Al menos 72 personas fueron detenidas en la séptima noche consecutiva de disturbios en Francia, que registró menos episodios de violencia, en una tendencia que viene confirmándose desde el fin de semana.
Las cifras de arrestos de la noche del lunes al martes comunicadas por el Gobierno, que no ha señalado por el momento incidentes de gravedad, son netamente inferiores a los 157 de la precedente y a los 400 en la del sábado al domingo.
También se contabilizaron 159 autos incendiados, 24 edificios públicos dañados por ataques de alborotadores, así como cuatro comisarías o cuarteles de las fuerzas del orden, que siguieron al mismo nivel de movilización, con 45.000 policías y gendarmes desplegados.
El presidente, Emmanuel Macron, recibe este martes en el Palacio del Elíseo a más de 200 alcaldes de localidades que han registrado disturbios que, según la patronal Medef, ya han tenido un coste estimado en más de 1.000 millones de euros, con más de 200 comercios totalmente saqueados y 300 agencias bancarias destruidas, además de 250 estancos.
La patronal no ha incluido en esta evaluación el impacto que puede tener para la imagen de Francia y para el turismo este estallido social, desencadenado por la muerte el día 27 de un joven de 17 años por el tiro de un policía cuando trataba de saltarse un control al volante de un coche para el que no tenía carné.
Macron, que anoche visitó varios cuarteles de bomberos de París, que están en primera línea de las algaradas para apagar fuegos generados por los alborotadores, aludió a la posibilidad de sancionar económicamente a las familias de menores responsables de violencia, en lo que se entiende como una referencia a las ayudas sociales.
Según el diario Le Parisien, el jefe del Estado dijo que “con la primera infracción, habría que llegar a sancionar fácilmente a las familias” con “una especie de tarifa mínima desde la primera tontería”.
La primera ministra, Élisabeth Borne, por su parte, recibe igualmente por la mañana a los jefes de los grupos parlamentarios de la mayoría, después de haberlo hecho ayer con los de la oposición.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, apuntó a las familias que han permitido que sus hijos causen estragos en las calles, afirmando que el promedio de los detenidos es de 17 años, y que algunos tienen sólo 12 años.
“No corresponde ni a la policía nacional, ni a la gendarmería, ni al alcalde, ni al Estado resolver el problema de un niño de 12 años que incendia una escuela. Es una cuestión de patria potestad”, declaró Darmanin durante una visita a Reims.
EFE
