Nuevos reclamos a los gobiernos del continente, en favor de las personas migrantes y refugiadas, y en particular de venezolanos y haitianos, formularon por separado este jueves 9 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).
Los migrantes y solicitantes de asilo “tienen derecho a poder movilizarse de forma segura y digna. Todos tienen derecho a condiciones básicas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje”, dijo Juanita Goebertus, directora para el hemisferio en HRW.
En su informe “Este infierno era mi única opción”, HRW describe los abusos contra migrantes y solicitantes de asilo que se ven compelidos a cruzar el selvático Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, en camino hacia América del Norte.
El texto afirma que “las restricciones al movimiento desde países sudamericanos hacia México y Centroamérica, a menudo promovidas por Estados Unidos, han contribuido a aumentar el número de personas que cruzan el Darién, lo cual las expone a abusos, incluyendo violencia sexual, y fortalece el crimen organizado”.
Más de 440 000 venezolanos cruzaron el tapón desde enero de 2022, la cifra más alta entre todas las nacionalidades, según el informe. También lo han hecho decenas de miles de haitianos, ecuatorianos, de otras nacionalidades americanas y de otras regiones, como Asia y África.
Muchos huyen de crisis de derechos humanos, incluyendo violencia, persecución y pobreza, recuerda el texto. Luego, en México y en su frontera con Estados Unidos, se suman a migrantes del istmo centroamericano.
“Los migrantes y solicitantes de asilo tienen derecho a poder movilizarse de forma segura y digna. Todos tienen derecho a condiciones básicas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje”: Juanita Goebertus.
HRW visitó el Tapón del Darién cuatro veces entre abril de 2022 y junio de 2023 y entrevistó a casi 300 personas para documentar las causas y respuestas a esta crisis, incluidos migrantes y solicitantes de asilo, víctimas de abusos graves, trabajadores humanitarios, expertos, y autoridades de Colombia y Panamá.
Su trabajo encontró evidencias de que los requisitos de visado impuestos por los gobiernos de México y América Central contribuyen al aumento de migrantes que cruzan el Darién.
También encontró HRW que, del lado colombiano del Darién, el Clan del Golfo, un grupo armado involucrado en narcotráfico, regula las rutas que se pueden utilizar, extorsiona a quienes se benefician del flujo humano y establece normas de conducta para la población local y los migrantes.
El Ministerio de Defensa de Colombia estima que el Clan obtiene en promedio 125 dólares por cada persona que cruza el Darién. Si la estimación es correcta, el grupo armado pudo haber obtenido un total de 57 millones de dólares entre enero y octubre de 2023 debido su control sobre la ruta migratoria.
Otros criminales y delincuentes abusan de los migrantes y solicitantes de asilo cuando cruzan las rutas que atraviesan la selva en el lado panameño. Cometen de forma rutinaria robos, abusos y en numerosas ocasiones violaciones sexuales.
La organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) ha asistido a 950 personas, la mayoría mujeres, que reportaron violencia sexual al cruzar el Tapón del Darién desde abril de 2021.
“Las dolorosas historias que escuchamos en el Tapón del Darién son el resultado de políticas migratorias fallidas que empujan a los migrantes hacia una selva donde están expuestos a todo tipo de peligros”, sostuvo Goebertus.
HRW sostiene que con base en la Declaración sobre la Migración y Protección de Los Ángeles, firmada por 21 países de la región en 2022 (durante la novena Cumbre de las Américas en esa ciudad estadounidense), los gobiernos deberían adoptar medidas para garantizar políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos.
Según esa oenegé deberían garantizar que la imposición de visados no impida en la práctica el acceso al refugio y no fuerce a las personas a recurrir a caminos peligrosos, incluyendo el Tapón del Darién.
También deberían crear un mecanismo regional equitativo y centrado en los derechos humanos para determinar cuáles Estados son responsables de examinar las solicitudes de asilo y proteger a los refugiados, y distribuir de manera equitativa los costos de asumir esa responsabilidad.
En particular, deberían “poner en marcha un régimen de protección temporal para toda la región que conceda a los venezolanos y haitianos un estatus legal por un plazo razonable y renovable”.
También la Cidh, en su informe “Personas Migrantes y Refugiadas provenientes de Venezuela”, aborda causas del desplazamiento forzado de venezolanos, como las graves violaciones de derechos humanos, el cierre de espacios cívicos y el reducido acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Ese movimiento migratorio, “de más de siete millones de personas desde 2015, uno de los más grandes del mundo, responde a una estrategia de supervivencia para salvaguardar derechos como la vida, la integridad personal, la salud y la alimentación”, dice el informe del organismo interamericano.
El documento concluye que, para otorgar una protección que responda a la naturaleza forzosa del desplazamiento, “los países de la región deben reconocer estatus de refugiado a las personas que provienen de Venezuela”.
Ese estatus se soporta en la Declaración de Cartagena de 1984, según la cual se aplica la definición de refugiado a “que cobija a las personas que huyen de un territorio por riesgos a su vida, seguridad, libertad, o por la violación masiva de los derechos humanos”, recuerda el informe.
La Cidh concluye en la necesidad de responder al desplazamiento forzoso de venezolanos “desde un enfoque regional, coordinado, basado en la responsabilidad compartida y en el respeto y garantía de los derechos humanos”.
A-E/HM
“Cortesía de IPS Caracas”
