Una auditoría que supuestamente se practica en Pdvsa, División Boyacá, habría descubierto la venta del terreno donde se encuentra una casa quinta desvalijada, lugar que durante muchos años vivieron los gerentes de la empresa petrolera de esta zona de país. Esta revelación armó un escándalo en Barinas.
De la negociación se dice que estuvieron funcionarios del municipio Barinas y un inversionista de origen árabe, por el orden de los 80.000 dólares.
Todo se inició con unas conversaciones a finales de 2021 y supuestamente la transacción se concretó a mediados de 2022.
Tras el descubrimiento del despojo del terreno a Pdvsa, fue ordenado el traslado a la Fiscalía del Ministerio Público, de los funcionarios vinculados al negocio, entre ellos: Robert Molina, abogado y consultor jurídico de la alcaldía de Barinas, Eudis Márquez, presidente del Concejo Municipal, y Jesús Fernández, abogado y Síndico Municipal.
Aunque no hubo quien dejara constancia fotográfica y en video, el pasado lunes, una comisión policial mixta llegó a la Alcaldía del municipio Barinas y escoltaron hasta la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, a los tres altos funcionarios administrativos para que explicaran aspectos relacionados con esta negociación.
De la casa quinta de Pdvsa
Ubicada en la avenida Orlando Araujo con avenida Adonay Parra Jiménez, sector Campo La Mesa, la quinta propiedad de Pdvsa, albergó al gerente de la empresa petrolera y a su familia durante el tiempo que ocupara el cargo.
Era una residencia de lujo. Tenía cancha de basquet, áreas verdes hermosas, bien iluminada y toda pintada de blanco. Por años fue un lugar de ensueño.
Con el chavismo todo cambió. En tiempos del ingeniero César Vallejo, que culminaba su período gerencial en Pdvsa de Barinas y Apure, daba paso a Francisco Jiménez, quien no quiso ocuparla, y entre ambos decidieron acondicionarla y cederla a la Misión Ribas para su funcionamiento, dijo una fuente consultada.
Durante el tiempo de las guarimbas, la sede fue víctima de ataques, que el régimen chavista le endilgó a la oposición. Otros aducen la destrucción de parte de quienes pretendían eliminar documentos que evidenciaban irregularidades.
La negociación
Si bien el terreno es considerado “ejido” y propiedad municipal, este fue cedido a Pdvsa que le dio la utilidad correspondiente.
Según se pudo conocer, no procede un nuevo uso o disposición del inmueble, sin antes haberse dado un acuerdo entre las partes, que permitiría resarcir el primer otorgamiento, explicó a lapatilla.com un especialista en materia de terrenos.
“De ninguna forma, un funcionario municipal, independientemente de su investidura, tiene autoridad para resolver una nueva utilidad que no sea pública, y para llegar al último paso, se debe cumplir un protocolo administrativo que no ponga en dudas la legalidad”, agregó.
En este caso, la venta tiene un fin privado, que tampoco cumplió con lo legal, porque aseguran funcionarios que no quisieron identificarse, no fue objeto de presentación, discusión y aprobación en la Cámara Municipal de Barinas.
Entre las hipótesis que manejan conocedores de trámites municipales, los involucrados en la negociación pudieron haberlo hecho a través de la Oficina de Tierras o utilizando acta de sesiones antiguas de la Cámara Municipal, forjando una orden del día e incluyendo el punto de venta del terreno, apelando a lo que otros llaman “un día fantasma”.
Los presuntos responsables
Robert Molina, abogado y actual consultor jurídico de la Alcaldía del municipio Barinas. Es un funcionario de alta confianza del alcalde chavista Rafael Enrique Paredes.
Eudis Márquez, presidente del Concejo Municipal de Barinas, desde enero de 2023. En el ejercicio fiscal anterior fue presidente de la Comisión de Ejidos, y antes de ser electo concejal, fue director de Ordenamiento Territorial.
Jesús Fernández, abogado y actual Síndico del Municipio Barinas. Proviene del Central Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora (Caaez). Su antecesor en la sindicatura fue Alexander Camacho, hoy alcalde chavista del municipio Alberto Arvelo Torrealba.
