La situación de los jubilados y pensionados en el país es lamentable y deplorable. No sólo es preocupante la miseria que perciben, menos de un dólar al mes –el monto se convirtió en un pago simbólico en medio de una hiperinflación que pulverizó las pensiones y los sistemas de jubilación–, sino a lo que se someten a un verdadero viacrucis para cobrarla en los bancos. En cada región, por sus particularidades y problemas propios, la odisea de cobrar la pensión tiene elementos o situaciones diferenciadoras, pero todas llegan a la misma conclusión: maltrato, irrespeto y abandono de los adultos mayores.
Por Correo del Caroní junto a Tal Cual, El Tiempo (Anzoátegui), La Mañana (Falcón), El Impulso (Lara), La Nación (Táchira), Yaracuy al Día (Yaracuy) y La Verdad (Zulia) se unieron para ofrecer una visión más amplia de esta situación en los cuatro puntos cardinales del país.
En Bolívar no saben qué es pensión
Rosa Lima, de 83 años, tiene cinco meses sin cobrar la pensión. En primer lugar, por la cuarentena que ya roza los ocho meses y, después, por lo complicado que ha sido que la atiendan en el estatal Banco Bicentenario. Más de una vez ha regresado a su casa en la vía a El Pao, una zona rural cercana del estado Bolívar, a más de 40 minutos de Ciudad Guayana, con las manos tan vacías como su estómago.
En la entidad bancaria se reactivó el cobro de pensión con el primer esquema de flexibilización anunciado por Nicolás Maduro en junio. Las colas eran enormes y los ancianos esperaban cobrar los meses acumulados por la cuarentena. Eso no sucedió. Quienes corrieron con la suerte de ser atendidos, recibieron la mitad de un mes de pensión, que no equivale ni a un dólar.
Como Rosa, muchos llegan desde las seis de la mañana, sin comer, de pie bajo el sol por más de cuatro horas. Los pensionados reclaman una pensión que les alcance para cubrir la canasta básica, y un trato digno dentro de las instituciones bancarias. “Si uno tiene hambre, pues saca una yuca del patio y se la come con ají, esa es la verdad”, dice.
“Yo no te voy a mentir, tampoco me avergüenza, sí estoy pasando hambre, y cobro a veces Bs. 200 mil de pensión que, ¿para qué me alcanzan?”, confesó la anciana, mientras se apoyaba en una escultura de Chávez de la entrada del comisare de CVG Ferrominera Orinoco, en Puerto Ordaz, pues le dolían las piernas. Las tenía hinchadas.
Ese día fue a retirar la bolsa de alimentos que le corresponde a su esposo, extrabajador de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). Con él en cama, tras sufrir un accidente cerebrovascular, Rosa depende casi 100% de la bolsa de comida que entregan esporádicamente en la empresa como beneficio, y a la que se aferra con desespero porque sabe que no puede contar con la pensión.
Wolfgang Colmenares también llegó de la vía a Upata a buscar una bolsa de alimentos en Puerto Ordaz. Recorrió una distancia de más de 30 minutos y pagó hasta tres carros para llegar al lugar. Ese día no lo atendieron.
El hombre de 62 años trabajó 20 años en CVG Ferrominera Orinoco como camarero. Lo jubilaron tras un accidente laboral: la ambulancia en la que iba ese día de trabajo chocó contra otro carro. Desde entonces, la fractura de su pie derecho no lo deja caminar con normalidad.
Para él, la pensión también es insuficiente. Por eso ve en la bolsa de comida y en los bonos del carnet un salvavidas con el que, si bien no flota, al menos no termina de hundirse, dice él. “Yo no sé qué es pensión, voy al banco y me dicen todo el tiempo que no hay dinero, no he visto rial de la jubilación porque CVG no me paga tampoco”, lamentó.
Por eso cuando le dijeron que no le iban a dar la bolsa de comida, casi llora. Su plan era pasar la noche durmiendo en una silla en el Hospital Américo Babó de Ferrominera Orinoco, en el que trabajó por 20 años, con la esperanza de ser atendido al día siguiente. “Nosotros que nos hemos sacrificado tanto, ¿Cómo nos pagan? Yo voté por Chávez, y estoy arrepentido”, zanjó mientras con dolor recuerda lo que fue el emporio industrial de Guayana, y el orgullo de sus trabajadores.
