El lapso legal para la designación de nuevos magistrados del TSJ se cumplió el 26 de marzo pasado, pero más de una semana después el parlamento controlado por el oficialismo sigue sin decidir quiénes portarán togas. El proceso avanzó acelerado hasta su etapa final, cuando la discusión dentro de la coalición gobernante ha dejado en veremos la recomposición del Poder Judicial.
Del apuro solo queda el cansancio, y las peleas internas.
El proceso de selección de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia en la Asamblea Nacional que controla el oficialismo avanzó con rapidez hasta su última etapa, donde se estancó. El parlamento ha cambiado al menos ocho veces la convocatoria a la sesión ordinaria que el Legislativo debe realizar para designar a los nuevos 20 magistrados del Poder Judicial, además de sus suplentes, por mayoría calificada de dos tercios luego de entregada una lista final por parte del Comité de Postulaciones Judiciales.
Algunos creyeron que el proceso estaría influenciado determinantemente por la posibilidad de retomar el diálogo y la negociación política entre el gobierno y la oposición que se realizaba en México, pero las razones son más internas del propio chavismo, según informan fuentes parlamentarias a TalCual. Afirman que simplemente, dentro del PSUV, no hay acuerdo sobre quiénes entran y quiénes no a ocupar las sillas de magistrados por los próximos 12 años.
El 22 de marzo, Jorge Rodríguez anunció que esa Asamblea Nacional evaluaría en cinco días el último listado de aspirantes, que ya había pasado por la depuración del Comité y del Poder Ciudadano y quedó en 271 nombres, no publicados. Daba cuenta así del lapso legal establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica del TSJ.
La primera convocatoria a una sesión para las designaciones fue el 25 de marzo. Ese día el punto no fue discutido y, según el diputado de la bancada no psuvista José Gregorio Correa, al asunto «le falta conversa» para seleccionar a los mejores postulados. Pero desde el Palacio Federal Legislativo confirman a este medio que esa conversa ya no incluye a los opositores.
Cuentan los informantes que ya los factores ajenos al chavismo pusieron sus cartas sobre la mesa, y que el asunto está en manos del oficialismo. Y hay varias trabas: por una parte, la cantidad de magistrados que «les darían a la oposición» -el debate va entre uno y cinco repartidos en distintos sectores- y, por otra y más importante, el reparto entre factores de la coalición gobernante de los cargos dentro del TSJ.
Dos terremotos recientes han influido en tales retrasos. Por un lado, las declaraciones del diputado Pedro Carreño denunciando una mafia judicial con dos «magistradas» que no ostentan tales cargos pero controlan las decisiones del Máximo Tribunal aparentemente con el beneplácito de su actual presidente Maikel Moreno, cuestionado a lo interno del PSUV. Por el otro, el incidente en el concierto de Morat, donde una persona armada blandió su pistola en la multitud y quedó grabada en cámara para luego ser señalada de ser supuestamente escolta de la magistrada Indira Alfonzo, que hasta ese momento estaba en todas las quinielas para repetir en el cargo.
Para leer la nota completa, pulsa aquí
