El expresidente catalán Carles Puigdemont ha vuelto a su residencia en Waterloo (Bélgica), tras llegar a Barcelona el pasado martes, participar en un evento con sus seguidores este jueves, y burlar el operativo policial que tenía que detenerle, una serie de eventos que salió como éste «lo había planificado» previamente.
En declaraciones a la radio RAC1, el secretario general del partido independentista Junts per Catalunya, Jordi Turull, explicó que había «cenado» con el líder de su formación en Barcelona, y relató que Puigdemont llegó de incógnito a la capital catalana con al menos dos días de antelación al acto que este jueves se realizó en el centro de la ciudad, tras siete años huido de la justicia española.
Gonzalo Boye, el abogado del expresidente catalán, afirmó por su parte este viernes que «todo fue» como Puigdemont «lo había planificado» previamente: «El no venía a entregarse, venía a luchar», dijo en declaraciones a radios catalanas, en alusión a su participación y posterior huida pese al dispositivo policial.
Según Boye, está previsto que Puigdemont se dirija de nuevo a sus seguidores entre hoy y mañana.
El abogado afirmó que el expresidente «siempre ha estado a disposición de la justicia», pero que «se le persigue por unos hechos que están amnistiados por una ley que un juez no quiere aplicar». En ese sentido, celebró que esté «libre», y opinó que se le acabará aplicado la amnistía «más pronto que tarde».
El líder independentista pronunció este jueves un discurso de unos 5 minutos ante unas 3.500 personas a escasos metros del Parlamento catalán, donde se celebró el debate de investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente regional.
Tras su breve participación, Puigdemont se escabulló entre la multitud y huyó en un coche, tras lo que la policía regional desplegó durante horas una operación con controles en las carreteras de toda Cataluña, pero no lograron localizarle.
El expresidente catalán tiene vigente una orden nacional de arresto por parte del Tribunal Supremo español, que ha rechazado amnistiarle por el delito de malversación por los gastos del referéndum de 2017.
El ministro de Justicia del Gobierno español, Félix Bolaños, señaló este viernes que el operativo policial de ayer era «responsabilidad» de la policía catalana, el cuerpo de seguridad «competente» tanto para garantizar la normalidad del pleno como el cumplimiento de «los mandatos que había hecho el Supremo, porque son y actúan como policía judicial», afirmó en unas declaraciones desde París.
El ministro consideró que el paso del expresidente catalán por Barcelona fue «un episodio que nada puede aportar a la sociedad catalana».
Por su parte, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena solicitó sendos informes a la policía catalana y al Ministerio del Interior español sobre el operativo policial planificado para arrestar ayer en Barcelona a Puigdemont y «sobre los elementos que determinaron su fracaso».
Llarena, que ratificó la vigencia de la orden de detención, quiere saber ahora cuál fue el operativo policial aprobado y desplegado, quiénes eran los agentes responsables de su diseño, aprobación y ejecución y cuáles fueron las razones de su «fracaso», «desde un aspecto técnico policial».
El líder de la oposición en España, el conservador Alberto Núñez Feijóo, exigió este viernes la comparecencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el «cese fulminante» de los ministros de Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, respectivamente, por su «negligencia» en el operativo policial y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
EFE
