Una Corte de Nueva York afirmó la legalidad de los bonos Pdvsa 2020 y desestimó la discusión sobre su legitimidad en Venezuela, toda vez que la emisión de esta deuda se rige por ley de Nueva York. Para sustanciar su sentencia, la jueza Katherine Polk citó al exprocurador de Guaidó José Ignacio Hernández, cuando afirmó que la AN no declaró la nulidad del bono. En 2016, la AN solo rechazó el uso de Citgo como garantía del bono Pdvsa 2020, pero no declaró la nulidad de la operación. Luego, esta misma AN autorizó pagar 71 millones dólares de intereses vencidos y reconoció de hecho la legalidad de la deuda.
Si en septiembre de 2016 la AN hubiese declarado la ilegalidad de la operación, el país no estaría a punto de perder Citgo, un conglomerado de refinerías en Estados Unidos que cuenta con una capacidad de refinación de 745.000 b/d, 3.500 empleados que operan 48 terminales, 9 oleoductos y una red de 5.000 gasolineras, cuyo valor se estima en 8.000 millones de dólares y por eso está en la mira de los acreedores de Pdvsa que quieren cobrar –con cargo a las acciones de Citgo– lo que Venezuela les debe.
Por un lado están los tenedores del Bono Pdvsa 2020, a quienes se les debe 1.700 millones de dólares y se les ofreció como garantía el 50,1% de las acciones de PDV Holding, dueña de Citgo. Pero también está Crystallex, la minera canadiense que reclama una indemnización de 1.400 millones de dólares por la expropiación de la mina de oro Las Cristinas.
Recordemos que en Estados Unidos los abogados de Guaidó son los únicos que pueden actuar a nombre de la República de Venezuela porque es a él a quien la Casa Blanca reconoce como presidente interino. La Procuraduría especial de Guaidó introdujo una demanda de nulidad de los bonos que fue rechazada y la jueza Polk impuso a la junta ad hoc de Pdvsa designada por Guaidó, pagar los costos legales en los que incurrieron los acreedores al hacer tal demanda.
Todo esto revela el desacierto de actuar en las cortes estadounidenses apelando al marco legal venezolano, olvidando que la emisión de estos bonos se hizo con base en la ley de Nueva York. Por otra parte, la anterior decisión de la Corte Suprema de Justicia que desestimó la apelación solicitada por el procurador de Guaidó y ratificó la sentencia de la Corte Federal fue la consecuencia directa de la incapacidad de los abogados de Maduro y Guaidó para acordar una estrategia común en defensa de los activos de Pdvsa y de la República en el exterior.
¿Por qué Juan Guaidó en su condición de presidente de la AN no tramitó la anulación de esta obligación antes de que le dividieran el Parlamento? ¿Por qué los funcionarios de Maduro y Guaidó en vez de convenir una unidad de criterios en defensa del interés nacional se contradijeron ante la Corte? ¿Quién paga los costos de una demanda que era mejor no iniciar? ¿Quién responde ahora por los daños que se le causaron a los activos de la República y al patrimonio de la nación?
Irónicamente, Citgo está protegida por la Orden Ejecutiva 13.884 que impide el embargo de cualquier activo venezolano sin una autorización de la OFAC. Como esta orden impide el traspaso de activos venezolanos en territorio estadounidense, ni los tenedores del Bono 2020 ni Crystallex podrán cobrar la indemnización que reclaman con cargo al remate de las acciones de Citgo mientras esté vigente. La única manera de rematar las acciones es que los bonistas o Crystallex consigan un permiso especial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Los abogados de los acreedores y compañías que tienen cuentas por cobrar a Pdvsa y la República argumentan que una decisión del Poder Judicial, tomada por una Corte Federal y ratificada por la Corte Suprema, no puede ser quebrantada por una orden administrativa adoptada por una dependencia del Poder Ejecutivo como la OFAC. En el marco de esta tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial, en su momento el juez Stark declaró: “Ninguna orden o regulación del Poder Ejecutivo prohíbe a este tribunal avanzar en la determinación de cómo se venderán las acciones”. Esta postura ahora cobra fuerza con la decisión de la jueza Katherine Polk.
Esto quiere decir que la Orden Ejecutiva no garantiza que Citgo no será ejecutada. La venta de las acciones se hará cuando se levanten las sanciones o cuando la OFAC conceda una licencia para rematarlas y pagar lo que le están cobrando a Pdvsa y Venezuela. Dado el conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial de Estados Unidos en relación con el caso de Citgo, es probable que finalmente se impongan las presiones que representan los intereses norteamericanos y la OFAC finalmente conceda la licencia para rematar las acciones de la refinería.
Lo cierto es que la ejecución de Citgo ha entrado en cuenta regresiva y nada eficaz han hecho Maduro y Guaidó para evitarlo. Si no se ponen de acuerdo, Venezuela perderá Citgo cuando la OFAC conceda la licencia para que se rematen las acciones. Gobierno y oposición están emplazados a acordar una estrategia común para salvar Citgo. Desde hace tiempo se ha planteado solicitar a la ONU con carácter de urgencia una resolución para proteger de la rapiña de los acreedores los activos de un país que atraviesa por una grave crisis humanitaria.
Un antecedente es el caso Irak. Luego del derrocamiento de Saddam Hussein, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1483 para proteger los activos que Irak necesitaría para su reconstrucción. Sin embargo, con las últimas decisiones de las cortes estadounidenses pareciera que ya es muy tarde para promover una resolución semejante en la ONU.
Si se concreta el remate de las acciones de Citgo, este sería un lamentable desenlace para el interés nacional porque se perdería un importante activo que se necesitará para la reconstrucción del país. Y esto sería responsabilidad de las élites políticas venezolanas que fueron incapaces de ponerse de acuerdo para proteger los activos de Pdvsa y la República en el exterior.
@victoralvarezr
