La inhabilitación contra la precandidata presidencial María Corina Machado por parte de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas y ha activado las acciones de lobby ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) tanto por parte de la empresa Chevron como por dirigentes políticos sobre todo vinculados al partido Voluntad Popular.
Por Petroguía
En Chevron surgió el temor de que la medida contra Machado fuera a llevar al gobierno de Joe Biden a revertir la flexibilización que se adoptó a fines del año pasado y que ha permitido a la compañía comenzar a recibir crudo a cambio de reducir el monto que le adeuda Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Esa medida ha favorecido las exportaciones de crudo venezolano hacia Estados Unidos después de cuatro años, al punto de que el país ya figura como el séptimo suplidor con tendencia a desplazar a Colombia.
Por otro lado, están dirigentes de la oposición que alegan que debe revertirse la medida toda vez que es una señal del gobierno de Nicolás Maduro de no querer avanzar en la dirección de unas elecciones presidenciales libres para 2024, con la prohibición adoptada contra Machado y que también incluye a los precandidatos Henrique Capriles y Freddy Superlano.
La decisión para la administración Biden pasa por considerar si revertir la flexibilización podría llevar a Maduro a una medida que implique la toma de las empresas mixtas que están bajo el control de Chevron o sencillamente deja las cosas como están a la espera de lo que ocurra con las primarias convocadas por la oposición para fines de octubre.
