Los adolescentes detenidos en entidades de atención para el cumplimiento de medidas socioeducativas de privativa de libertad ponen en riesgo sus vidas por exigir sus derechos, según revelaron el martes 30 de abril las ONG Cecodap y Una Ventana a la Libertad.
Este pronunciamiento fue realizado durante la presentación del Informe Especial sobre Patrones de Violación de Derechos de los y las Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (2017 – 2024). En el que se destacan que las protestas, motines y huelgas son las maneras que los adolescentes detenidos usan para rechazar la violación de su dignidad en los centros de detención, que se traduce en tratos crueles o torturas, fallas en la alimentación y retardo procesal.
El director de la ONG Una Ventana a La Libertad, Carlos Nieto Palma, indicó que es más grave la situación en centros de medidas preventivas que en las cárceles. “Lamentablemente, el Ministerio de Servicios Penitenciarios no ha hecho nada al respecto”, sentenció.
La coordinadora de Comunicaciones de Cecodap e investigadora en este informe, Vanessa Moreno, advirtió que hay una opacidad de datos por parte de los 14 organismos encargados de velar por estos jóvenes.
“No existe data pública exhaustiva, detallada y actualizada sobre qué pasa en las entidades de atención para cumplir medidas socioeducativas de los privados de libertad. adolescentes en conflicto con la ley penal”, señaló durante la presentación del informe en la Quinta Papagayo.
La investigadora y coordinadora de Comunicaciones de Cecodap explicó que las garantías más violentadas de los adolescentes entre 2017 y 2024 fueron la dignidad y la separación de adultos.
“Las garantías del Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente (Sirpa) marcan una clara diferencia entre la forma de procesar a adultos y a los adolescentes en conflicto con la ley penal. En su esencia guardan la búsqueda de la reinserción en la ciudadanía y la concientización de la responsabilidad como objetivo”, indicó Moreno.
La investigadora destacó que las entidades Cojedes, Falcón, Monagas, Carabobo, Anzoátegui, Miranda, Yaracuy, Bolívar. Nueva Esparta y Lara son las que más incurren en la práctica de no separar a los adolescentes de los adultos. Sin embargo, alertó que el resto de las entidades también pudieran caer en esta violación, solo que no hay datos oficiales que lo demuestren.
«En siete estados del país no existen centros diferenciados para adolescentes femeninas«, indicó la investigadora.
Añadió Moreno que las gobernaciones son responsables de 17 entidades de atención en 8 estados, lo que supone que de sus presupuestos deben destinar fondos para estas organizaciones, pero esos datos se desconocen debido a la falta de una rendición de cuentas.
¿Qué se puede hacer?
El coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, destacó que es importante tomar algunas recomendaciones para mejorar la situación de estos adolescentes. Como ofrecer datos oficiales desagregados que permitan desmentir las matrices de opinión que señalan que todos o la mayoría de los delitos son cometidos por adolescentes.
“El adolescente que cometió un delito en algún momento fue una víctima. No hubo el músculo social suficiente para quitárselo de las manos a la violencia”, dijo Trapani. El también abogado añadió que se necesita hacer un análisis del tipo de delito que realizan los adolescentes para crear medidas que puedan reducir esta incidencia.
Igualmente, el coordinador de Cecodap sugirió fortalecer las matrices de prevención para que los jóvenes que fueron víctimas no se conviertan en victimarios. Aplicar una política pública e inversión para que los adolescentes victimarios puedan tener una reinserción social exitosa. Fortalecer los mecanismos de prevención y construir mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas.
Información tomada de: El Pitazo
