La justicia venezolana y en particular su obligación de defender los derechos de los ciudadanos y castigar las infracciones a la ley, forman parte de los aspectos que captan la atención de las organizaciones y organismos internacionales.
Dichas instancias dejaron en claro que las reformas legales e institucionales puestas en marcha por las autoridades nacionales en los últimos dos años no han rendido frutos, por cuanto en su mayoría han sido cosméticas.
A esta conclusión arriba el informe anual 2022 de Acceso a la Justicia, titulado El estado de la justicia y del Estado de Derecho en Venezuela, en el cual se da cuenta de los pronunciamientos y críticas lanzadas a lo largo del año pasado por seis instancias internacionales.
En el reporte se recuerda que la justicia venezolana terminó en el último lugar en el Índice de Estado de Derecho elaborado por la organización World Justice Project (WJP), un puesto que comparte con países como Camboya, Afganistán y la República Democrática del Congo, Estados que presentan graves déficits democráticos.
De la misma manera, se destaca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por décimo octavo año consecutivo, ubicó a Venezuela en el capítulo IV de su informe anual, conocido popularmente como la «lista negra» de los derechos humanos, debido a la injerencia que el Gobierno ejerce sobre otros poderes públicos, en particular la justicia, lo cual «ha derivado en la ausencia del Estado de derecho».
