El Partido Comunista de Venezuela (PCV) repudió las detenciones, que considera «arbitrarias», ejecutadas en las últimas semanas por organismos de seguridad del Estado contra la activista Rocío San Miguel y dirigentes sindicales en el país.
«Más allá de las profundas diferencias ideológicas y políticas del PCV con la ciudadana mencionada, para las y los comunistas venezolanos es repudiable toda privación de libertad que vulnere las garantías constitucionales y legales que regulan el Estado de Derecho; prácticas históricamente enfrentadas por nuestro Partido y que como hemos denunciado se vienen aplicando contra dirigentes sindicales y trabajadores en general, por ejercer luchas laborales o denunciar hechos de corrupción; tales son los casos, entre otros, de los sindicalistas siderúrgicos Leonardo Azócar y Daniel Romero y el más reciente del dirigente sindical magisterial Víctor Venegas», señala parte del escrito.
A continuación, el comunicado completo:
COMUNICADO.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV, 16° Congreso) repudia las detenciones arbitrarias, con graves vulneraciones a las garantías constitucionales, cometidas en las últimas semanas por organismos de seguridad del Estado contra ciudadanos y ciudadanas que ejercen actividades políticas públicas en oposición al actual Gobierno, siendo uno de los casos más graves la desaparición forzada temporal perpetrada contra la activista Rocío San Miguel, detenida junto a varios familiares, sin que se le hubiera permitido comunicación inmediata con su abogado o abogada y sin que por varios días existiera información cierta de su sitio de reclusión ni de su estado de salud, contraviniendo lo establecido expresamente en la Constitución de la República, en su artículo 44, numeral 2°.
Más allá de las profundas diferencias ideológicas y políticas del PCV con la ciudadana mencionada, para las y los comunistas venezolanos es repudiable toda privación de libertad que vulnere las garantías constitucionales y legales que regulan el Estado de Derecho; prácticas históricamente enfrentadas por nuestro Partido y que como hemos denunciado se vienen aplicando contra dirigentes sindicales y trabajadores en general, por ejercer luchas laborales o denunciar hechos de corrupción; tales son los casos, entre otros, de los sindicalistas siderúrgicos Leonardo Azócar y Daniel Romero y el más reciente del dirigente sindical magisterial Víctor Venegas.
Es por tales razones que expresamos también nuestro rechazo a la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro, anunciada a través de la Cancillería, de suspender el funcionamiento en Venezuela de la Oficina Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de expulsar del país a su personal, esgrimiendo argumentos manipuladores que carecen de lógica jurídica y política. Esa instancia de la ONU da cuenta de denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por los Estados y por tanto no le corresponde opinar o actuar ante supuestas o reales denuncias de conspiración contra el Gobierno, las que sirven para justificar detenciones y amenazas contra todo aquel que cuestiona las políticas oficiales. Con el cierre en Venezuela de la mencionada Oficina Técnica de la ONU especializada en Derechos Humanos, el Gobierno nos dice que pretende actuar con total impunidad en su persistente vulneración de los derechos fundamentales del pueblo trabajador en general y de todo aquel o aquella que le cuestione su conducta contraria a los preceptos constitucionales.
En tales condiciones, el PCV alerta que en medio de la actual agresiva escalada represiva y antidemocrática, bajo el eslogan de una furia reaccionaria concebida por el gobierno para liquidar todo disenso a sus políticas antipopulares y su estilo autoritario de gestión, se utilizan todas las instituciones del Estado como instrumentos al servicio de la perpetuación en el poder de la actual élite gubernamental neoliberal y corrupta. En tal sentido, instamos al ciudadano Fiscal General a hacer cumplir las garantías constitucionales y a no validar y amparar las continuas violaciones al Estado de Derecho.
Denunciamos que con el terror estatal, la cúpula del PSUV pretende imponerle al país un proceso electoral con reducida participación popular y sin opciones reales de alternabilidad en el poder. Precisamente con ese objetivo fue judicializado el PCV, para arrebatarle a su militancia el derecho a la participación electoral e impedirle al pueblo trabajador contar con una opción verdaderamente revolucionaria en los próximos comicios electorales.
Ante la profundización del autoritarismo antidemocrático, que afecta a todos los que no se hacen cómplices de un gobierno que ha traicionado al pueblo venezolano, llamamos a rechazar todas las violaciones a la Constitución y las leyes de la República, uniendo fuerzas obreras, campesinas y populares para derrotar a los dos factores (del gobierno y de la ultra derecha opositora) causantes ambos de la actual tragedia nacional.
Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela
Caracas, 19 de febrero de 2024.
