La muerte no ha cesado en la frontera. La detención, desaparición y el asesinato de civiles culpables y/o inocentes, por el enfrentamiento entre los grupos guerrilleros por el control del territorio, continúa; algunos se hacen públicos, la mayoría no. Hace unos días uno de los secuestrados y asesinados por el ELN fue Juan de Dios Hernández, un dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV). El más reciente informe de Human Rights Watch (HRW), presentado por Tamara Taraciuk Brones, directora en funciones para la Américas, revela lo que muchos habitantes de Apure han manifestado: la actuación conjunta de funcionarios del Ejército venezolano con el ELN.
Infobae | Sebastiana Barráez
La guerra más cruda por el control del territorio arrancó el 30 de diciembre, en territorio venezolano, con el asesinato de José Noel Ortega Fandiño, alias El Cherry, un activo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que responsabilizó a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a quienes HRW llama Comando Conjunto de Oriente.
Tal y como muchos testimonios lo han revelado a Infobae, también múltiples testigos, personas desplazadas y funcionarios humanitarios dijeron a Human Rights Watch “que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, en particular de la FANB y la GNB, han realizado operaciones conjuntas con guerrilleros del ELN y habrían sido cómplices de sus abusos”.
Una testigo le dijo a HRW: “Esa mañana llegaron más de 10 hombres armados en motos y camionetas, unos se identificaron como el ELN y otros eran de la fuerza militar venezolana. Vi sus insignias de la FANB en sus uniformes”.
Otro testigo dijo que miembros de las FANB llegaron a su comunidad en Apure con guerrilleros del ELN, quienes se llevaron por la fuerza a varias personas a las que acusaban de colaborar con el Comando Conjunto de Oriente (disidencias FARC). “Los militares llegaron junto con los del ELN, pensé ‘nos van a matar a todos’”, dijo. “(Los militares y miembros del ELN) empezaron a gritar unos nombres, entraron a las casas de esas personas y se los llevaban amarrados”.
HRW asevera que “desde enero de 2022, las autoridades venezolanas han dicho que las fuerzas venezolanas han destruido campamentos guerrilleros y laboratorios de drogas y han arrestado a 35 miembros de grupos armados a los que llaman Terroristas, Armados, Narcotraficantes de Colombia (TANCOL). Sin embargo, todas esas operaciones parecen haber tenido como objetivo al Frente 10 (FARC) y otros elementos del Comando Conjunto de Oriente, no a otros grupos”.
“El Comando Conjunto de Oriente es una coalición de grupos disidentes de las FARC que incluye a los grupos conocidos como Frentes 28 y 45 y al Frente 10, que es el más importante en la zona. El Comando Conjunto de Oriente opera bajo el liderazgo de alias “Gentil Duarte”, un ex comandante de las FARC que no aceptó el acuerdo de paz y quien coordina múltiples disidencias en Colombia”.
FANB y ELN
Uno de los testimonios revelados por HRW relata que dos miembros del ELN y un soldado de la FANB llegaron a la casa de Darío Salcedo (seudónimo) en El Ripial, Venezuela, la madrugada del 2 de enero, preguntándole dónde podían encontrar a su vecino Fernando Murillo (seudónimo). El soldado acusó a Salcedo y Murillo de ser “informantes” del Comando Conjunto de Oriente (disidencias de las FARC). Salcedo lo negó y los elenos lo amenazaron de muerte.
Agregó que cuando otro miembro del ELN llegó a la casa dijo que habían encontrado a Murillo. “Cuando los guerrilleros se fueron, Salcedo vio a través de una rendija en su puerta cómo dos miembros del ELN empujaban a Murillo, quien estaba atado de pies y manos, al suelo en el patio trasero de Salcedo”.
Otro testigo le confirmó esos hechos a Human Rights Watch: “Salcedo dijo que un miembro del ELN le disparó dos veces a Murillo y los guerrilleros arrastraron su cuerpo a una camioneta”.
Al inicio del crudo enfrentamiento entre los grupos, el 2 de enero, “miembros del ELN se llevaron a Pedro Benítez (seudónimo), un campesino de 42 años, de su casa en una zona rural de El Ripial, Venezuela. Los guerrilleros ataron a Benítez de pies y manos y lo subieron a la fuerza a una camioneta, dijo un familiar que presenció los hechos. Un miembro del ELN acusó a Benítez de ser informante del Comando Conjunto de Oriente y le dijo a la familia que abandonara la comunidad de inmediato, dijo el familiar”.
