La Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría indagar sobre las muertes en el último mes de dos detenidos por presunta corrupción en la industria estatal petrolera y otras empresas del gobierno de Venezuela, si se reanudan las investigaciones de crímenes de lesa humanidad en ese país suramericano, consideran expertos.
Esta semana, el fiscal general y exgobernador del chavismo Tarek William Saab informó sobre la muerte de Juan Almeida, conocido por su cercanía con el exministro de Petróleo Tareck El Aissami e identificado como el hacker de alias “N33”, quien se encontraba bajo arresto domiciliario tras ser detenido por supuestamente estar involucrado en hechos de corrupción.
Según la versión de Saab, designado por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, Almeida falleció a consecuencia de una cirrosis hepática en estado terminal.
El hombre había sido acusado por el gobierno de Nicolás Maduro junto a 60 personas más, entre ellos jueces, políticos oficialistas, empresarios y “mujeres de la mafia”, de estar involucrados en un milmillonario desfalco a la estatal petrolera PDVSA y otras empresas propiedad del Estado venezolano.
Almeida es el segundo detenido por la presunta corrupción “PDVSA Cripto”, como la han identificado voceros oficiales como el presidente Maduro, que fallece en los últimos 30 días tras sus arrestos por agentes anticorrupción y de inteligencia.
Leoner Azuaje Urrea, un ingeniero que presidió la empresa estatal Cartones de Venezuela (Cartoven) desde mayo de 2022 hasta su arresto, a mediados de abril pasado, murió por presunto suicidio en una celda del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Según Saab, Azuaje Urrea se quitó la vida “por asfixia mecánica por constricción de cuello por ahorcamiento”, utilizando una sábana, solo 6 días después de su arresto.
Voceros de la oposición venezolana, como el ex presidente del Parlamento, Juan Guaidó, pusieron en duda la versión del fiscal Saab sobre un supuesto suicidio.
El diario Tal Cual publicó un reportaje donde fuentes del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Caracas identificaron hematomas en la parte media y baja del abdomen de Azuaje Urrea, así como escoriaciones en la región intercostal derecha y antebrazos, y “signos de tortura en la planta de los pies”.
Diversas organizaciones no gubernamentales exigieron una investigación independiente de la muerte del ex presidente de Cartoven.
Provea, una de las ONG defensoras de derechos humanos con mayor trayectoria en Venezuela, denunció que persisten “condiciones de reclusión que no garantizan la integridad y la vida de personas bajo custodia del Estado”.
El caso de Azuaje Urrea recordó la muerte del concejal Fernando Albán, del partido Primero Justicia, al caer de un décimo piso de la sede del SEBIN en Caracas.
Saab dijo inicialmente que se había suicidado, pero, en diciembre de 2021, dos agentes de inteligencia fueron condenados a 5 y 10 años de cárcel por haberlo asesinado y haberlo lanzado al precipicio. El caso fue denunciado en 2019 ante la CPI por la fiscal general que precedió a Saab, Luisa Ortega Díaz.
Investigación en suspenso
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional se encuentra desde hace meses a la espera de la respuesta a su solicitud de reanudar la investigación sobre la situación en Venezuela que hizo ante la Sala de Cuestiones Preliminares del organismo.
Esa instancia ordenó en noviembre de 2022 que se recabaran las opiniones de las víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad en el país suramericano sobre la petición del fiscal jefe, Karim Khan.
Hasta abril, 8.900 víctimas y 630 familias respaldaron “abrumadoramente” la reanudación de la investigación sobre Venezuela por parte del fiscal Khan, según informó su despacho.
De acuerdo con el informe de la fiscalía de la CPI, entre los potenciales crímenes que se mencionan están el asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, desaparición forzada, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual, desplazamiento forzado y persecución” de personas por parte de miembros del Estado venezolano.
Ahora, ¿una eventual reanudación de las investigaciones de esos delitos graves contra los derechos humanos podría poner la lupa de la CPI sobre las muertes de Azuaje Urrea y alias “N33” mientras se encontraban detenidos por el Estado?
Liliana Ortega, abogada y fundadora de una de las ONG defensoras de derechos humanos más antiguas de Venezuela, COFAVIC, remarca que la acción de la Fiscalía de la CPI “está paralizada” hasta tanto la Sala de Cuestiones Preliminares no decida sobre el recurso interpuesto por el gobierno venezolano.
“Hasta la fecha la fiscalía de la CPI no ha definido ningún caso individual y eso, de hacerse, es luego de que se reanude la investigación y si decide acusar formalmente” a individuos en presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en la nación suramericana, comenta la experta a la Voz de América.
Ortega advierte que “todos los casos ocurridos desde 2014 pueden ser objeto de investigación si se reanuda. No hay fecha de cierre” para las indagaciones, acota.
Patrón de impunidad
El caso de Azuaje Urrea podría entrar en investigación por parte de la CPI pues existen denuncias de sospechas de tortura contra el detenido, observa Carlos Lusverti, abogado y miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
La muerte más reciente, la de Almeida, alias “N33”, quizás posea menos elementos para su investigación por parte de la Fiscalía de la CPI por su condición de salud preexistente, dice.
Estos dos casos podrían quedar arropados por la falta de investigación de crímenes internacionales”
Carlos Lusverti, abogado, defensor de DDHH
“En el evento de que exista sospecha de tortura y que haya ausencia de investigación, podría ser un tema de interés relevante para la Fiscalía”, asegura en conversación con la Voz de América.
Según Lusverti, ese tipo de casos podría incluir “elementos de impunidad” que brinden más material de investigación al proceso sobre Venezuela por parte de la Fiscalía de la CPI.
El gobierno venezolano ha acusado al fiscal Karim Khan de actuar con parcialidad y de politizar su investigación, a pesar de haber firmado un memorando de entendimiento con él, y ha defendido las investigaciones del Estado para traer justicia a los casos denunciados.
