Nadie está a salvo en el régimen venezolano, ni siquiera aquellos incondicionales de la llamada revolución bolivariana. El arma más infalible que ha usado Nicolás Maduro es el uso de la administración de justicia contra todo aquel considerado irreverente, adversario o enemigo político.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
Ahí priva la mayor corrupción, porque la justicia deja de ser ciega para adaptarse a los intereses de quien la controla. Lo demuestra la liberación de los gerentes petroleros Aryenis Coromoto Torrealba Barrios y Alfredo Marcial Chirinos Azuaje, a quienes se les judicializó, junto a otro grupo de personas, porque denunciaron corrupción en PDVSA; los tribunales actuaron de inmediato y encarcelaron a quienes se atrevieron a empañar la administración del entonces poderoso e intocable Tareck El Aissami.
En una de esas sórdidas maniobras que dejan ver la fea cicatriz que le queda a la justicia, y en medio del escándalo por la corrupción en Patróleos de Venezuela (Pdvsa), el Tribunal que mantenía a los petroleros encarcelados, emite libertad plena a Torrealba y Chirinos con un remiendo desastroso, porque en lugar de rectificar lo amañado del juicio que realizaron, dirían que “cumpliendo órdenes de arriba”, declaró su libertad por pena cumplida.
Todo jefe en la autollamada revolución tiene sus presos. Así lo hace Maduro, Diosdado y lo hacía El Aissami; el delito común es Traición a la Patria y Asociación para Delinquir, y ahora cualquier elemento relacionado a Terrorismo, después le agregan otros para demostrar a la víctima que pueden aplastarlo por cualquier lado, sin que valga prueba alguna de defensa. Ahí está un grupo de fiscales y jueces dispuestos a enviar el mensaje que más se ha repetido entre los presos políticos: “Mejor asuma los hechos y en lugar de 25 años, le dejó 15 y si no hace mucho ruido se lo dejo en 8″, dicen funcionarios que juegan con la libertad y la vida como si negociaran el precio de las verduras.
En el caso de la pareja Torrealba y Chirinos, identificados con la autollamada revolución, la estrategia adicional fue destruir su imagen ante los militantes del chavismo, por eso los señalaron de ser “corruptos, espías de la CIA (Agencia de Inteligencia de EEUU) e integrantes de una banda criminal”.
Petroleros Vs Saab
Ya el cóctel de desprecio estaba distribuido entre las redes de información de las salas situacionales y los medios de propaganda del Gobierno, con las palabras claves, que también usan contra periodistas de medios libres: espía, CIA, dólares, traición. Eso es suficiente para que nadie en PDVSA ni fuera de ella, saliera a defenderlos. Solo algunos grupos de izquierda dentro y fuera del país se desgañitaron gritando en favor de los gerentes y sindicalistas petroleros. El grito llegó a los oídos sordos de la dirigencia en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y a los de la justicia en Venezuela que, a conveniencia, se quita la venda de los ojos y se taponea los oídos.
La alta dirigencia del país, diputados, gobernadores, alcaldes, nadie de la cúpula del chavismo giró instrucciones para defender a los petroleros; paralelo a eso ha existido una inmensa campaña en defensa de Alex Saab, preso ahora en EEUU. La ironía es que mientras Torrealba y Chirinos trabajaban para contrarrestar las sanciones estadounidenses y, en 2018 y 2019, acudieron al Ministerio Público para denunciar hechos de corrupción en la estatal petrolera, se les preparaba una celda. Y el Gobierno desplegaba abundantes recursos económicos, comunicacionales y diplomáticios para defender a Alex Saab, quien se ha hecho millonario vendiendo alimentos de baja calidad a los venezolanos, como lo han demostrado varias investigaciones.
Jueces y fiscales ignoraron las razones por la que los petroleros judicializados insistieron en no permitir que zarparan buques de exportación sin que hubiesen pagado a la estatal petrolera; muchas de esas empresas eran de maletín y estaban relacionadas a funcionarios del régimen venezolano.
Es así como los jueces de Terrorismo Carol Bealexis Padilla Reyes de Arretureta y Macsimino Márquez, y el juez de juicio Antony Fernández, no solo son responsables de haber condenado a los petroleros sino que también son responsables de haber impedido avanzar a quienes denunciaban el desfalco de Pdvsa y con ello evitar daños al patrimonio de la nación.
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