Los organismos policiales y militares del régimen de Nicolás Maduro ejecutaron a 824 personas durante el año 2022, así lo reveló el informe del proyecto Lupa por la Vida divulgado este viernes 31 de marzo.
Los datos fueron sustentados de acuerdo a una base de datos construida conjuntamente por la Fundación Centro Gumilla (Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) de la Compañía de Jesús en Venezuela) y la organización defensora de derechos humanos, Provea.
“El año 2022 se caracterizó por un alto número de privaciones arbitrarias de la vida por parte de funcionarios policiales y militares, los cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad de asesinato”, denunciaron las organizaciones.
El alto número de muertes evidencia “la continuidad de una política de Estado de violaciones masivas y, a su vez, sistemáticas al derecho a la vida”, alertaron.
Explicaron que “la impunidad estructural conlleva a que la casi totalidad de estos homicidios no se investiguen” y que dicha impunidad “es también una política de Estado”.
El informe manifestó que tampoco existe voluntad de adelantar investigaciones genuinas de los más altos responsables de los crímenes. Por el contrario, hay un respaldo institucional que reciben los funcionarios policiales y militares, por parte de altas autoridades y altos mandos, en el uso letal de la fuerza, obviando normas nacionales y estándares internacionales del uso progresivo y diferenciado de la fuerza.
“De este modo, se ha institucionalizado la acción deliberada de producir muerte”, denunciaron las ONG que conforman Lupa por la Vida.