“Algunos huyeron al departamento de Arauca, pero dos de sus hijos, que estaban trabajando en una finca cercana ese día, no aparecían, dijo el familiar. Días después, una vecina le dijo al familiar de Benítez que guerrilleros del ELN habían matado a Benítez y a sus hijos, según contó. La vecina le mostró dos fotos de los cuerpos”, esa versión también la obtuvo Human Rights Watch, a quien la vecina le confirmó que quienes aparecían en las fotos eran los familiares de Benítez.
Así como sucede en la frontera del lado venezolano, también ocurre del lado colombiano; HRW destaca dos casos puntuales, el del asesinato del activista comunitario Miguel Alexis Amado Carrillo cuando salía de su casa en Arauquita el 17 de enero; y el ocurrido el 25 de enero, cuando dos hombres armados mataron a balazos a Álvaro Peña Barragán en una finca en Tame, Arauca; al día siguiente, asesinaron a su esposa, Rosalba Carmenza Tarazona Ortega, durante su funeral. En esos casos los autores serían del Comando Conjunto de Oriente alegando que habían cooperado con el ELN.
Los niños, las víctimas
A ambos lados de la frontera, el ELN y el Comando Conjunto de Oriente (coalición de disidencias FARC) han forzado a numerosas personas a incorporarse a sus filas, incluyendo menores. El 20 de enero, miembros del ELN irrumpieron en una casa en la zona rural de Puerto Páez, Apure, y se llevaron a la fuerza a una niña de 14 años y a su hermano de 18, dijo un familiar. El 28 de enero, una vecina le dijo a su madre que sus hijos habían sido asesinados durante enfrentamientos con una disidencia de las FARC y le indicó dónde encontrar sus cuerpos. La madre fue a la zona y encontró los cuerpos de sus hijos. Dijo que había muchos más cadáveres allí.
Denuncias creíbles, así cataloga Human Rights Watch, los casos de desapariciones, secuestros y reclutamiento forzado por parte de grupos armados contra personas en la frontera incluyendo niños. “En la madrugada del 2 de enero, guerrilleros del ELN ingresaron a la finca donde vivían Celina Franco (seudónimo) y su familia en una zona rural de El Amparo, Apure”.
La terrorífica experiencia, según lo que Franco reveló a HRW “los miembros del ELN la acusaron a ella y a su esposo, Pedro Ramírez (seudónimo), de dar alimentos a miembros del Comando Conjunto de Oriente (FARC) y ser sus informantes. Ellos negaron las acusaciones, pero los guerrilleros amenazaron con reclutar a sus hijos, de 8 y 15 años, si la familia no abandonaba la zona de inmediato”.
“Franco, su esposo e hijos comenzaron a caminar hacia el río Arauca para huir a Colombia. Pero los guerrilleros del ELN detuvieron a Ramírez, lo golpearon con la culata de un rifle en las costillas y le amarraron las manos. Celina Franco huyó a Colombia. Tres días después, un hombre que no conocía se le acercó y le dijo que no debería preguntar por su marido”.
Otro testimonio es el de Elvia Rodríguez (seudónimo), mujer indígena sáliba de 34 años que vivía en una zona rural de Puerto Páez, Apure, dijo que el 26 de enero guerrilleros del ELN irrumpieron en su casa, donde ella y su esposo, Ramiro Meneses (seudónimo), dormían con sus cuatro hijos. Los hombres dijeron a su esposo que “él ya estaba advertido; o se iba con ellos o se llevaban a sus hijos”. “No tenía opción, le tocaba irse con el grupo. El 29 de enero, su suegro le dijo que Meneses había muerto en un enfrentamiento con disidentes de las FARC”.
Mientras eso sucede en Apure, también se repite al otro lado del río, en territorio colombiano. El 2 de enero, guerrilleros del ELN llegaron a una zona rural de Arauquita, Arauca, y sacaron de sus casas a por lo menos 20 jóvenes, dijo una testigo a HRW. Los guerrilleros les ataron las manos y los obligaron a subir a camionetas y motocicletas. Cuatro elenos irrumpieron en la casa de la mujer y se llevaron a su hijo de 18 años para que se uniera a la guerrilla; a ella la amenazaron de muerte si no se iba de la comunidad; la mujer se fue y no ha sabido nada de su hijo desde entonces. “Todas las familias del pueblo huimos asustadas”, dijo.
HRW asegura que, hasta el 11 de marzo, más de 3.300 personas, incluyendo colombianos y venezolanos, habían huido de Apure hacia los departamentos colombianos de Arauca y Vichada, según organizaciones humanitarias. Esto se suma a las personas que se encuentran desplazadas internamente en Arauca.
