La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) presentó el informe “La fórmula perfecta para apuntalar la dictadura. Asedio a la Asamblea Nacional de Venezuela”. El estudio identificó 12 patrones “desarrollados por el gobierno venezolano para la reiterada y sistemática persecución y represión de la oposición política” en el Parlamento desde su elección en 2015.
Las prácticas recurrentes evidenciadas son: apertura de procedimientos judiciales caracterizados por la violación del derecho al debido proceso; persecución a través de los medios de comunicación; destitución de cargos públicos; allanamientos irregulares a la propiedad privada; allanamiento a la inmunidad parlamentaria; inhabilitación política; usurpación de las funciones públicas; aquiescencia (permiso) de actos violentos en contra de dirigentes políticos; apertura de procedimientos ante tribunales militares; persecución a familiares, anulación de pasaportes y apertura de procedimientos judiciales y destitución de alcaldes.
Entre el 28 de diciembre de 2015 al 16 de diciembre de 2019, la organización contabilizó 59 parlamentarios de oposición que fueron víctimas de persecución política; 28 legisladores con la inmunidad parlamentaria allanada y 14 a quienes se les ha anulado su pasaporte sin previo proceso ante los tribunales.
“Debido a amenazas de detención o contra su integridad física, 33 diputados se encuentran en el exilio, clandestinidad o refugiadas/os en embajadas. Esta cifra es el equivalente al 19,76% del total de 167 parlamentarias/os de la AN”, se advierte en el documento.
Un caso señalado como uno de los más emblemáticos es el del diputado suplente de Rafael Guzmán (hoy en el exilio), Gilbert Caro. Ha sido detenido en tres oportunidades entre el 2017 y el 2019, sin el menor respeto a su inmunidad parlamentaria. Se alerta que “el 20 de diciembre fue nuevamente detenido y actualmente se desconoce su paradero“.
Cepaz alertó que si bien el “asedio” al Poder Legislativo data desde que la mayoría opositora desplazó al chavismo en las parlamentarias de 2015, los ataques se han incrementado en los últimos meses.
En diciembre fue allanada la inmunidad parlamentaria a cuatro diputados (Jorge Millán, Luis Stefanelli, Carlos Lozano y Hernán Alemán). El 5 de enero, en alianza con el Bloque de la Patria, diputados disidentes instalaron una sesión paralela del Parlamento donde juramentaron a una directiva presidida por el diputado Luis Parra, quien además tomó el control del Palacio Legislativo bajo la protección de la Guardia Nacional Bolivariana.
Persecución extendida
En la investigación en la que también participaron otras ONG como Acceso a la Justicia, Provea, Defiende Venezuela, Transparencia, Centro de Derechos Humanos de las universidades Católica Andrés Bello y la Metropolitana, Observatorio Global de Comunicación y Democracia y Dale Letra, se advirtió también que la persecución se extendió a los familiares de los legisladores y a los propios trabajadores de la AN.
“La persecución se ha extendido a los familiares de los diputados. Sus domicilios han sido vigilados constantemente por los organismos de seguridad del Estado, grabando, fotografiando e intimidando a sus ocupantes. El allanamiento a las casas de los diputados se ha convertido en otro patrón de persecución, dejando entrever el carácter sistemático que caracteriza a los actos persecutorios”.
En el estudio se recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha emitido siete resoluciones con medidas cautelares a favor de nueve diputados, entre ellos el presidente de la AN, Juan Guaidó, Delsa Solórzano y Gilber Caro, para garantizarles el derecho a la vida, al debido proceso y a ejercer plenamente sus funciones. La Unión Interparlamentaria Mundial dictó también medidas de protección a favor de 57 parlamentarios por comprobada tortura, intimidación, arrestos arbitrarios y violación a la inmunidad parlamentaria entre otras irregularidades.
“La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en 2019 una resolución condenando las agresiones a la Asamblea Nacional y la violación de la inmunidad de los diputados”,
El conflicto político entablado desde el Ejecutivo ha afectado incluso el bolsillo de quienes prestan sus servicios al Parlamento. “Los diputados no perciben sus salarios desde el año 2016, ni tampoco los beneficios del cargo. Se estima que la deuda es de aproximadamente 300.936.459,97 bolívares hasta 2018”, reza el informe que identificó los 12 patrones que emplea el chavismo gobernante contra los legisladores.
En cuanto al pago a los trabajadores a cargo de la Oficina Nacional de Presupuesto y el Ministerio de Finanzas se indica que únicamente cancelan salarios y tickets de alimentación, mas no el Seguro Social ni el fideicomiso, entre otros compromisos. “La deuda con los trabajadores correspondiente a los años 2017 y 2018 suma aproximadamente 5.561.175,31 bolívares y queda por cuantificar la del año 2019”, se agrega.
Desde el TSJ
A juicio de las organizaciones, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sigue siendo el principal brazo ejecutor del poder político para atar de manos al Parlamento. El informe recoge que entre 2015 y 2019 se produjeron 119 sentencias “que buscan ejercer el control absoluto por parte del Ejecutivo nacional de todos los poderes y el desmantelamiento del Poder Legislativo”.
Entre los fallos destacan el 260 de la Sala Electoral en 2015, mediante el cual el TSJ suspendió de manera cautelar
las proclamaciones de cuatro diputados del estado Amazonas, lo que dio pie a la posterior declaratoria de desacato con la que se han anulado todas las actuaciones del Poder Legislativo durante 4 años.
La última sentencia recogida en el informe declara la responsabilidad de los diputados Jorge Millán, Luis Stefanelli, Hernán Alemán y Carlos Lozano por los supuestos delitos de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado” y solicita a la Constituyente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria.
De los 12 patrones, el TSJ ha sido el que más ha atacado la institucionalidad del Poder Legislativo, a través de las salas Plena y Constitucional.
Entre las conclusiones presentadas, tras identificar esos 12 patrones, en el estudio se llamó a reconocer y apoyar la institucionalidad que representa la AN más allá de sus aciertos y desaciertos políticos, “como único poder legítimamente electo” y también defender el derecho de los ciudadanos a resistir frente a acciones violatorias de los derechos humanos.
“Debe también precisarse que existen motivos razonables para creer que los actos persecutorios anteriormente mencionados hacen parte de una política de discriminación basada en la ideología política de las personas objeto del ataque, por lo que es fundamental que este tipo de actos sean documentados y denunciados ante los organismos internacionales de violación de derechos humanos”, se indica entre las recomendaciones.
