El Partido Comunista de Venezuela (PCV) cuestionó el proceso que condujo a la reciente sentencia a 16 años de cárcel de seis activistas sociales y sindicales entre los que se encuentra el presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios y miembro de la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela, (Codesa).
“El abogado defensor y sus familiares señalan que estos ciudadanos fueron acusados de dirigir acciones conspirativas sin pruebas que lo sustenten”, declaró Maribell Díaz, integrante del buró político del PCV.
El procedimiento seguido le resta fortaleza a la decisión. Independiente de la orientación política de estos seis activistas, el PCV rechaza las violaciones al debido proceso en este caso, agregó Díaz.
La tolda del gallo manifestó su preocupación por la agudización de la política de criminalización de trabajadores y la continuada violación de la Constitución por parte de los poderes públicos.
Díaz también se refirió a las recientes declaraciones del Gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, quien instó a la militancia del partido de Gobierno a expulsar con violencia a cualquier persona que adverse la política del gobierno.
“El Fiscal General debería activar una investigación pues esto desdice la conducta democrática que debe caracterizar a un gobernador, así como a cualquier funcionario del Estado”, dijo.
Por otro lado, el PCV informó que el pasado 2 de agosto, las organizaciones integrantes del Encuentro Nacional en Defensa de los Derecho del Pueblo, se apostaron ante la Contraloría General de la República para exigir una respuesta oportuna ante el desfalco a la industria petrolera y la participación de altos funcionarios de la cúpula de gobierno, entre ellos Manuel Quevedo, Asdrúbal Chávez y Tarek El Aissami.