La representación legal de la República, ha presentado –este 17 de junio– tres nuevos argumentos ante la Corte de Delaware, a través de los cuales se identifican las razones por la cuales el Gobierno Legítimo de Venezuela se opone a cualquier posibilidad de que Crystallex International pueda ejecutar el embargo de las acciones de PDV Holding Inc. (PDVH), cuya única propiedad es CITGO Petroleum Corporation (CITGO). Con esta acción, avanzamos para defender y preservar a CITGO –nuestro principal activo en el extranjero– del riesgo que enfrenta producto de las irresponsables políticas de expropiación y endeudamiento de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Por: CCN
Luego de que Hugo Chávez expropiara en 2011 la mina de oro Las Cristinas, y con ello los derechos contractuales de Crystallex, esta decidió demandar a la República en el año 2016, ante el CIADI del Banco Mundial, ganando un laudo por un monto cercano a 1.200 millones de dólares; y posteriormente en 2017, ante una corte del estado de Delaware en Estados Unidos. La irresponsabilidad de Nicolás Maduro de no defender los bienes de Venezuela ante cortes internacionales, puso en inminente peligro la propiedad de nuestros activos en Estados Unidos.
En agosto de 2018 Crystallex logró obtener un embargo preliminar sobre CITGO en la Corte de Delaware. A pesar de que había medios de defensa, el régimen de Maduro se apresuró a firmar una transacción fraudulenta, reconociendo el reclamo de Crystallex y pagando más de 400 millones de dólares, sin control de la Asamblea Nacional.
Adicionalmente, luego del primer fallo de la Corte de Delaware en 2018, Nicolás Maduro, actuando nuevamente en contra de los intereses de los venezolanos y a espaldas de la legítima Asamblea Nacional, presentó un documento confidencial en el que propuso vender CITGO como forma de pago de una deuda adquirida por ellos de manera irresponsable.
Es fundamental resaltar que cuando el Gobierno Legítimo fue formalmente reconocido, se recuperó y tomó el control de las filiales de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, así como el liderazgo en la batalla legal para su defensa. De inmediato se apeló la decisión de la Corte de Delaware y, a partir de ese momento, todos los esfuerzos del Gobierno Legítimo han estado enfocados en adelantar todas las acciones legales para tratar de salvar los activos que la dictadura comprometió de forma tan irresponsable.
Nuestros argumentos presentados, ante la Corte de Delaware, son claros y precisos:
– Hoy Venezuela está representada por el Gobierno Legítimo que lidera el Presidente (E) Juan Guaidó, y este respeta y defiende la independencia que existe entre la República y las empresas del Estado. Por lo tanto, no puede cobrarse una deuda de la República con una empresa jurídica que es diferente y autónoma como PDVH.
– Estamos presentando la vigencia de la protección emitida por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, prohibiendo que ningún acreedor pueda embargar activos de PDVSA, ratificando así la protección de PDVH y por ende de CITGO; protección que se logró gracias a las acciones del Gobierno Legítimo, en nuestro afán por agotar todos los recursos para preservar los activos de la Nación.
– Se está presentando una moción ante la Corte del Distrito de Delaware, ante el ya mencionado Juez Stark, que permite a los abogados que representan a la República en el juicio, solicitar la inejecución de la sentencia.
En este sentido, como Gobierno Legítimo, queremos ratificar de manera responsable que en el escenario de que el Juez de la Corte de Delaware no acepte los argumentos que hemos presentado, aún CITGO estaría protegida debido a que cualquier embargo y/o potencial venta judicial que se pretenda contra un activo de Venezuela en Estados Unidos, requiere –necesariamente– la emisión de una licencia de la OFAC.
Adicionalmente a estos argumentos, se le ha manifestado al Juez de la Corte de Delaware, que si los mismos no fueran suficientes para mitigar el desastre legal que dejó Maduro como legado, y no haya más opción que presentar un hipotético proceso de venta de acciones de PDVH, en todo momento deben respetarse y cumplirse las leyes del estado de Delaware que obligan a que el proceso sea conducido por el deudor, se maximice el valor del activo y únicamente se pueda liquidar una parte de este valor para compensar la deuda, asegurando así que este activo siga estando en manos de la nación venezolana. Algo que Maduro nunca consideró cuando irresponsablemente no se participó en el juicio y cuando estuvo dispuesto a usar a CITGO como forma de pago de su deuda.
Desde el Gobierno Legítimo queremos ratificar al pueblo de Venezuela nuestro compromiso con la defensa de CITGO. Con nuestro equipo de abogados y con el apoyo de nuestros aliados internacionales continuaremos buscando los caminos y las acciones que nos permitan proteger este activo para el pueblo de Venezuela. Activo que hoy no sería de los venezolanos si el régimen siguiera controlando CITGO y en sus manos estuviera su defensa. Nos enfrentamos a una situación de extrema complejidad en la que CITGO fue empeñada por el régimen y luego permitió que los litigios avanzaran hasta el punto en el que nos encontramos hoy, pero sepa todo el pueblo de Venezuela que no descansaremos en nuestro esfuerzo por buscar estrategias, acciones e iniciativas que permitan que CITGO y todos los activos del pueblo sigan siendo de la nación venezolana para que juntos podamos superar la crisis humanitaria y restablecer la democracia en nuestro país.
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