La libertad de expresión es un derecho inherente del ser humano porque está asociada con el desarrollo de la personalidad, así como también con la difusión de ideas. Cuando regímenes dictatoriales aplican la fuerza o artimañas para coaccionar y atentar contra ella, es claro que se infringe un sinfín de normativas y estatutos reconocidos en todos los acuerdos, tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos.
Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli en conversación con La Patilla, la libertad de expresión puede concretar riesgos o temores a estas administraciones antidemocráticas.
“Por supuesto que no es permisible la libertad plena de expresión en países donde, por ejemplo, el tema religioso es un objeto fundamental dentro de la cultura de sus países. También resulta la libertad de expresión un elemento que hay que restringir o condicionar de acuerdo a la visión del Estado. Entonces, esa es la razón por qué lo limitan o lo conculcan, justo y precisamente porque eso es un vehículo para expresar las ideas, el pensamiento, para buscar conocimiento y divulgarlo”, explica.
Raffalli detalla que en Venezuela la libertad de expresión está prevista expresamente en la Constitución como un derecho, pero además, el artículo 23 de la Carta Magna le da preeminencia y aplicación preferente a los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos. “En consecuencia, todos los funcionarios públicos, empezando por los propios jueces, están obligados a aplicar esas normas internacionales que consagran y protegen el derecho a la libertad de expresión con preeminencia incluso al derecho interno y de manera directa”, menciona.
Al respecto, Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), recuerda que “tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los principales instrumentos en materia de derechos humanos a nivel mundial y regional, protegen el derecho a la libertad de expresión. Además, cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y comités de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Humanos, que interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, han adoptado decisiones donde se ha reforzado la protección a este derecho y rechazado la censura previa”.
Instrumentalización de leyes coercitivas y censura previa
Más allá de lo que establezcan las leyes locales y los tratados internacionales, el régimen chavista se empeña en criminalizar a quienes contraríen sus posturas o pensamientos, actuando como víctima, juez y verdugo.
Por ello, Taraciuk enfatiza que “el gobierno de (Nicolás) Maduro ha abusado de su poder para regular a los medios de comunicación desde hace varios años. Esto lo vimos reflejado en el cierre de medios críticos, en las campañas de estigmatización y hostigamiento y en el uso abusivo de la Ley contra el Odio”. Esta última fue publicada en Gaceta Oficial en noviembre de 2017 y representó un apretón más de la mordaza chavista, que ya había arrancado a finales de 2004, durante la administración del fallecido expresidente Hugo Chávez, con la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, también denominada como “ley Resorte”.
La activista comenta que “debido a la importancia de los medios digitales, esa restricción de las expresiones se tradujo en el bloqueo sistemático de sitios web de medios como Efecto Cocuyo, Crónica Uno y El Nacional e interrupciones en el servicio de internet”.
Taraciuk asegura que “el derecho internacional ha determinado que el derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa. Es decir, no pueden existir controles directos o medidas indirectas que impidan a los medios publicar información. En este caso, el bloqueo de medios digitales es una forma de censura. Cualquier restricción debe estar en una ley y perseguir un objetivo legítimo. Silenciar expresiones incómodas para el gobierno de Maduro no es uno de ellos”.
Por su parte, Raffalli opina que “la criminalización de las ideas es precisamente una herramienta de los gobiernos dictatoriales, autoritarios, antidemocráticos, que no quieren que esas ideas, que el conocimiento y que el pensamiento se divulguen porque pueden poner en peligro su propia estabilidad y generar una desestabilización que pueda implicar cambios políticos. Entonces, la explicación que se le da a eso no es otra que el miedo. Y el miedo es uno de los factores que más fomenta las limitaciones ilegales a la libertad de expresión en todas sus manifestaciones, sea a través de la prensa escrita o de los medios sociales, o los discursos políticos o públicos”.
En ese sentido, el constitucionalista acota que el primer elemento que utiliza el chavismo para criminalizar la libertad de expresión es justamente la ley. “Ahora, el problema de la libertad de expresión en Venezuela es que además hay leyes que son inconstitucionales y que tratan de limitar o restringir la libertad de expresión”. Además, Raffalli puntualiza que “cuando el propio gobierno domina el Parlamento o a través de leyes habilitantes que puede dictar el presidente de la República, pues ese mismo gobierno establece normas que pretenden restringir, limitar o establecer sanciones muy severas a quienes incurran en ciertos hechos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión”.
