Los diputados leales a Daniel Ortega y Rosario Murillo discutirán y aprobarán este miércoles 5 de julio una reforma constitucional remitida por el Ejecutivo sandinista para modificar el artículo 97, que delimita el marco legal de la Policía Nacional. La decisión supone un giro radical para la cuestionada institución: la despojan de su naturaleza civil, la dejan únicamente como “cuerpo armado” y refuerzan la subordinación total al presidente de la República, es decir el caudillo sandinista que “cogobierna” con su esposa.
Aunque en la práctica el cambio puede resultar nimio, ya que la Policía es el principal brazo represor de la pareja presidencial desde 2018, a nivel normativo supone un cambio capital. Para empezar, la reforma elimina la línea que establece que se trata de una “institución profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante”. “En cambio, endurece la definición de cuerpo armado porque coloca de manera preeminente su subordinación a la presidencia, la describe como una institución más de naturaleza coercitiva y hace a un lado el modelo preventivo, proactivo y comunitario”, explica a EL PAÍS la experta en seguridad Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM).
De acuerdo con una documentación legislativa en poder de EL PAÍS, el diputado Mario José Asensio Flórez convocó a una sesión ordinaria para este miércoles 5 de julio a las nueve de la mañana para abordar la reforma al artículo 97 de la Constitución Política. Pero el propósito de la sesión es también la reforma de la Ley de Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional (872).
La modificación constitucional establece ahora que “la Policía Nacional es un cuerpo armado, subordinado al presidente de la República, encargado de proteger la vida de los habitantes del país, preservar el orden social y el orden interno, garantizar la seguridad de las personas y las instituciones, velar por el respeto de los bienes nacionales, sociales y particulares, ejercer la prevención, persecución, e investigación del delito y prestar el auxilio necesario a las autoridades civiles y judiciales para el cumplimiento del desempeño de sus funciones”. Además, remarcan la sumisión policial al aparato del Ejecutivo. “La Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo y en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia”.
Cuadra insiste en que estas reformas se enmarcan en “la institucionalización del Estado policial” que ejecuta una persecución política permanente contra toda voz crítica en Nicaragua. “Estos cambios se hacen en función de legalizar una serie de políticas de seguridad que se han venido implementando de facto, que son de naturaleza represiva, y de vigilancia sobre toda la sociedad nicaragüense. Y lo otro tiene que ver con una reconfiguración de las instituciones estatales para que respondan a este marco jurídico legal”, plantea la experta en seguridad, exiliada en Costa Rica y desnacionalizada por el régimen sandinista.
En otras palabras, los Ortega-Murillo reeditan lo hecho a finales de 2020: sus diputados aprobaron un combo de leyes represivas (Ciberdelitos, Regulación de Agentes Extranjeros, Traición a la Patria y cadena perpetua) para dotar de un marco legal a la persecución que venían ejerciendo desde las protestas de 2018 contra opositores, periodistas, religiosos, partidos políticos, líderes de sociedad civil, feministas, campesinos y todo aquel considerado crítico.
Cárcel para oficiales desertores
Para adecuarse al cambio constitucional, los diputados también modificarán la ley 872, bajo la cual se rige y ordena la Policía Nacional. De acuerdo con el documento de propuesta conocido por EL PAÍS, se adhieren nuevos artículos a la normativa: “Delitos cometidos por el personal policial, incumplimiento de deberes y deserción” policial, la más llamativa de las tres.
La adición de la deserción ocurre en un contexto en el que decenas de policías han huido de las filas de la institución y escapan hacia otros países, como Estados Unidos y Costa Rica. El último caso conocido y sonado es el de la subcomisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez, jefa de bloque en Matagalpa. La oficial prometió “continuar al lado de nuestro pueblo” durante el 42 aniversario policial en septiembre de 2021, cuando ella y 109 oficiales más fueron ascendidos en ese departamento del norte de Nicaragua. Sin embargo, “menos de dos años después huyó a Estados Unidos”, denunció el abogado Yader Morazán, quien fue trabajador del sistema judicial.
El nuevo artículo establece que “el personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”. “Frente a estas deserciones, y al descontento que hay a lo interno de la institución, están tratando de introducir medidas disciplinarias para presionar a los mismos efectivos. Pero también para que el aparato policial no se vea reducido en número o en sus capacidades”, sostiene Cuadra.
Sobre los delitos cometidos por el personal policial, a los oficiales les serán aplicados “los delitos contemplados en esta Ley, sin perjuicio de los establecidos en la Ley N°. 641, Código Penal”. En la adicción de “Incumplimiento de deberes”, “el personal policial que sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión”.
Desde las masivas protestas sociales de 2018, en las que la policía cumplió un rol primordial asesinando manifestantes con disparos letales, la institución ha crecido en número y ha instalado en el país centroamericano un estado policiaco permanente. De acuerdo a organismos de derechos humanos, la policía ha sido clave para la instaurar en régimen totalitario, ya que se encargan de ejecutar capturas de opositores, torturas en prisión, confiscación de inmuebles, y vigilancia en las ciudades para que no exista ninguna expresión de descontento contra sus “jefes supremos”, el presidente Ortega y la “copresidenta” Murillo.
