El plazo para que políticos venezolanos soliciten al TSJ la revisión de las inhabilitaciones que les impiden competir por cargos públicos finaliza este viernes. Entre ellos se encuentra la exdiputada María Corina Machado, candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales de 2024.
Desde el 1 de diciembre, cuando comenzó el plazo, se conoce de, al menos, dos opositores que pidieron al TSJ la revisión de sus casos, el periodista Leocenis García y el exalcalde Daniel Ceballos.
Pero son más los inhabilitados, como María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano que aspiraron a ser candidatos presidenciales en la primaria de la PUD.
Sin embargo, las miradas están puestas sobre todo en Machado, convertida en la nueva líder de la oposición mayoritaria, luego de haber arrasado en las primarias de octubre, con unos 2,25 millones de votos a favor de su candidatura a la Presidencia.
Machado, inhabilitada en 2015, extendida hasta 2030, insiste que “no hay ningún acto” que pueda recurrirse porque “ni siquiera” le informaron de esta medida.
El 30 de noviembre, Noruega, mediador en las negociaciones venezolanas, informó de la recepción de un procedimiento establecido por el TSJ para “procurar la revisión” de las inhabilitaciones.
El procedimiento establece que los interesados deben presentar una solicitud ante la Sala Político Administrativa del TSJ, acompañada de una copia del acto administrativo que les inhabilitó, así como de los documentos que consideren pertinentes.
Pocas esperanzas con el TSJ
El TSJ tiene 30 días para pronunciarse sobre la solicitud. Si la admite, deberá nombrar un tribunal colegiado para que lleve a cabo la revisión.
La decisión del TSJ sobre la revisión de las inhabilitaciones podría tener un impacto significativo en el panorama político venezolano.
Si Machado y otros opositores consiguen que sus inhabilitaciones sean anuladas, podrían participar en las elecciones presidenciales de 2024, lo que podría dificultar la reelección del presidente Nicolás Maduro.
Sin embargo, es posible que el TSJ, controlado por el chavismo, rechace las solicitudes de revisión. En ese caso, las inhabilitaciones se mantendrían vigentes y los opositores afectados seguirían sin poder competir por cargos públicos.
