Este martes fue presentado el tercer informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en la que deja en evidencia los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia de Maduro.
El contundente reporte, al que tuvo acceso Infobae, concluye que los organismos de inteligencia del Estado civil y militar de Venezuela funcionan como estructuras bien coordinadas “en la ejecución de un plan orquestado en los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad”.
En ese sentido, los investigadores de la ONU detallan las funciones y contribuciones de varios funcionarios del régimen chavista en los distintos niveles de las cadenas de mando dentro de los organismos de inteligencia.
“Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, señaló Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, quien, además, instó a las autoridades chavistas a investigar estos casos.
“Estas prácticas deben cesar inmediatamente, y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, agregó.
La Misión de la ONU visitó la frontera con Venezuela en julio de este año
En sus informes anteriores, la Misión ya había destacado el significativo rol de los dos servicios de inteligencia militar y civil del régimen chavista, en particular la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en la comisión de violaciones de derechos humanos desde 2014.
El presente reporte ofrece “una comprensión más detallada del papel que desempeñan personas de distintos niveles en las cadenas de mando de ambos organismos en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras personas de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno, incluso mediante la comisión de gravísimos actos de tortura que equivalen a crímenes de lesa humanidad”.
La Misión pudo documentar 122 casos de víctimas que fueron sometidas a “tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por agentes del DGCIM. Estos casos de torturas se llevaron a cabo en la sede del organismo de inteligencia en Boleíta (Caracas), “y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país”.
El SEBIN, por su parte, perpetró actos de tortura y maltrato contra detenidos -entre ellos políticos opositores, periodistas, manifestantes y activistas por los derechos humanos- principalmente en el centro de detención de El Helicoide, en Caracas.
La Misión de la ONU investigó al menos 51 casos desde 2014, y en su último informe detalla cómo las órdenes “fueron dadas por individuos de los más altos niveles políticos a funcionarios de menor rango”.
El documento, que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluye que el SEBIN y la DGCIM “hicieron un amplio uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos”.
Además, los investigadores indicaron que las autoridades chavistas no hicieron rendir cuentas a los autores de esos crímenes de lesa humanidad, así como tampoco proporcionaron reparación alguna a las víctimas, pese a las reformas judiciales anunciadas en 2021 por la dictadura de Maduro. Según la Misión, esos cambios “no han solucionado la falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia”.
“Las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, dinámicas y prácticas, mientras que funcionarios relevantes siguen trabajando para los organismos, y en algunos casos hasta han sido promovidos”, apuntó la Misión en su tercer reporte.
Explotación en el Arco Minero del Orinoco
En 2016, la dictadura de Maduro estableció esa región como una “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional” con el objetivo de ampliar su control sobre la extracción de oro y otros recursos estratégicos, principalmente en el estado sureño de Bolívar.
Desde entonces, la zona se encuentra fuertemente militarizada y gestionado por las Fuerzas Armadas de Venezuela, que cuentan con la cooperación de grupos criminales armados -entre ellos disidencias de las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN- para llevar a cabo el control de minas y las poblaciones locales.
Entre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Ejército venezolano y los grupos irregulares, la Misión de la ONU logró documentar la privación ilegal de la vida, desapariciones, extorsión, castigos corporales y violencia sexual y de género.
“Las autoridades no sólo no han impedido ni investigado estos abusos, sino que la Misión ha recibido información que indica la connivencia entre el Estado y los agentes de la ANS en algunas partes del estado Bolívar”, remarcaron los investigadores independientes.
En el municipio de la Gran Sabana, al sur del estado Bolívar, la Misión también documentó ataques y violaciones contra las poblaciones indígenas.
“La situación en el estado Bolívar y otras zonas mineras es profundamente preocupante. Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en la violenta batalla entre el Estado y los grupos criminales armados por el control del oro. Nuestro informe pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona del país casi olvidada que, al mismo tiempo, genera grandes cantidades de riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales”, manifestó Patricia Tappatá Valdez, miembro de la FFMV.
De esta manera, la Misión de la ONU, establecida en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, vuelve a concluir que desde la llegada de Maduro al poder se han cometido brutales crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En septiembre de 2020, la Misión presentó su primer informe en el que detallaba los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, perpetrados por agentes estatales desde 2014. En el segundo reporte, presentado un año después, los expertos centraron su investigación en la respuesta del sistema de justicia a esas violaciones a los derechos humanos.
