Las fuerzas militares de Venezuela, que han expresado “lealtad” al presidente Nicolás Maduro, hasta ahora han sido clave para su estabilidad. Mientras, la oposición les pide defender los resultados electorales que probarían la voluntad de los venezolanos hacia una transición democrática.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció esta semana cambios en la cúpula militar del país, incluyendo sus servicios de contrainteligencia e inteligencia política, en medio de llamados de la oposición a que la institución armada respalde lo que califica como «una transición democrática» y reivindique los resultados de la disputada elección presidencial, que asegura haber ganado.
Expertos en ciencias militares y su influencia en la política y los gobiernos en América Latina analizan estos movimientos: para algunos, las Fuerzas Armadas venezolanas siguen siendo un factor de estabilidad del gobierno -Maduro prevé jurar para un tercer mandato en enero de 2025-, mientras que, para otros, ningún actor tiene la «llave» para activar una transición en medio de un escenario complejo e incierto tras la votación del pasado 28 de julio.
Los cambios anunciados recientemente incluyen movimientos en el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los servicios de inteligencia y contrainteligencia del Estado venezolano que, según entes internacionales, están implicados en la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de la elección presidencial.
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Maduro ratificó al general en jefe, Vladimir Padrino López, con 10 años en el cargo, y a otros altos miembros de las fuerzas armadas, una institución que, dijo, le ha manifestado “lealtad y apoyo incondicional”, y ha advertido que actuará con “contundencia” para preservar el orden interno en todo el país.
De acuerdo con el mandatario, la decisión de oficializar los cambios ahora y no el 5 de julio, Día de la Independencia de Venezuela, como es costumbre para este tipo de anuncios; se debe a que el país estaba en ese entonces a las puertas de las elecciones presidenciales, enfrentado además a supuestos actos de conspiración y ataques del “fascismo”.
Un factor decisivo
Los cambios en las cúpulas militares también ocurrieron un día después de que la líder opositora María Corina Machado volvió a instar a las fuerzas militares y policiales de su país defender los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que la oposición se atribuyó la victoria y denunció fraude.
Consultado por la Voz de América sobre el rol de las fuerzas armadas en Venezuela, Andrei Serbin, analista internacional especialista en asuntos de defensa, comparte la idea de que son “el factor decisivo” para una transición, no sólo por su “capacidad de ejercicio de la violencia y controlar, por ende, cualquier escenario de transición”, sino porque están involucrados con “sectores esenciales” del país suramericano.
“Pensar en una transición sin ellos es muy difícil y por eso la cuestión ha sido a partir de qué momento ellos ven que es más ventajoso ser partícipes y controladores de un proceso de transición, o simplemente continuar sosteniendo el régimen”, expone Serbin, también presidente de CRIES, una red de centros de investigaciones económicas y sociales en América Latina.
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Para Víctor Mijares, especialista en derecho y política internacional, es “muy difícil” establecer que algún actor en particular, puntualmente la fuerza militar, pueda convertirse en un factor determinante para el poder.
Dice notar en Venezuela el mismo sistema político y militar diseñado e implementado en «otros regímenes autoritarios» del mundo, particularmente aquellos del norte de África y Oriente Medio.
«Tenían que ver precisamente con crear un sistema en donde los militares no tuviesen autonomía y que no tuviesen capacidad de golpes de Estado”, como los que Maduro dice enfrentar constantemente, explica.
Mijares, profesor y coordinador de la maestría en Estudios Internacionales de la Universidad de Los Andes (Uniandes), en Colombia, y codirector de Strategos, Observatorio de la Seguridad Global, cree que si algún grupo pudiese tener incidencia directa para desencadenar algunos procesos, este estaría “más cercano” a las agencias de inteligencia y contrainteligencia.
“Son clave. No son los únicos que pueden generar un cambio, pero, de tomar algunas decisiones de apoyos políticos en esas instancias, sí podría motorizar» una posible transición de poder», señala. «Lo veo como un mecanismo con múltiples cerraduras, en una cadena muy enmarañada, en donde además incide la criminalidad tanto organizada como no organizada”, amplía en su análisis.
¿Cambios inusuales?
Mijares opina que es difícil establecer las razones por las que Maduro anunció las reestructuraciones en este momento, a dos meses de jurar para un nuevo mandato de 6 años, pero sí valora como «poco usual» que haya modificaciones de mando en un contexto «tan crítico» en organismos «cruciales” para sostener al gobierno, como inteligencia y contrainteligencia.
