El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) denunció que entre 2013 y 2021, 32 ambientalistas fueron asesinados en Venezuela. Esto según reportó en su informe «El aire huele a mal: situación de personas defensoras del ambiente y el territorio en Colombia y Venezuela».
21 de los homicidios de ambientalistas se cometieron por parte de sicarios mineros o miembros de la guerrilla.
Otros 11 asesinatos se atribuyen a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Víctimas de violencia y represión
Odevida contabilizó un total de 80 casos de defensores de derechos ambientales en Venezuela que han sido víctimas de la violencia y la represión.
El documento detalló que, de ese total 25 fueron detenciones arbitrarias, 11 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 21 víctimas de asesinatos selectivos, 9 víctimas de secuestros y 14 de amenazas.
«La regionalización de los ataques que afectaron a los defensores de derechos ambientales y del territorio coinciden claramente con aquellas zonas donde se desarrollan los conflictos socio ambientales más graves que afectan a Venezuela», indicó la ONG.
Además, Odevida aseguró que no solo los defensores del medioambiente y el territorio son víctimas de la violencia, sino también la población civil e indígena que habita en los territorios afectados por la minería.
El Arco Minero
«Desde 2008, hay un incremento vertiginoso de muertes violentas en los denominados municipios mineros del estado Bolívar, entre ellos el Callao, Sifontes, Roscio y Piar», indicó la ONG.
La organización enfatizó en que la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas diagnosticó que el país no ha adoptado medidas tangibles, concretas ni progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento domésticos.
Odevida instó al gobierno a respetar los tratados internacionales y acuerdos que defienden los derechos ambientales y de la población indígena, a tomar medidas para el control de actividades mineras legales e ilegales y a reparar a las víctimas de hechos violentos en torno a la defensa ambiental.
