El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que publica este martes la ONG Transparencia Internacional (TI) reveló que desde 2017 la lucha contra la corrupción está estancada en las Américas, especialmente en países como Venezuela y Nicaragua que permenecen bajo regímenes autoritarios.
Así, ningún país del continente registró mejoras significativas en los últimos cinco años en la clasificación de TI, que mide la percepción sobre los niveles de corrupción en el sector público en una escala de 0 a 100 (del país más corrupto al más “limpio”).
Los países americanos percibidos como menos corruptos en 2022 fueron Canadá (74), Uruguay (74) y Estados Unidos (69), mientras que, en el extremo opuesto de la escala, se situaron Venezuela (14), Haití (17) y Nicaragua (19).
Además, a nivel global, más de dos terceras partes de los 180 países analizados tenían en 2022 un “problema grave” de corrupción y la puntuación media (43 puntos) se ha mantenido sin mejoras por undécimo año consecutivo, según informó la ONG con sede en Berlín.
“Los gobiernos frágiles fallan en su labor de frenar a las redes criminales, el conflicto social y la violencia y algunos exacerban las amenazas para los derechos humanos al concentrar el poder con el pretexto de responder a la inseguridad”, señaló la presidenta de TI, Delia Ferreira Rubio, en relación a las Américas.
Por su parte, la asesora regional de TI para América Latina y el Caribe, Luciana Torchiaro, explicó a EFE que una característica común de todos los países de esa región es que hay muy pocas sanciones contra los responsables de la corrupción.
“El poder judicial es muy lento y en muchos países poco independiente. Todo esto contribuye a este nivel de estancamiento generalizado que observamos”, señala la experta.
Tres países han descendido de manera significativa en la escala en los últimos cinco años: Honduras (23), Haití (17) y Nicaragua (19), que en 2022 bajó a su mínimo histórico -desde la creación del IPC en 1995- como hicieron también Cuba (45) y Guatemala (24).
Este país centroamericano cayó un punto en 2022, un año en el que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad excarceló a un funcionario público acusado de lavado de dinero.
Guatemala vive un declive en la lucha contra la corrupción “casi sin precedentes en la región”, destacó Torchiaro, que habló de una “regresión extremadamente preocupante”.
“Observamos la cooptación total del ministerio público, de las instituciones de justicia, por parte de las élites que gobiernan el país y tienen incluso relaciones con crimen organizado,” señaló, y recordó que varios fiscales guatemaltecos se encuentran en el exilio y hay activistas y periodistas encarcelados.
También el caso de Nicaragua es “extremo”, puesto que la gran corrupción concentrada en figuras del Ejecutivo contribuye a una “violación masiva de derechos” y cualquiera que se atreva a contradecir al Gobierno ve su vida en peligro, remarcó la experta.
Por otro lado, la ONG hizo particular hincapié en su nota de prensa sobre la “volátil” situación en Brasil (38 puntos, al igual que en 2021), ocasionada por una combinación de “corrupción, autoritarismo y desaceleración económica”.
El ex presidente Jair Bolsonaro recurrió a “maniobras corruptas” para beneficiar a aliados políticos y desmanteló estructuras de lucha contra la corrupción, subrayó TI, que recordó que este mes los partidarios del líder ultraderechista trataron de perturbar la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva.
El ascenso del nuevo Gobierno ofrece la oportunidad de revertir esta situación y promover la lucha contra la corrupción, puntualizó Torchiaro al respecto, y aventuró que una evolución en esta dirección tendría la posibilidad de tener un “impacto positivo” en todo el subcontinente.
En su comunicado, TI hizo referencia además a la situación en Perú, donde los disturbios que se viven tras la destitución del ex presidente Pedro Castillo después de que intentara disolver el Parlamento vienen a sumarse a años de inestabilidad política en el país, que mantiene los 36 puntos con que contaba en 2021.
TI destacó por último la expansión del narcotráfico en el Caribe y los altos niveles de criminalidad en Jamaica (44) y Trinidad y Tobago (42), donde más de la mitad de la población opinaba en 2019 que la policía era corrupta.
