Este jueves 17 de octubre la Organización de Naciones Unidas (ONU) quedó nuevamente en el centro de la polémica. Pese al esfuerzo que realizó gran parte de la comunidad internacional los días previos, el organismo eligió a Venezuela como integrante del Consejo de los Derechos Humanos.
Decisión, por lo menos, contradictoria. Para tomar dimensión de esto, cabe recordar lo que denunciaba meses atrás el propio organismo. En julio pasado, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, luego de visitar Venezuela, donde mantuvo reuniones privadas tanto con Nicolás Maduro como con Juan Guaidó, publicó un severo informe en el que denunció, entre otras cuestiones, que en el último año y medio el régimen chavista llevó a cabo cerca de 7.000 ejecuciones extrajudiciales. Y aclaró: la gran mayoría de esas muertes fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad chavistas.
El reporte de 18 páginas indicó que durante más de un decenio en el país caribeño se implementaron una serie de leyes y políticas que “restringieron el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial”. Bachelet también hizo foco en la crisis sanitaria y migratoria y advirtió que, de continuar la situación, aumentará el éxodo “sin precedentes de emigrantes y refugiados”, que ya supera los cuatro millones de personas.
En el mes de septiembre, la ex presidenta chilena amplió su informe y lamentó que el régimen de Maduro continuara con las ejecuciones extrajudiciales. Ante la 42a. sesión del Consejo de Derechos Humanos, señaló que el organismo que dirige “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país”. En su informe de julio, Bachelet había solicitado al chavismo “disolver” las FAES, el grupo de exterminio que persigue, tortura y asesina, a opositores, con el fin de “establecer un mecanismo nacional imparcial e independiente para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad”.
Sin embargo, nada de eso se cumplió. Por el contrario, la situación sigue igual -o peor-. Este jueves, mientras Maduro celebraba la “victoria” que su delegación había conseguido en la ONU, se confirmó el brutal asesinato de un nuevo dirigente opositor. Edmundo Rada fue ejecutado con dos tiros en la nuca y luego calcinado. “Fue asesinado por la dictadura (…) fue un mensaje de Maduro”, denunció Guaidó.
Frente a este contexto, y luego de que un organismo de la propia ONU acusara al régimen venezolano de violar sistemáticamente los derechos humanos, el principal interrogante que se desprende es cómo la ONU llegó a elegir a una dictadura para integrar su Consejo de Derechos Humanos. Pero lo cierto es que no es la primera vez que esto sucede. De hecho, el lugar que pasará a ocupar Venezuela por los próximos dos años lo deja vacante Cuba, su gran socio y aliado. Otros países como Libia, Siria e Irak, entre otros, también han tenido un lugar en la comisión, pese a sus constantes violaciones a los derechos humanos.
“Fue un mal día para los derechos humanos no solo en Venezuela, sino en el mundo. Y, a su vez, un pésimo día para la reputación del Consejo, que fue capaz de hacer ingresar a una narcotiranía como la de Maduro, que tiene un expediente horrible por crímenes de lesa humanidad elaborado por el propio Consejo de derechos humanos”, sostuvo, en diálogo con Infobae, Diego Arria, quien fue representante de Venezuela ante la ONU y presidente del Consejo de Seguridad, entre otros cargos.
El diplomático señaló que Cuba, China y Rusia fueron los que ayudaron al régimen a conseguir los votos necesarios: “La votación fue fundamentalmente lograda por Cuba, que tiene mucha experiencia y conocimiento del medio; se aseguraron que su sucesor sea Venezuela”. Recordó, además, que muchos países del Caribe durante años “fueron financiados por el chavismo”.
El régimen logró un asiento en el Consejo con el apoyo de 105 Estados miembros, mientras que Brasil retuvo su banca con 153 votos. Tercera quedó Costa Rica, con 96 sufragios, que recién hace dos semanas se postuló como candidata con el objetivo explícito de impedir que la dictadura se hiciese con un escaño. De hecho el anuncio realizado por su presidente, Carlos Alvarado Quesada, recibió un fuerte apoyo de gran parte de los países latinoamericanos y organizaciones de derechos humanos, como Human Right Watch (HRW). Pero el esfuerzo no alcanzó.
Arria calificó de “valiente y solidaria” la postulación de Costa Rica, y destacó la “activa” iniciativa de HRW, el Grupo de Lima y Estados Unidos, para que el país centroamericano se quedara con el segundo escaño para la región.
