprimir a la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
