En Venezuela continúa la falta de transparencia sobre los resultados de la gestión pública, lo que impide la ejecución de políticas públicas alineadas con los derechos humanos, así lo denunció Rafael Uzcátegui, Coordinador General de PROVEA, durante su intervención en el 52º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Uzcátegui advirtió que el régimen de Nicolás Maduro sigue difundiendo cifras irreales sobre su gestión, como la producción del 94% de los alimentos del país, mientras que mecanismos de la ONU informan que el 74% de los alimentos son importados.
Estas cifras engañosas reflejan una realidad preocupante en cuanto a la transparencia en la gestión pública
En nombre de PROVEA (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Uzcátegui destacó la importancia como muros de contención frente al autoritarismo de los mecanismos de la ONU: la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado.
Además, Uzcátegui hizo un llamado de libertad para Javier Tarazona, defensor de derechos humanos que lleva más de 600 días detenido tras denunciar abusos, así como para Gabriel Blanco, un trabajador humanitario que permanece recluido junto a 5 trabajadores sindicales: Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo; detenidos por cargos de conspiración y asociación para delinquir.
La situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo objeto de preocupación por parte de los organismos internacionales, quienes han reiterado la violación a la libertad de expresión, prensa, reunión pacífica, independencia judicial, derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales.
En su reciente Actualización Oral, el Alto Comisionado, Volker Türk, informó que su oficina sigue documentando detenciones arbitrarias en Venezuela.
Türk denunció que los defensores de derechos humanos y periodistas continúan enfrentando ataques, intimidación y criminalización por su trabajo.
Mientras que la Misión de la ONU advirtió que los constantes ataques y la represión generalizada por parte del chavismo continúa acechando a la población, deteniendo a los actores de la sociedad civil por motivos políticos, sofocando las protestas sindicales y cerrando medios de comunicación.
