El Reino de Noruega, país facilitador de las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, presentó este jueves el procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitaciones en Venezuela.
El procedimiento, establecido en los acuerdos de Barbados firmados en junio de 2023, establece que las personas inhabilitadas podrán presentar una solicitud de revisión ante la Contraloría General de la República.
La solicitud se debe acompañar de pruebas que demuestren que la inhabilitación se dicta de manera arbitraria o ilegal.
La Contraloría General de la República tendrá un plazo de 30 días para resolver la solicitud. En caso de que la solicitud se acepte, la Contraloría General deberá levantar la inhabilitación.
El procedimiento es un paso importante para garantizar el derecho de participación política en Venezuela.
La presentación del procedimiento para la revisión de las inhabilitaciones es un paso positivo en el proceso de diálogo.
El procedimiento abre la puerta a que las personas inhabilitadas puedan participar en las elecciones presidenciales de 2024.
Es importante que el procedimiento se implemente de manera transparente y justa, para garantizar que el derecho a la defensa.
A continuación texto completo sobre el proceso para revisión de inhabilitaciones
“En el Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Politicos y Garantías Electorales para Todos», suscrito en Barbados el 17 de octubre de 2023, Las Partes, designadas como el «Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela» y la «Plataforma Unitaria de Venezuela», acordaron que:
Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana, asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución.
A los fines de implementar el precitado acuerdo, Las Partes han convenido el siguiente procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General de la República, a diversas personas que aspiran postularse como candidatos en las elecciones presidenciales del año 2024. (Los Interesados).
1. Cada uno de Los Interesados acudirá personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar, en el lapso establecido desde el primero de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2023, en días continuos y sucesivos.
2. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución.
3. En la demanda presentada, y en declaraciones públicas, los Interesados se abstendrán de incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
4. Cada uno de Los Interesados asume el compromiso de:
a. Respetar la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y las leyes.
b. Cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación, recogido en el artículo 130 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
c. Acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso.
d. Rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de
Venezuela.
CONSIDERACIONES GENERALES
Este documento complementa y desarrolla las condiciones electorales convenidas en el Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos, suscrito entre Las Partes.
