El inminente restablecimiento de las relaciones entre Bogotá y Caracas tiene un lado negativo en el actual contexto económico. Los agricultores temen que el sector sufra aún más porque no podrían competir con los precios de los productos colombianos.
Prensa de Lara | Ana Uzcátegui
«Si el gobierno de Maduro abre la frontera sin tomar en consideración la realidad económica de Colombia y Venezuela, esa acción puede terminar siendo una tragedia para los agricultores criollos, porque no habrá manera de competir con los precios de los alimentos del vecino país, cuando allá hay una inflación anual que ronda el 10% y en Venezuela es de 139%, la tercera más alta del mundo».
Así lo considera Fernando Camino, expresidente de Fedeagro y coordinador nacional de Productores y Emprendedores de Un Nuevo Tiempo.
Precisó que Venezuela registra la inflación de alimentos más elevada de Latinoamérica, porque los costos de producción son afectados por el alza del tipo de cambio; por los períodos de escasez de combustible; por las fallas en los servicios públicos y la cantidad de coimas que tienen que pagar los productores a organismos de seguridad en alcabalas al trasladar su mercancía.
«El crecimiento económico que está registrando el país se debe al leve aumento de la producción petrolera. El sector agrícola apenas está produciendo el 20% de las necesidades alimentarias de los venezolanos», destacó.
El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) señala que la economía del país podría crecer este año 12%. ¿Ese crecimiento se percibe en el sector agrícola?
Ese crecimiento que proyecta el OVF se da por los precios del petróleo. La producción de crudo aumentó tímidamente, en diciembre de 2021 era de 500 mil barriles diarios ahora es de 700 mil barriles diarios. Pero el sector agrícola nacional no percibe ese crecimiento porque el consumo sigue cayendo por el deteriorado poder adquisitivo de los venezolanos.
¿Cuál es el balance que tiene de los cultivos del ciclo de invierno?, el más importante de Venezuela porque se cultivan arroz y maíz.
Los datos de producción no los tenemos todavía porque la cosecha empieza en septiembre. Lo que tenemos son las hectáreas sembradas. Hubo un leve aumento del 25% de hectáreas sembradas en maíz, se cultivaron unas 250 mil hectáreas. El arroz se mantiene en 40 mil hectáreas. Pero lo importante es que esa cosecha llegue a los silos para saber si aumentó la productividad por hectárea y la calidad. Hay un problema y es que en el campo se mantiene la escasez de combustible. Además, hay un deterioro de la vialidad agrícola y a eso se le suma las coimas y matraca con la emisión de las guías de movilización.
¿Cómo se logró ese leve aumento en la producción de maíz si la cartera de crédito apenas es de 500 millones de dólares?
Se logró porque hay un sector de los productores que tienen músculo financiero para autofinanciarse y están organizados. Se movieron a tiempo, el Gobierno les permitió importar el fertilizante, tienen capacidad para importar agroquímicos. Pero eso no representa a la mayoría, esa solvencia la tiene el 10% del sector, los demás hacen una agricultura de sobrevivencia.
¿Cómo está el sector de hortalizas?
Afectado por los altos precios. El problema es el consumo que está en picada. Una persona que tiene un ingreso mínimo de 20 dólares no puede acceder a una canasta alimentaria que cuesta 470 dólares. Ni siquiera los empleados del sector privado que en promedio gana 200 dólares al mes. Se está produciendo en hortalizas el 20% de lo que se producía en 2012, y es suficiente para abastecer el mercado por los niveles de pobreza.
¿Qué expectativas hay del restablecimiento de relaciones comerciales con Colombia?
Eso nos puede ayudar con la importación de insumos, pero si esos convenios económicos permiten la libre importación de alimentos con Colombia, el sector productivo venezolano está liquidado. Porque, cómo tú compites con la producción de Colombia que incluso, con excepción del sector ganadero, los costos son más baratos que en Venezuela. Si esa apertura de la frontera viene con convenios para liberar los aranceles de importación sin tomar en cuenta la realidad inflacionaria de este país será una tragedia. Colombia produce sus fertilizantes, se abastece de agroquímicos, nosotros no, lo acaba de decir Fedeagro, Pequiven no está produciendo nada, y Agroisleña que producía el 90% de los agroquímicos la destruyó el régimen, entonces eso hay que sopesarlo, porque no podemos estar en las mismas condiciones. Además, Colombia tiene una inflación anual de dos dígitos y nosotros de tres.