Milos Alcalay, otro de los reconocidos diplomáticos venezolanos, que también supo ser representante de Venezuela ante la ONU, consideró que “a pesar del esfuerzo y la solidaridad democrática, hay que hacer una autocrítica en el sentido de que la propuesta de Costa Rica se hizo muy tarde”. “Había dos puestos para América Latina, y estaban solamente dos candidatos: Brasil y Venezuela. Cuando se propuso a un tercer candidato ya era tarde, porque el régimen ya había avanzado en una serie de compromisos”, explicó a Infobae.
El diplomático detalló que el chavismo durante este año “fue labrando una serie de apoyos” y remarcó que, “una vez que esos respaldos se obtienen, es difícil cambiar el voto”.
Alcalay consideró que tanto el gobierno interino de Guaidó como gran parte de los países de la región que se oponen a la dictadura chavista, encabezados por el Grupo de Lima, debieron haber llevado adelante “una acción más contundente” para evitar la elección del régimen venezolano.
Tanto Arria como Alcalay hicieron hincapié en el actual sistema de votación, vigente desde hace décadas. Alcalay recordó que el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan (1997-2006), intentó -sin éxito- elevar el debate en el seno del organismo internacional sobre la elección de los países para el Consejo de Derechos Humanos.
“Es una vieja discusión de algunos de los miembros. Kofi Annan había visto los problemas que existían en el Comité de Derechos Humanos, donde normalmente los países que los violaban eran los que se sumaban para protegerse, como los casos de Libia, Irak, Siria, y Cuba. Es decir, pretenden utilizar ese espacio para protegerse de las acusaciones”, apuntó.
Para evitar esto, Annan lo que proponía era que los miembros del Consejo fueran aprobados por las dos terceras partes. “Esta propuesta no prosperó y se mantuvo la vieja, la de un país un voto”. En ese entonces, “los que más presionaron para mantener el viejo sistema fueron los que querían utilizar el Consejo de derechos humanos para protegerse”.
Alcalay indicó que estos países, como el caso de Venezuela en la actualidad, consideran que ocupar un lugar en el Consejo “es una especie de garantía, de seguridad, puesto que no quieren que los sienten en el banquillo de acusados”. Por ese motivo, opinó que es necesario trabajar con más profundidad en mecanismos diplomáticos para evitar este tipo de contradicciones.
Arria, por su parte, coincidió en que este caso “va a servir para que mucha gente conozca cómo funciona Naciones Unidas” y destacó dos particularidades: “En la votación de hoy, en la Asamblea General, votaron los 193 miembros, cosa que no sucede con frecuencia, no hubo una sola abstención”. “Sin la menor duda muchos países fueron conminados o contratados para estar presentes y votar”. Y agregó: “Si la votación hubiese sido pública muchos países no se hubiesen animado a votar a una narcotiranía, pero la votación fue privada”.
Ambos diplomáticos venezolanos criticaron el hecho de que el propio Consejo haya votado, por primera vez en América Latina, una comisión de representantes independientes para verificar las violaciones a los derechos humanos denunciadas por Bachelet en su informe, y luego incluya a ese país. Ante esta situación, Alcalay indicó que es necesario que la ONU “resalte su compromiso con la democracia y los derechos humanos”, ya que, según manifestó, por estas horas Maduro y sus ministros están utilizando esta designación “como un mecanismo de propaganda para hacer creer que en Venezuela no hay violaciones a los derechos humanos”.
El Consejo de Derechos Humanos se creó en 2006 para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos, suprimida tras 60 años de trabajos por la crisis de legitimidad en la que había caído por decisiones vistas como parciales, politizadas y desequilibradas.
Repudio internacional
La resolución del Consejo generó una masiva condena internacional, con Estados Unidos a la cabeza. “China y Rusia votaron por Nicolás Maduro en el Consejo de DDHH de la ONU. Farsa. Por eso necesitamos una Comisión del Departamento de Estado en Derechos Inalienables. Maduro está destruyendo intencionalmente los derechos humanos de todos los venezolanos”, escribió el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, en un comunicado titulado “La ilegítima elección del régimen de Maduro al Consejo de DDHH de la ONU”.
Brasil, que también fue elegido para formar parte de la comisión, aseguró que luchará para impedir que Caracas, como miembro del Consejo, pueda legitimar de alguna forma la dictadura de Maduro.
El gobierno argentino, por su parte, lamentó que “no se haya cumplido con el compromiso de la Resolución 60/251 de la Asamblea General que promueve la elección para el Consejo de países que respetan y aplican normas estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos”.
Colombia, en tanto, indicó que la elección de Venezuela “representa una afrenta directa al Consejo y deja en entredicho la legitimidad de este”. Chile se unió a los repudios y calificó la designación de Caracas como “una burla”: “No puede ser que un Gobierno que viola los derechos humanos (…) sea elegido para un cargo de esta naturaleza”.
Por Lucas Goyret / infobae.com
