La Corte Penal Internacional (CPI) celebró este martes 7 de noviembre en La Haya la primera de las dos audiencias convocadas por la Sala de Apelaciones por el recurso presentado por el régimen de Nicolás Maduro en contra de la decisión de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó al fiscal Karim Khan a continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Durante la audiencia participó la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI, cuya representante, Paolina Massidda, enfáticamente aseguró que «la posición de las víctimas es que Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y amigos».
Massidda respaldó la posición de la Fiscalía de la CPI de que su notificación al Estado venezolano no debía identificar hechos penales específicos que se pretendían investigar «porque no siempre es fácil en el momento en que se inicia esa investigación».
«El nivel de especifidad requerido de un fiscal para evaluar la admisibilidad no es el mismo cuando trata de una situación que cuando trata de un caso en concreto. En el momento de una notificación el fiscal solo puede, a menudo, identificar tipos de crímenes supuestamente perpetrados en una situación dada. De hecho la notificación tiene lugar inmediatamente después de la apertura de la investigación, en un momento en el que no hay evidencia material disponible», puntualizó Paolina Massidda.
«Las Salas han considerado reiteradamente que antes del inicio de una investigación es imposible definir los parámetros específicos de un caso e identificar a los sospechosos para ser imputados (…) Durante la investigación, cuando se recopila la evidencia, entonces el fiscal definirá crímenes y acusados específicos. Esperar otra cosa es empezar la casa por el tejado», sostuvo la representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI.
