«Las ONG que operan en nuestro país tienen que ver exclusivamente con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización», declaró Diosdado Cabello en la última sesión de la Asamblea Nacional electa en 2020, el 24 de enero.
Bajo este argumento, presentó el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamientos de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y afines, el cual fue aceptado en su primera discusión.
De aprobarse esta ley, todas las organizaciones civiles sin fines de lucro deberán inscribirse en un registro obligatorio, en el que deberán brindar toda la información correspondiente a su administración y financiamiento, así como sus benefactores. De no cumplir con los requerimientos exigidos, las autoridades tendrán la potestad de imponer diferentes sanciones como multas de hasta 12.000 dólares, e incluso la disolución inmediata de la organización.
Para Cabello, muchas organizaciones reciben financiamiento de países como Estados Unidos, con el fin de apoyar a los partidos opositores en su lucha política. Esto al grado de supuestamente participar en planes de sabotaje y terrorismo contra el régimen de Nicolás Maduro. Incluso mostró una lista de 62 ONG que, a su juicio, están involucradas en ese tipo de hechos.
Estos señalamientos han provocado una fuerte preocupación en organismos como Amnistía Internacional, el cual se declaró en alerta ante la posibilidad de que se censure e ilegalice a las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.
Esa misma inquietud es compartida por las ONG venezolanas. El director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, declaró a El Diario que para la redacción del proyecto de ley ninguna organización conocida fue consultada. Considera que su propósito, lejos de garantizar la transparencia de sus finanzas, parece escrito con el fin de neutralizar la labor de estos grupos.
Especialmente los más incómodos para el régimen, como los defensores de derechos humanos. Una opinión en la que más tarde coincidieron los representantes de otras ONG activas en diferentes áreas.
El proyecto de ley establece, en su artículo 15, cuatro prohibiciones que las ONG deberán acatar para operar en Venezuela. Las dos primeras apuntan que no podrán involucrarse en actividades políticas ni recibir recursos destinados a partidos. Tampoco podrán permitir o promover «actuaciones que atenten contra la estabilidad de la República y sus instituciones» ni cualquier otro acto vedado por la legislación venezolana.
Un aspecto que la mayoría de las organizaciones resalta es la ambigüedad con la que se expresa el concepto de «actividad política en la ley«. Himiob señala que en regímenes autoritarios esto suele hacerse así a propósito, para que estén abiertas a la libre interpretación de los funcionarios y tengan un amplio margen de maniobra al momento de sancionar.
Una opinión similar tiene Misle González, representante de Espacio Público, una organización dedicada a la promoción del derecho a la libertad de expresión. Alertó que lo que hace más peligrosa a la ley es que pretende estigmatizar no solo el trabajo de ONG dedicadas a la movilización ciudadana y la documentación de irregularidades cometidas por el Estado. También afecta a aquellas dedicadas a labores humanitarias y que, en ciertas situaciones, pueden incomodar al poder al evidenciar sus fallas, haciendo que sean tachadas como políticas.
«Esta interpretación mete a todas las organizaciones en un mismo saco, cuando todas las organizaciones de la sociedad civil buscan trabajar con derechos humanos. Aunque cada una desde su área y no todas lo ejercen desde el ámbito político«, afirma.
Esta facultad que permite la ley para actuar a discreción de lo que se considere o no político. También constituye una violación del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. Así lo cree Alberto Kabbabe, director general de Alimenta la Solidaridad. Esta ONG, creada en 2016, precisamente nació como una iniciativa ciudadana para atender la crisis alimentaria en comunidades vulnerables.
«Lo que vimos en la sesión de la Asamblea Nacional pareciera que lo que busca es que al ciudadano venezolano no se le permita participar ni asociarse en los temas políticos del país, algo que muchos hacen a través de organizaciones no gubernamentales«, expresó.
Si bien la ley afirma en su artículo 4 que el Estado venezolano garantizará la participación ciudadana y la libertad de asociación, también la condiciona a cumplirse estrictamente «bajo la supervisión, auditoría y control de las autoridades competentes«.
Sin embargo, las ONG coinciden en que este principio se contradice con el artículo 15, que condena todo tipo de actividad política. Entendiendo la política como la capacidad humana para tomar decisiones que beneficien al colectivo y contribuyan a su desarrollo.
«Lo público es político. Cuando tenemos un hueco en la calle, que es un problema de todos, si el gobierno actúa o deja de actuar, es una decisión política. Y si los ciudadanos se organizan para reparar ese hueco, también es algo político. Y eso es básicamente lo que hacen las ONG: reunirse y organizarse para solucionar problemas que los gobiernos no logran dar«, explica González.
