La Agencia Tributaria pone el foco en una de las empresas implicadas en la causa abierta contra Raúl Morodo, el que fuera embajador en Venezuela con José Luis Rodríguez Zapatero. Hacienda ha detectado que la Consultora Alcander -bajo la lupa de la Justicia por sus inversiones inmobiliarias- canalizó 9 millones de euros entre 2011 y 2014 entre aportaciones de sus socios y de una empresa radicada en el caribe a las que se les dio apariencia de préstamos.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude concluye en un informe al que ha tenido acceso Vozpopuli que tras medio año de investigación sobre los préstamos canalizados por la consultora, se han detectado «incongruencias» que hacen necesario practicar más diligencias para esclarecer la naturaleza de los ingresos y el destino de los fondos que salieron de esta firma. Los investigadores sospechan que empresarios del entorno de Morodo crearon la mercantil para introducir, presuntamente, comisiones irregulares que habrían percibido desde PDVSA, la principal petrolera de Venezuela.
Por ello el magistrado Alejandro Abascal encargó en octubre a la Agencia Tributaria que estudiase los préstamos que ordenaron sus socios, los empresarios Carlos Adolfo y Francisco Javier Prada Gómez, ambos implicados en este procedimiento penal. En el informe remitido a la Audiencia Nacional, el ente concluye que la consultora ligada a los Morodo se constituyó en abril de 2008 en Madrid con un capital social de 3.006 euros. En la misma participó también Juan Carlos Márquez Cabrera, el exalto cargo de la petrolera bolivariana que apareció ahorcado en la sede de esta firma en Madrid poco después de arrancar estas diligencias.
13 millones en inmobiliario
En concreto, este empresario al que se le investigó por firmar contratos millonarios de PDVSA con una de las empresas del hijo de Raúl Morodo, participó a través de Lakeside Overseas. Esta firma, constituida en un paraíso fiscal caribeño, no estaba a nombre suyo, sino al de sus padres. En 2019 -mismo año que comenzó esta investigación penal- Márquez Cabrera se deshizo de sus participaciones en la Consultora Alcander y se las vendió a los hermanos Prada Gómez por 2,7 millones de euros.
En este informe de 62 páginas, la Agencia Tributaria recuerda que la consultora ha llegado a ser propietaria de 15 inmuebles adquiridos entre los años 2009 y 2013, mismos ejercicios que están bajo la lupa de Anticorrupción por el supuesto cobro de comisiones irregulares. El importe de todos estos activos asciende a 13,3 millones de euros. Con todo, no solo destaca estas importantes inversiones, sino también su modo de financiación ya que, en su mayoría, provienen de préstamos millonarios amparados en «supuestos contratos».
Al respecto, el documento recoge una serie de «anomalías contables» en esta empresa clave de la causa relacionadas con activos no contabilizados (omitieron la existencia de depósitos) y la generación de pasivos ficticios. Como ejemplo destaca la compra de dos locales de lujo en Vía Augusta de Barcelona por un total de 2,45 millones de dólares. En la contabilización de la operación «llama la atención» a Hacienda que reflejen una deuda con el Banco Popular de 716.768 euros que, en realidad, «no existe» ya que la consultora no se subroga este préstamo.
Préstamos bajo sospecha
Al respecto Hacienda concluye que utilizan sus cuentas bancarias para cuestiones ajenas de la mercantil vinculada al clan Morodo, lo que distorsiona su saldo contable. Ello unido al afloramiento de depósitos financieros no contabilizados y la creación de un pasivo financiero ficticio «permite cuestionar la imagen del patrimonio de la mercantil reflejado en los libros contables». De esta forma, la falta de información relativa a la inyección de fondos en la sociedad aviva la sospecha de la Policía Judicial de que la utilizaron para desviar partidas irregulares a través de préstamos y ampliaciones de capital simuladas.
De hecho, solo entre 2010 y 2012 los socios remitieron 6,8 millones de euros a las cuentas de esta consultora inscrita en Madrid, aunque la Agencia Tributaria advierte que la firma no solo canalizó fondos sino que autorizó transferencias automáticas a Prada Gómez a lo largo de 2014 en concepto de devolución de préstamo. Por ese motivo, solicitan al juzgado que autorice una ampliación de la investigación para estudiar ahora las cuentas de destino y contrastar, así, si efectivamente el concepto era o no real.
Piden más diligencias
Con todo, Hacienda detecta que las principales vías de financiación en aquellos años fueron dos: por un lado transferencias por importe de 7,8 millones de euros que Márquez Cabrera y los hermanos Prada en virtud de préstamos y, por otro, 2,7 millones de euros ingresados entre 2013 y 2014 por Lakeside Overseas. Estas aportaciones se realizaron con motivo de dos préstamos con garantía hipotecaria arriba mencionados.
Las aportaciones de esta sociedad radicada en las Islas San Vicente y Granadinas lo fueron en concepto de fondos propios (no de deuda) y «bajo la apariencia de préstamos». Con todo, Hacienda precisa que las conclusiones recogidas en este informe adherido a la causa podrían «verse alteradas» a medida que se incorpore la nueva documentación resultado de las comisiones rogatorias libradas por el juzgado a Suiza con el fin de determinar el origen de los fondos de Lakeside Overseas.
Del mismo modo, propone cuatro actuaciones más para esclarecer la naturaleza del dinero y la verdadera función de esta sociedad. Así, además de analizar el destino de los pagos efectuados, reclama copia del contrato de apertura de la cuenta bancaria desde donde Alcander produjo abonos en concepto de «devolución de préstamos» e información de las cuentas de Prada Gómez, dueño de esta mercantil y empresario muy ligado al exembajador Raúl Morodo y su hijo Alejo.
