Desde hace poco más de una década, y debido al descalabro de la industria petrolera y la caída del precio del barril de petróleo, el gobierno nacional concentró sus esfuerzos en la renovación del parque industrial aurífero para, en teoría, impulsar la producción minera y posicionarla como un salvavidas de la economía del país.
En 2012, el expresidente Hugo Chávez aprobó el Plan Estratégico para el Desarrollo Conjunto de la Faja Petrolífera y el Arco Minero del Orinoco, una nueva geopolítica nacional en la que el gobierno asumió el control de la explotación minera y sus actividades conexas.
En Gaceta Oficial N° 39.759, se promulgó el Decreto No. 8.413, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro.
Luego, en 2016, el presidente Nicolás Maduro, mediante el Decreto No. 2.248, ordenó la creación del megaproyecto Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco para el aprovechamiento de recursos en un área de 111.800 km2.
El modelo de negocio, ejecutado con la promesa de implementar una minería responsable con estándares de derechos humanos que organizara la pequeña minería, respetara al ambiente y desplazara al crimen organizado, tiene la figura de empresas mixtas y reserva al Estado venezolano al menos 55% de las acciones.
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