Organizaciones de derechos humanos criticaron hoy el estado de emergencia de tres meses declarado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en las provincias afectadas por los terremotos del 6 de febrero, ya que en su opinión puede ser usado contra la sociedad civil, por lo que pidieron su levantamiento.
“Es innecesario, desproporcionado en su duración, y da al presidente poderes adicionales que podrían dirigirse contra la sociedad civil y cualquier crítico con la gestión de la crisis”, señaló un comunicado de las ONG, entre ellas la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
Junto a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación para los Derechos Humanos (IHD), OMCT asegura que Turquía posee otras leyes para la respuesta ante emergencias “más proporcionales y acordes con los estándares internacionales”.
El estado de emergencia dictado por Erdogan un día después de los seísmos, advirtieron, puede limitar los movimientos y comunicaciones en las ciudades afectadas por el terremoto, y contempla penas de prisión para personas solo por “publicar rumores falsos, exagerados o noticias que pretendan sembrar el pánico“.
Las ONG alertaron de que en las zonas afectadas ya se han dado casos de periodistas detenidos por “grabar sin permiso” operaciones de rescate, presiones de las autoridades a los supervivientes para que no hablen con la prensa, y amenazas a reporteros y expertos por criticar la respuesta de las autoridades a los terremotos.
El estado de emergencia también puede dificultar las labores humanitarias y de rescate, alertaron las organizaciones, en un momento en el que las autoridades están “politizando” la respuesta, por ejemplo, al impedir a fuerzas políticas de la oposición que participen en las labores de ayuda.
El estado de emergencia, que afecta a 10 provincias turcas, “se produce en un contexto de menguante estado de derecho, en el que el espacio cívico es cada vez mas pequeño (…), aumentan las violaciones de derechos humanos y el acoso a activistas, periodistas y disidentes”, afirmaron las tres organizaciones.