El embajador de Irán en Venezuela informó que la noticia de la entrega del millón de hectáreas que iba a ceder Venezuela al régimen de ayatolá era falsa, pero generó todo un revuelo. ¿Bajo qué términos se pueden atraer inversiones extranjeras para aumentar la producción agrícola de manera legal?
Estas inversiones se pueden hacer sin violar la Constitución si se hacen bajo un régimen de concesión. Igual hay experiencias como la explotación petrolera de la Faja del Orinoco, donde están participando empresas trasnacionales con cuantiosas inversiones.
El gobierno de Irán ha firmado convenios con el gobierno de Venezuela por 20 años. La mayoría en materia petrolera. ¿Cómo evalúa usted el avance que Irán está teniendo sobre Venezuela?
Desde hace años Venezuela ha mantenido convenios con Irán y la mayoría han sido proyectos fracasados. Está el caso de una planta de cemento que tenían que construir en 2007 y esa obra no se terminó, sólo hubo movimiento de tierras. Es decir, no hemos tenido una buena experiencia.
Pero realmente no nos oponemos a la inversión extranjera, lo que queremos es que esos convenios se hagan con transparencia.
¿Qué se debe tomar en cuenta para brindar seguridad jurídica en el sector agrícola?
Primero, esas empresas que se van a crear bajo el convenio comercial Venezuela-Irán, no deben crearse bajo sociedades con empresas del Estado, porque toda empresa que administra el Gobierno las ha quebrado. Deben asociarse con productores nacionales de forma paritaria. Segundo, si estamos haciendo un aporte de tierras que son de todos los venezolanos, la población debe participar porque esas tierras no son del Gobierno ni son del Instituto Nacional de Tierras (INTI). La otra cosa es que no podemos convenir y ceder las tierras para proyectos de más de 10 o 20 años. Proponemos enfáticamente que si viene la inversión sea para cultivos de ciclo corto, como cereales, oleaginosas y leguminosas.
¿Cómo ve usted el desempeño que han tenido empresas como Agropatria, Lácteos Los Andes y algunos centrales azucareros del país administrados por empresarios privados bajo la Ley Antibloqueo?
A esas «privatizaciones» no se les ve el queso a la tostada. Porque Lácteos Los Andes no ha aumentado la producción. Los centrales azucareros continúan con el mismo desastre que tenían cuando estaban directamente manejados por el Gobierno, porque también hay mucha opacidad en relación con esos acuerdos. No se sabe si a esas empresas las vendieron, las arrendaron.
Por ejemplo, el caso de los centrales azucareros, son 10 centrales en manos del Gobierno, en manos de estos empresarios aliados al régimen, y bueno el 90% de la zafra de este año la procesaron los seis centrales azucareros que están en manos del sector privado.
¿El Gobierno está devolviendo tierras y fundos expropiados en Venezuela? Hasta ahora, sólo se conoce la devolución del Sambil de La Candelaria.
Ningún predio agrícola ha sido devuelto ni se ha negociado la devolución con sus verdaderos propietarios. Lo que tengo entendido y es una cosa preocupante y es que se acaba de anunciar una especie de comité de tierras que va a asesorar al INTI, imagínate.
Esos comités van a tener más de mil voceros, los voceros de los consejos comunales, de las comunas. Entonces, yo creo que eso va a volver a perturbar las relaciones entre el Gobierno y el sector privado.
¿Para qué han servido las reuniones de empresarios con el Gobierno?
El fruto de esas reuniones no se ha visto porque se sigue irrespetando la propiedad y siguen las invasiones, sobre todo en los predios ganaderos. Se mantiene la política de precios, hay escasez de combustibles, no hay financiamiento agrícola porque el BCV establece un encaje legal de 73%. No hay ningún tipo de apoyo tecnológico ni de acompañamiento para el sector de pequeños y medianos productores. Tenemos los mismos problemas de siempre.
¿Qué leyes se deben derogar o modificar en Venezuela para que los agricultores tengan seguridad jurídica?
La Ley de Tierras tiene puntos buenos, se puede reformar o se puede hacer un estudio a fondo para derogar esta ley y crear otra que sea para el desarrollo y un estímulo de respeto a la propiedad privada. La Ley de Pesca completamente hay que derogarla, porque esa es una ley centralista, una ley que tiene unos visos ilegales por cuanto antepone la ideología del Gobierno al precepto de la producción nacional. La Ley de Bosques y Tierras hay que hacer una profunda reforma; la Ley de Crédito Agrícola hay que reformarla, entonces hay muchas leyes que hay que reformar en ese sentido.