Consultado por VOA, estima que “pareciera” coincidir con los llamados de la líder opositora, María Corina Machado, a las fuerzas militares y policiales. En ese clima, “empieza a generar algunas sospechas, algunas dudas con respecto a la cohesión interna, pero no se puede afirmar que esto sea una señal inequívoca de que algo se está moviendo”, opina.
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Serbin, por su parte, considera que pueden existir “algunas fisuras” en la FANB, pero no considera que los recientes cambios sean anormales.
En muchos casos, dice, el mayor indicio será dónde terminan “aterrizando” las figuras que fueron removidas de sus cargos, es decir, si son “desplazadas” o “reacomodadas” para seguir gestionando -o no- la dinámica oficial.
“Es un ejercicio muy efectivo dentro de las Fuerzas Armadas con la capacidad de inteligencia interna, que permite ir identificando y eliminando disidencias”, argumenta.
¿Por qué apoyan a Maduro?
La Constitución venezolana proclama al presidente del poder ejecutivo como comandante en jefe de las fuerzas armadas, que deben estar ajenas a toda militancia política. Sin embargo, la oposición ha denunciado por años que el chavismo ha implicado a la institución en roles proselitistas.
En las últimas tres décadas, partes de las fuerzas militares han actuado contra el poder político nacional en al menos 2 oportunidades en el país suramericano: en 1992, cuando el exteniente coronel Hugo Chávez Frías encabezó una fallida intentona contra el presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez; y en abril de 2002, cuando el ya presidente Chávez fue depuesto por poco más de 1 día, antes de retornar al poder.
Antes de las elecciones, cerca de la mitad de los más de 200 presos políticos en Venezuela eran militares, según diversas oenegés locales. Luego de las protestas por los resultados electorales, la cifra de detenidos por razones políticas escaló a más de 1.900, de acuerdo con la oenegé Foro Penal.
Hoy, según expertos como Mijares, uno de los factores que puede explicar el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al presidente Nicolás Maduro pasa por la cooptación mediante prácticas de corrupción.
Insight Crime, un centro de pensamiento que aborda el crimen organizado y la seguridad ciudadana en la región, ha asegurado en sus investigaciones que el gobierno venezolano está cimentado en un sistema de gobernanza “híbrida” en la que “redes de crimen organizado reparten rentas ilícitas con funcionarios de alto nivel”, entre ellos fuerzas de seguridad, y al mismo tiempo, “ejercen control social y territorial en sus áreas de influencia”.
A inicios de este año, un tribunal estadounidense condenó a 21 años de prisión a Cliver Alcalá, un general retirado venezolano que ocupó altos cargos durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, por suministrar armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El año pasado, el exjefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo ‘El Pollo’Carvajal, que rompió filas con el gobierno de Maduro, fue extraditado desde España a Estados Unidos, señalado de, entre otros delitos, “conspiración de narcoterrorismo”.
Represión y violaciones a DDHH
Mijares estima que la implicación de las fuerzas de seguridad en actos de represión los vuelve susceptibles a mantenerse «vinculados» al aparato de gobierno, pues serían responsables de graves violaciones a los DDHH, como las denunciadas por la Misión Internacional para Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, que no prescriben.
Además, afirma que muchos militares podrían temer que el organismo de contrainteligencia militar pueda acusarlos y convertirlos en enemigos del Estado, poniendo en riesgo su libertad, vida o la de sus familiares.
Serbin, por su lado, indica que las fuerzas armadas “siguen pensando que Maduro es sostenible y es el que mejor resguarda sus propios intereses», en referencia a quienes lideran los diversos componentes castrenses.
“En el momento que vean a Maduro como ‘no sostenible’ es que se abre la ventana de oportunidad para que ellos sean parte de ese proceso de transición” que invoca la oposición tras la elección de julio, apunta.
Maduro anunció esta semana que ordenó “fortalecer y recuperar el bienestar” de los soldados, admitiendo que se han visto afectados por, según dijo, las sanciones extranjeras y la “pérdida de ingresos nacionales”.
Desde 2015, Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja que ha impactado negativamente sobre la calidad de vida de los habitantes del país, incluyendo los miembros de las fuerzas de seguridad.
El gobierno lo atribuye a las sanciones impuestas por Estados Unidos, pero sectores de la sociedad civil aseguran que la crisis es preexistente.
