Luego de las primeras detenciones por agentes de la Policía Nacional Anticorrupción, las redes se intoxicaron con todo tipo de especulaciones sobre el paradero de Tareck El Aissami. Corrieron sin freno especies tales como que habían ametrallado en Maiquetía un jet con el que pretendía abandonar el país; que EEUU había interceptado en algún lugar del Atlántico un jet Bombardier fletado para ponerlo fuera del alcance de Maduro; otros aseguraron que el hombre ya se encontraba en Siria, al amparo del mandamás Bashar al Assad.
También sacaron del baúl un video de octubre de 2022, en el que el exministro de Petróleo aparecía haciendo ejercicios, para desmentir las consejas sobre su salud que en ese momento poblaban los chats de WhatsApp.
El Aissami no ha contribuido en mucho a mitigar tantos rumores. Luego de su renuncia por Twitter, el 20 de marzo, ha optado por guardar silencio. Nada de apariciones en público. Mientras tanto, en la calle, crece la expectativa sobre lo que el gobernante venezolano decidirá para él.
Y no quepa la menor duda: el futuro de quien fuera conocido en las pesquisas policiales como Tango Alfa no lo determinará el fiscal impuesto por la extinta Constituyente. Ese solo ejecutará lo que le dicten desde Miraflores, tal y como él mismo lo reconoció el 19 de marzo, luego de recibir la primera camada de detenidos.
Mientras tanto, el exministro permanece en una exclusiva urbanización, construida en la calle interna de Fuerte Tiuna hacia la alcabala 6, que sale a Cumbres de Curumo. Allí, en una ladera de la gran unidad castrense, erigieron 14 viviendas para la cúpula del oficialismo con posterioridad a la crisis política de abril de 2002. Una de estas casas fue asignada a El Aissami.
Una fuente militar indicó que el hombre goza de relativa libertad. En otras palabras, no está preso. Se le ve por los corrillos de Conejo Blanco. Pero su movilidad es restringida. Desde la semana pasada, no goza de la escolta que antaño lo protegía.
Poco a poco, Tango Alfa es despojado de los signos que tradicionalmente ostenta el poder venezolano. Hay quienes ven en este caso un proceso similar al que alguna vez transitó Elías Jaua, el dirigente surgido de las filas de Bandera Roja que en 2013, poco después de la muerte de Hugo Chávez, fue calificado por El País de España como el tercer hombre más poderoso del país. Hoy pocos lo recuerdan, y él espera mejores momentos, inmerso en una trinchera académica.
Pero El Aissami y Jaua difieren en un punto fundamental: el excanciller no tiene juicios pendientes en Estados Unidos. Mientras tanto, el criminólogo graduado en la Universidad de Los Andes es quizá el hombre con más casos penales abiertos en los juzgados norteamericanos. Hay uno por facilitación al tráfico de drogas, otro por su presunta pertenencia al mentado Cartel de los Soles, un tercero por intentar eludir las sanciones implantadas por el Departamento del Tesoro (junto a Joselit Ramírez, el ex de Sunacrip) a punta de aviones repletos de dólares, y hay un cuarto caso en el que lo involucran en una «conspiración narcoterrorista» contra Washington. Este es el mismo expediente por el que fue acusado el exparlamentario Adel El Zabayar.
Una acusación que se basa en una extensa denuncia formulada por el agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Matthew Passmore, que aporta detalles sobre un viaje de El Aissami a Irán y Siria, junto al entonces zar de la Inteligencia venezolana Hugo Carvajal, en 2009. En ese tiempo, El Aissami estaba en el ministerio de Interior. En Siria, indica el documento, «El Aissami propuso que personal de Hezbollah viajara a Venezuela para trabajar con las FARC».
El interlocutor de El Aissami era Ghazi Nasr al Din (Naserredine, en otros reportes), señalado por el Tesoro como representante para Venezuela de la organización armada surgida en Líbano. Este hombre, indica la denuncia, entregó tres rifles a El Aissami, como recuerdo de la visita a Damasco. Y el entonces ministro regaló uno de ellos a Carvajal.
El exdirector de Contrainteligencia Militar (ahora preso en España) confirmó los detalles de este encuentro a un periodista del New York Times. Le mostró el pasaporte con los sellos de entrada a ambos países, además del rifle que le entregó su compañero de viaje. En la acusación, se refiere que el jefe de la inteligencia militar venezolana se oponía al traslado de militantes de Hezbollah a Venezuela, pero que Maduro (entones canciller) «favorecía el antagonismo contra EEUU».
Si la denuncia del agente Passmore es verídica, no es difícil entender por qué el actual mandatario no permitirá que El Aissami salga de Venezuela. Quizá las cuestiones de drogas y lavado de dinero no le importen demasiado. Pero él sabe que, luego de los ataques a las Torres Gemelas, EEUU no perdona a quienes han respaldado a organizaciones calificadas de terroristas. En esto hay un acuerdo entre republicanos y demócratas.
