La presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en Venezuela, que será desde ayer y hasta el miércoles 3 de noviembre es un hecho inédito que desata polémica en la sociedad, víctimas y organizaciones de derechos humanos que luchan porque se active una investigación internacional contra los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, señalados de ocupar el poder territorial e institucional del país.
Por Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA
El abogado británico acude al país tras aceptar una invitación de la Cancillería de Venezuela, y aunque su agenda no es pública, defensores de derechos humanos señalan que su objetivo será reunirse con el fiscal general, Tarek William Saab; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, magistrados y jueces para determinar si el sistema de justicia nacional tiene la voluntad y capacidad de investigar los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles e inhumanos, violaciones sexuales, torturas, persecución política y muertes de presos en custodia que se han registrado desde 2014.
Pero la alarma se enciende, cuando desde hace meses el Gobierno viene realizando cambios en el sistema de justicia para “maquillar” las violaciones sistemáticas de DD. HH.
“Ya pintaron la cárcel de Ramo Verde y El Helicoide. Por eso se intuye que el régimen pueda llevar al fiscal de la CPI a ambos sitios de reclusión, en donde a algunas celdas le están instalando aires acondicionados. Ya sacaron a presos políticos que les resultaran incómodos al oficialismo, ya reformaron un cúmulo de leyes, entre ellas el Código Orgánico Procesal Penal, descongestionaron una cantidad de cárceles, eliminaron las salas de tortura, se están haciendo excarcelaciones y ya Tarek William Saab maquilló todos los números de supuestas actuaciones de DD. HH. que ha realizado la fiscalía”, soltó Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público y actual asesor jurídico de la embajada de Venezuela en Colombia.
La abogada penal y coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, sostiene que las acciones del oficialismo, donde incluso han cambiado la legislación venezolana sin consultar al país, tienen la intención de desmoralizar a las víctimas de persecución y torturas, a familiares de jóvenes asesinados que han luchado porque se active la justicia internacional y se procese a la cadena de mando.
“El Estado como parte de su estrategia de defensa, está mostrando la mejor cara de los sitios de reclusión para hacer creer que no tortura a los presos. Sabemos que el fiscal, luego que la Misión Independiente de la ONU alertara en sus informes que la mayoría de jueces venezolanos son provisorios, sin autonomía porque son nombrados a dedo, ahora el oficialismo ha iniciado concursos para dar titularidad a jueces y fiscales. Pero ¿acaso la pintura fresca va a poder silenciar los gritos de dolor de las víctimas de tortura y de las madres a quienes les arrebataron sus hijos?, ¿acaso con que yo te ponga cinco expedientes sobre el escritorio o mil expedientes de supuestas investigaciones van a poder demostrar que están investigando la cadena de mando?. Porque la CPI no tiene competencia respecto a los actores materiales, lo que necesita es ver que se estén juzgando a los verdaderos responsables de esos crímenes”, exclamó.
Proceso largo
Desde febrero de 2018, la Fiscalía de la CPI avanza en un examen preliminar denominado Caso Venezuela I, el cual consta de cuatro fases: la primera fase transcurrió rápido. Fue la recepción de las denuncias de las víctimas, ONG y testigos de ataques sistemáticos cometidos en el país en el contexto de las manifestaciones políticas de 2017 que se analizó para determinar si estos hechos eran creíbles, verificables y de competencia de la corte.
En ese momento, la fiscal de la CPI era Fatou Bensouda, al haber iniciado el examen preliminar de oficio meses después se creó un panel de expertos de la OEA, que se entrevistó con las víctimas y testigos venezolanos y remitieron un informe a la fiscalía, en donde establecieron que los crímenes de lesa humanidad en Venezuela se cometieron desde 2014. Posteriormente, en septiembre de 2018, seis países signatarios del Estatuto de Roma: Argentina, Paraguay, Canadá, Colombia, Chile y Perú solicitaron a la CPI que prosiguiera con este examen preliminar.
La fase dos consistió en establecer la competencia material de la CPI, es decir, que esos hechos que ya se saben creíbles y verificables puedan ser juzgados por la corte. Esta fase duró hasta el 5 de noviembre de 2020, cuando Bensouda declaró a medios internacionales: “Existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la corte”.
El país se encuentra en la tercera fase que es de admisibilidad, según explica Tineo, la fiscalía tiene que determinar si el Estado venezolano tiene capacidad y voluntad de investigar los crímenes.
“Esta fase tiene que ver con si se cumple el principio de complementariedad, es decir, todas las instancias de derecho internacional y de justicia son complementarias, sólo si el Estado del que se trate no tiene la capacidad ni la voluntad de juzgar esos crímenes, puede actuar la justicia internacional. Se verifica revisando exhaustivamente el funcionamiento del sistema judicial, viendo si existe la legislación necesaria, las instituciones necesarias y si tienen capacidad material de juzgar y condenar esos crímenes. Si no lo tienen, entonces se concretaría esa fase y la corte pudiera iniciar una investigación formal”, refirió.
¿Quién es el fiscal Karim Khan?
Zair Mundaray, consultor jurídico de la embajada de Venezuela en Colombia, nombrado por el gobierno interino, informó a LA PRENSA que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, es un funcionario de altísimo nivel técnico, vinculado con causas justas, y siempre del lado de las víctimas.
“Es un experto en derecho penal internacional. Yo estoy absolutamente convencido que credenciales académicas y de independencia las tiene y sé también que tiene un equipo de primera línea que lo acompaña. Eso brinda seguridad. Él estuvo en el Tribunal Internacional para Yugoslavia, estuvo en el Tribunal Internacional para Sierra Leona, para Ruanda, en Líbano, es decir, casos gravísimos de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra, donde fue protagonista. No estamos hablando de un improvisado, Karim Khan ha estado en los procesos más importantes del mundo del lado de las víctimas”, contó.
Escenarios posibles
En el caso Venezuela, la presencia del fiscal del la CPI podría generar tres escenarios posibles. El primero es que tras reunirse con el oficialismo decida no pronunciarse enseguida y se dilate el examen preliminar. El segundo, es que puede ocurrir que se active la fase cuatro y se inicie una investigación penal contra los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad desde 2014 en el país. Y el tercer escenario es que deje en Venezuela fiscales de manera permanente para verificar que efectivamente las violaciones sistemáticas de derechos humanos se están investigando y hay voluntad de resarcir el daño a las víctimas.
“Uno de los escenarios posibles es que la dictadura cree que puede llegar a un acuerdo de entendimiento que le permita asesoría de la Corte Penal Internacional, ese es el mejor de los escenarios para ellos, porque esa asesoría está a largo plazo, los cargos son tan lentos que los puede alargar por años”, comunicó Mundaray.
“Una de las cosas que debemos lograr como sociedad civil es que mientras Maduro está en el poder no hay ninguna fórmula de separación de poderes, mientras Maduro esté en el poder hay un poder absolutista. El régimen no puede lograr un clima de independencia, cuando sabe que ese poder público e independiente por el primero que van es por ellos mismos”, sentenció.