Los anzoatiguenses insisten en retirar el efectivo
En Puerto La Cruz, municipio Sotillo del estado Anzoátegui, los pensionados hacen colas en las entidades bancarias por varios días, la razón: las constantes fallas en el servicio eléctrico y de internet ralentizan más las operaciones y el funcionamiento de las agencias, que reciben usuarios hasta la 1:00 pm. A pesar de esto, los anzoatiguenses de la tercera edad insisten en retirar el monto correspondiente a su pensión y/o jubilación, porque aseguran que “en efectivo” les rinde más el dinero al momento de hacer sus compras.
Ir al banco en Falcón es el doble de la pensión
Una pensión no es una dádiva, ni un regalo del Estado venezolano: es un derecho adquirido conforme a las leyes de protección social contempladas en la Constitución Nacional. Lamentablemente hoy en Venezuela se está transgrediendo a uno de los sectores socialmente más sensibles.
Hablar de un pensionado es referirse necesariamente a una persona que dedicó su vida al servicio de la nación, contribuyendo a su desarrollo. Actualmente, un pensionado en Venezuela gana 400 mil bolívares, equivalente a menos 0,77 centavos de dólar. Esto no le alcanza ni siquiera para comprar un paquete de harina precocida, producto referencial y necesario en la alimentación de los venezolanos.
La última encuesta realizada por la Intersectorial de los Pensionados y Jubilados de Venezuela da cuenta que el 97% de los pensionados abandonaron sus tratamientos médicos, debido a que no cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrirlos.
Venezuela, después de ser un país con una de las economías más pujantes del continente, en menos de un año el salario mínimo bajó a menos de 1 dólar mensual. Esta cifra coloca a más de cuatro millones de pensionados en niveles de pobreza extrema y en condiciones socialmente miserables.
Luego, cobrar la pensión resulta una misión imposible. A manera referencial: para cobrar la pensión en una entidad bancaria de Coro, un pensionado que vive en la población de Zazarida, municipio Zamora del estado Falcón, necesita 200 mil bolívares para trasladarse hasta Cumarebo. Luego, de Cumarebo para Coro, necesita 800 mil bolívares ida y regreso. Es decir, un total de un millón de bolívares en gastos para cobrar 400 mil bolívares, lo cual infiere un déficit de 600 mil bolívares. Situaciones similares a esta se vive en la mayoría de los municipios del estado Falcón. Esto es sencillamente imposible.
Otra de las limitantes para hacer efectivo el cobro de la pensión lo representa las constantes fallas del sistema o la plataforma bancaria. “No hay línea”, es una de las frases más comunes pronunciadas por los funcionarios o empleados de los bancos. “Venga mañana”, representa la opción para postergar el drama que constituye a una larga espera; luego de pernoctar desde el día anterior, dormir en las inmediaciones de las entidades bancarias, expuestos a la intemperie durante la noche, a expensas de la delincuencia, o las inclemencias del sol durante largos días. Cobrar una pensión demanda estoicismo de los pobres ancianos.
La imposibilidad para cubrir el costo de los pasajes y la falta de transporte público se agregan a una serie de factores que influyen de manera negativa y en perjuicio de los pensionados.
Adicionalmente, al cúmulo de inconvenientes y limitaciones, la aparición de la COVID-19 se agrega como un elemento disociador de los pensionados: acuden a las entidades bancarias con el riesgo de contaminarse con este virus, sin las garantías y las prevenciones de bioseguridad. Este riesgo va desde el mismo momento de su traslado hasta el incumplimiento de estas medidas, cuando se ven a la imperiosa necesidad de aglomerarse frente a los bancos autorizados para la cancelación de las pensiones.
Son precisamente los pensionados por su avanzada edad, las personas más vulnerables y sensibles a la pandemia.
El artículo 80 de la Constitución de Venezuela establece que “el Estado con la participación solidaria de la familia y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida”. Esto no se cumple, por el contrario, los pensionados son vejados y sometidos a las más cruentas violaciones de los derechos humanos, al exponerlos en largas colas bajo un inclemente sol, y a la lluvia en ocasiones, deteriorando su calidad de vida.
Las constantes violaciones por parte del gobierno contra los pensionados son más que evidentes.
Los pensionados han venido reclamando una pensión que satisfaga sus necesidades. Amparándose en el artículo 91 de la Constitución, el Estado venezolano está en la obligación de ajustar este beneficio, tal y como debe ocurrir con los salarios, tomando como una de las referencias el costo de la canasta alimentaria.
