La campaña del gobierno de Nicolás Maduro por el referendo consultivo sobre el territorio Esequibo arrancó este lunes 6 de noviembre, en medio de llamados del chavismo a no politizar el tema, dudas por algunas de las preguntas planteadas para la consulta y el rechazo de algunos voceros políticos y de la sociedad civil.
Las dudas se plantean concretamente en torno a las interrogantes 3 y 5, también objetadas por el gobierno de Guyana, puesto que aunque no es un referendo con resultados vinculantes, algunos expertos señalan que pudiera tener alguna incidencias negativas en la disputa territorial y el juicio que actualmente se sigue en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El referendo se hará de acuerdo con el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE) el 3 de diciembre de 2023. Las opiniones se dividen entre ir a votar «sí» porque la defensa del Esequibo no admite diferencias políticas, los que llaman a votar pero por el «no» por el riesgo que encierran las mencionadas interrogantes y los que como el exrector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Luis Ugalde, prefieren abstenerse por considerar inccesaria este tipo de consulta.
¿Qué pasa con la pregunta 3?
¿Está usted acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? plantea la pregunta 3.
Consultado por Efecto Cocuyo, el internacionalista, Gerson Revanales, señaló que no es cierto que históricamente Venezuela no reconozca la jurisdicción de la CIJ, porque en tres oportunidades, afirmó, planteó acudir a ella.
La primera vez, mencionó, fue rechazado por el gobierno británico, luego Venezuela también se apoyó en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas para respaldar la vía jurisdiccional. En este sentido advirtió que se le está haciendo una pregunta a la población bajo una premisa falsa.
«Venezuela sí ha reconocido la jurisdicción de la Corte, eso que se dice en la pregunta no es verdad y el hecho de que se atiendan las citaciones de la Corte, que Delcy Rodríguez haya acudido (noviembre de 2022) para rechazar la demanda de Guyana para que se reconozca el Laudo y que tenga representación legal en el juicio que se sigue, quiere decir que sí reconoce la jurisdicción», sostuvo el embajador de carrera retirado.
La CIJ citó a Venezuela y Guayana el 14 de noviembre, luego de que Guyana solicitó medidas provisionales para que no se realice el referendo consultivo hasta que la Corte se pronuncie sobre el Laudo Arbitral. Con relación al juicio en curso, Venezuela debe entregar su contra memoria (argumentos), el 8 de abril de 2024.
«Independientemente de ese referendo, la Corte seguirá el juicio, los magistrados harán sus investigaciones pero no harán el trabajo de Venezuela. Si la representación de Venezuela se retira del juicio nos quedaremos sin derecho a apelación, seguiremos gritando que el sol nace en el Esequibo, pero Naciones Unidas y los países reconocerán la decisión de la Corte si es favorable a Guyana», agregó Revanales.
¿Es un cheque en blanco?
Para el también internacionalista, Lauren Caballero, votar sí en la interrogante número 3, es darle un cheque en blanco al gobierno para abandonar el proceso judicial ante la CIJ, lo que traería consecuencias muy negativas para la disputa territorial por cuanto la Corte se declaró competente y sus sentencias sí serían vinculantes para Venezuela.
«Es delicado que el gobierno traspase una responsabilidad de Estado al pueblo venezolano, sin primero, explicar las repercusiones de una respuesta negativa o positiva. Si los venezolanos responden que sí a esa pregunta número 3, le están dando al gobierno un cheque en blanco para que no asista a defender nuestros derechos ante la Corte y por consiguiente, la responsabilidad de no asistir allí, no sería del gobierno sino que sería de nosotros los que votemos afirmativamente allí», advirtió.
En entrevista con Globovisión, el experto en política internacional y democracia, subrayó que ante dicha pregunta, un ciudadano consciente de que el Esequibo es de Venezuela, votaría «No», puesto que el Ejecutivo tiene la responsabilidad, recalcó, de armar una defensa «sólida y blindada», para garantizar que Venezuela salga lo mejor parada de ese juicio, en lugar de atacar a la CIJ.
De hecho la Corte, que debe pronunciarse sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899 que adjudica a Guyana el territorio Esequibo, lo advirtió recientemente: «Según el demandante, el objetivo de este referéndum es obtener respuestas que respalden la decisión de Venezuela de abandonar el actual procedimiento ante la Corte, y recurrir en cambio a medidas unilaterales para “resolver” la controversia con Guyana anexando e integrando formalmente a Venezuela todo el territorio en cuestión».
Este 6 de noviembre, el primer vicepresidente del partido de gobierno (Psuv), Diosdado Cabello argumentó la falta de imparcialidad, como excusa para desconocer la jurisdicción de la CIJ. Aseguró que la sentencia contra Venezuela «ya está lista», porque los magistrados también fueron en el pasado, abogados de las trasnacionales petroleras que quieren explotar recursos en el Esequibo.
¿Cuál es el riesgo de la pregunta 5?
¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio, que incluya entre otros, otorgamiento de la ciudadanía, cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?, es la interrogante número 5.
«También estaríamos entregándole al gobierno un segundo cheque en blanco para acometer acciones ilegales, desde el punto de vista del derecho internacional, en un territorio que lamentablemente, producto de la farsa arbitral de 1899, no administramos de manera soberana como debería ser», alertó Caballero.
Revanales indicó que también es irresponsable consultar a la población sobre una medida como anexar la zona en reclamación como un estado más, lo cual advirtió, no se va a poder concretar en la práctica a menos que sea por la fuerza militar. En este sentido subrayó que ningún país ni organismo reconocerá la soberanía venezolana sobre un territorio tomado por la fuerza.
«¿Será un estado virtual? ¿Solo se quitarán las rayitas al mapa o implica que entrarán con los tanques al territorio? ¿Es lo que está detrás de esa pregunta? ¿Será como cuando Husein invadió Kuwait para anexarlo o una especie de estado palestino? Un estado no se puede crear sin soberanía y una población asistida y por el solo hecho de decretarlo, la controversia territorial no será resuelta», dijo.
Tanto Cabellero como Revanales coinciden en que la solución es defender el territorio Esequibo en la Corte, con un buen equipo de juristas y expertos con una estrategia definida, por lo que no se justifica que se deje en manos de los venezolanos esa responsabilidad con un referendo.
«La CIJ decide con base a las pruebas que se le presenten, ajustada al derecho. Si no se le presentan esas pruebas, si la defensa es débil, entonces puede decidir contra Venezuela», apuntó el embajador.