Cuando «el Pollo» fue detenido en Aruba, a petición de EEUU, el oficialismo se unió como un todo para lograr que fuese devuelto al país. Esa vez tuvieron éxito, pues en 2014 Venezuela todavía gozaba de mecanismos para presionar a una economía endeble como la de la isla, valiéndose de la llamada «diplomacia petrolera». Ahora, si Tango Alfa fuese apresado en una escapada furtiva, difícilmente habría algún medio para evitar que sea trasladado al territorio norteamericano. Sobre El Aissami, valga recordarlo, pesa una recompensa de 10 millones de dólares.
Maduro no ordenará poner tras las rejas a su exministro y exvicepresidente. El momento para esta decisión ya pasó. Por ahora, lo mantendrá a la vista, muy cerca. Y mientras tanto, avanzará en la operación para cortar todos sus tentáculos.
Breves
-Los casos de Hugbel Roa, Joselit Ramírez y otros 40 individuos detenidos a partir del 17 de marzo hacen que la gente se pregunte si fue ahora que el régimen descubrió la verdadera magnitud del saqueo a las arcas públicas. En esta materia, como en otras tantas del área de seguridad, prevalece en el Gobierno el criterio de selectividad. Hay una pequeña corrupción que los órganos del Estado parecieran dispuestos a combatir. Por ejemplo, el 1 de abril la delegación municipal El Llanito de la policía judicial inició una averiguación ante la denuncia de una mujer, que señaló a empleados del Distrito Sanitario ubicado en La Urbina por haberle solicitado mil bolívares a cambio de la emisión de dos certificados de nacimiento. Eso probablemente lo investigarán. En 2022 las distintas policías iniciaron 162 expedientes por presunta corrupción. Las denuncias versan generalmente sobre cuestiones cotidianas: la presunta venta de bolsas de sangre en un hospital de Barinas, la emisión de un registro de cadáveres en el Cementerio General del Sur, la desaparición de un expediente en un juzgado civil de Caracas y, desde luego, la venta de pasaportes en oficinas del Saime. Esto solo por mencionar algunos casos. Todos ellos, sumados, no abarcan ni siquiera una pequeña fracción de los ilícitos asociados a la administración de Petróleos de Venezuela y otras dependencias como Cadivi, que han sido investigadas en el exterior, desde hace por lo menos 12 años. La organización Transparencia Venezuela ha identificado 146 casos de corrupción y delitos asociados, como por ejemplo el pago de sobornos, ventilados en tribunales de 25 países. Todos ellos suman aproximadamente 64 millardos de dólares, casi seis veces el presupuesto nacional de 2023. Estos expedientes fueron el centro de numerosos trabajos periodísticos. A esta corrupción, que vino de las entrañas del propio oficialismo, solo la tocan cuando tienen el agua hasta el cuello.
-La división de Familia de la Corte Suprema de Justicia de Trinidad y Tobago emitió un veredicto que pone en evidencia las fallas recurrentes del gobierno trinitario a la hora de afrontar casos que involucran a menores de edad, víctimas de tráfico de personas y explotación sexual. El fallo fue emitido por la juez Nirala Bansee-Sookhai a propósito del caso de una adolescente venezolana, rescatada el 15 de abril de 2022 junto a otros 11 menores por agentes del Departamento de Investigación Criminal de Arima, una localidad a 30 kilómetros al este de Puerto España. El 19 de abril, la venezolana adquirió el estatus de menor con necesidades de cuidado y protección. Como no tenía familiares directos en la isla, el Estado asumió su custodia. Pero en la realidad esto se tradujo en que ella permanecería en un albergue, sin cuidados psicológicos y en un ocio permanente. Eventualmente, observó la juez, esta joven llegó a estar recluida en un mismo espacio con mayores de edad. Al ser entrevistada en mayo, ella contó que fue convencida de viajar a Trinidad por una antigua vecina, quien le indicó que en esa isla podría ganar dinero con facilidad, y que se trataba de «un lugar hermoso y prometedor». Un buen día, abandonó su casa en Venezuela, sin avisar a su mamá. Tomó un bote que zarpó de La Barra (Delta Amacuro) a Moruga Beach, una localidad al sur de la isla. «Apenas llegó a Trinidad —indica el reporte— a la niña le dijeron que debía 14.000 dólares trinitarios, para cubrir el costo del viaje». Esta cantidad equivale a 2.100 dólares estadounidenses. Entonces, esta adolescente fue obligada a trabajar como «acompañante». Así pudo cancelar lo adeudado. E inmediatamente, se mudó a la vivienda donde residía un primo. Después de la operación policial, esta venezolana manifestó su deseo de regresar a su país. Pero luego cambió de opinión, y actualmente la propia justicia trinitaria supervisa las acciones del Ejecutivo en este caso.
