Las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela van más allá de una denuncia. Familiares de las víctimas, además de sufrir atrocidades por parte de los cuerpos de seguridad del Estado han sido revictimizadas por el sistema judicial y es por esto que exigen que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) avance con las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad en el país.
Las víctimas aseguraron que no están satisfechas con las investigaciones realizadas por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público en Venezuela, a la fecha los casos siguen impunes y según los testimonios de los familiares se debe investigar los crímenes desde el año 2013 hasta este 2022, cuando ocurrieron presuntas ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones de derechos humanos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y el Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones (Olacp) solicitaron a través del informe “24 testimonios, 21 Crímenes de Lesa Humanidad” a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que reanude la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Las víctimas y familiares (muertos en protestas antigubernamentales, presuntas ejecuciones extrajudiciales y detenidos civiles y militares) levantaron la voz para relatar sus testimonios y así denunciar en todos los espacios posibles los hechos ocurridos y exigir que los responsables sean debidamente investigados y sancionados.
Durante la presentación del informe se afianzó el requerimiento de las víctimas y es que tomen en cuenta todos los testimonios ocurridos en el país y que no sólo se investiguen a los agresores, sino a toda la cadena de mando.
Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, asesinada en febrero de 2014, recordó que hace ocho años un GNB le quitó la vida a su hija. “A mi hija de 23 años le quitó la vida un GNB que le disparó a quemarropa en el rostro. Fueron 55 audiencias, 33 meses, 24 funcionarios actuaron en nombre del Estado. Sólo dos fueron juzgados, a uno le dieron 30 años y al otro 16 años”.
Casos como el de Geraldine quedan impunes, a juicio de los familiares y abogados, pues sólo se juzgaron a dos personas y no a toda la cadena de mando.
Durante la presentación del informe estuvieron presentes familiares de las víctimas mortales, pero también los que aún se encuentran detenidos y sufren, presuntamente, de torturas constantes.
“Todos somos presos políticos, tanto familiares como los que están tras las rejas. Mi hijo fue secuestrado por el grupo armado de la Dgcim y llevado al centro de tortura en “La Cueva”, donde logró escaparse a los 12 días. Nos pudo llamar y narrar los hechos, al día siguiente fue secuestrado nuevamente, le dieron un disparo en la pierna izquierda y una puñalada en la derecha”, comentó Franklin Caldera, padre del teniente, Franklin Alfredo Caldera.
Caldera pidió la unión de los familiares de los presos políticos (tanto civiles como militares), con el fin de ser una sola voz para que al fiscal de la CPI le sigan llegando estos informes.
“Todos han padecido los retrasos procesales, la falta de atención, la justicia a destiempo, los maltratos, las torturas, las desapariciones”, comentó Prado.
Las 24 víctimas dieron detalles sobre el proceso penal seguido en sus casos. Destacaron los continuos diferimientos de audiencias, la falta de imparcialidad del sistema de justicia y la ausencia de juzgamiento a mandos altos de la cadena de mando. Situación que desvanece la posibilidad de obtener justicia.
Todas las víctimas concordaron en una misma exigencia, “justicia por las violaciones ocurridas e investigaciones genuinas contra la cadena de mando”.
A la espera
Parte del informe destaca que la apertura de una investigación por crímenes ocurridos en Venezuela es un paso importante en la lucha contra la impunidad, pero a la fecha desconocen muchos aspectos importantes de su desarrollo.
Pidieron a la Fiscalía de la CPI precise cuáles modalidades de los Crímenes de Lesa Humanidad (CLH) conforman el foco de la investigación, el período definitivo abarcado por esta y el alcance de las funciones de la oficina a abrir en la ciudad de Caracas.
El 3 de noviembre de 2021, el actual fiscal de la CPI anunció la apertura de una investigación formal sobre la situación de Venezuela I. La decisión, emitida después de 4 años y 3 meses del inicio de oficio del examen preliminar, aseveró que existe fundamento razonable para creer que en Venezuela se han cometido CLH.
Enviarán informe a la Fiscalía
Humberto Prado, director del Olacp, informó durante la presentación del informe que enviarán un documento confidencial a la Corte Penal Internacional, aunque no precisó fecha. Dijo que lo harán en representación y junto a las víctimas denunciantes. El informe será presentando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mientras que Fernando Fernández, abogado y director de Monitor de Derechos Humanos, consideró que la investigación debería ampliarse en el tiempo y también concentrarse en el crimen de asesinato (ejecuciones extrajudiciales) y desaparición forzada. Hasta ahora, la Fiscalía de la CPI admite los delitos de encarcelamiento y severa privación física de libertad, tortura, violación y otras formas de violencia sexual agravada, y persecución de un grupo, identificable, por motivos políticos.
