La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, dio inicio al Programa de Formación Avanzado en Materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, iniciativa que lleva adelante el primer vicepresidente del TSJ y coordinador nacional de la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, magistrado Edgar Gavidia Rodríguez, en ejecución del Memorándum de Entendimiento (MOU) suscrito con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el cuál se materializa a través de la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM)., ente del Poder Judicial venezolano encargado de la capacitación de los jueces y juezas del país, y que beneficiará a cerca de 200 administradores de justicia y otros funcionarios judiciales de cuatro entidades federales del país.
La Presidenta del máximo juzgado expresó palabras de satisfacción por la concreción de esta iniciativa académica, que se desarrollará durante 20 semanas en 124 horas académicas, y que en esta primera experiencia incluye a funcionarios y funcionarias de los estados Aragua, Miranda y La Guaira, así como el Distrito Capital. «Doy la más cordial bienvenida a todos los y las participantes de este programa. Sabemos del interés que el tema y el curso ha traído, por lo que le damos muchísimas gracias a todos por el esfuerzo que realizan para ser cada día mejores profesionales», manifestó.
Por su parte, el también presidente de la Sala de Casación Social, magistrado Edgar Gavidia Rodríguez, quien además es el coordinador nacional de la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, indicó que este primer curso de formación avanzado será un plan piloto que esperan muy pronto extender por todo el país, para que beneficie no solo a funcionarios y funcionarias judiciales sino incluso a abogados y abogadas en ejercicio, pues – dijo – la materia de niñez y adolescencia «es de amplio interés. Es una materia delicada y sensible. Estamos hablando de nuestros niños, de nuestro futuro, son las nuevas generaciones a las que tenemos que proteger permanentemente».
El Dr. Guillermo Blanco Vázquez, magistrado emérito y director general de la ENM, explicó a los presentes el contenido del programa, el cual se desarrollará con actividades sincrónicas y asincrónicas, en seis módulos de actividades teórico-prácticas. Afirmó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a partir del artículo 75, consagra derechos sociales y de familia, a partir de los cuales se propició un desarrollo que se ha traducido en la instalación en todo el país de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, que, según expresó, tienen un esquema extraordinario de funcionamiento.
Asimismo, participó el representante de Unicef en Venezuela, Sr. Abubacar Sultán, quien manifestó su agradecimiento al Poder Judicial por desarrollar este novedoso programa de formación, pues es la mejor evidencia del compromiso que tiene el Estado venezolano para con el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. «La Lopnna es una obra de arte en términos legislativos», manifestó el funcionario, y reiteró que Unicef seguirá comprometido y a la orden para seguir trabajando en conjunto con el Poder Judicial venezolano y con los demás integrantes del sistema de justicia para fortalecer la oportuna atención a la niñez y adolescencia del país.
En la actividad estuvieron presentes además la segunda vicepresidenta del TSJ y presidenta de la Sala Constitucional, magistrada Tania D’Amelio Cardiet; el presidente de la Sala de Casación Civil, magistrado Henry José Timaure Tapia; el presidente de la Sala Político Administrativa, magistrado Malaquías Gil Rodríguez; la presidenta de la Sala de Casación Penal, magistrada Elsa Janeth Gómez Moreno; la Oficial de Protección de Unicef en Venezuela, Delia Martínez, mientras que desde el Estado Plurinacional de Bolivia intervino vía telemática la Dra. María Gracia Morais de Ramírez, abogada y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, quien será la docente del primer módulo del Programa de Formación Avanzado, así como los servidores y servidoras judiciales que mediante videoconferencia iniciaron su participación en el programa educativo.
